Valle Nuevo, historia de intrigas ambiciones y luchas

La ocupación y explotación indiscriminada de importantes extensiones de tierra en la zona geográfica de Valle Nuevo está cargada de una apasionante historia de intrigas, ambiciones de poder, presiones políticas, engaños, pleitos entre familias, corrupción, falsificaciones y un entramado de mil artimañas que se remonta a un siglo.

Los Mera, Guzmán-Ares, los Bermúdez y los Robles fueron cuatro de las grandes familias que a mediados del pasado siglo se constituyeron en los principales ‘dueños’ de las tierras de Valle Nuevo. Hoy, descendientes de varias generaciones de esas familias -algunas profundamente divididas- y otros que han ‘comprado’ y explotan tierras en la zona, reclaman el ‘derecho de posesión’ y bregan contra las autoridades por continuar la explotación de ese territorio, declarado área protegida.

Las versiones de propiedad son más por tradición que por titularidad. Por ejemplo, ‘la tierra de los Mera’ la gente las deslinda por apreciación, por lo que los lugareños saben ‘de boca en boca’ desde sus antepasados.

Enterrado en una montaña de documentos de la época y escuchando historias, episodios y cuentos que corren de generación en generación, se llega a la conclusión de que muchas de las propiedades que hoy se siguen reclamando son fruto de eso: la tradición de los lugareños y sus familiares, ninguna sustentada en documentos jurisdiccionales, ya que los que lograron en algún momento, les fueron cancelados por sentencias no revocadas.

Cuatro familias, que explotan igual número de empresas en las tierras de Valle Nuevo, alegan ser propietarios de unas 450,000 tareas  -los Mora, los Guzmán-Ares, Aguayo y Villamán- enfrentan la decisión de las autoridades de Medio Ambiente que han fijado plazo -apoyado esta semana por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para iniciar el desalojo de las tierras bajo régimen de área protegida como medida para la protección de la mayor fuente acuífera de la nación. De los ríos que nacen en la cordillera se alimentan los acueductos de Bonao, Constanza, Padre las Casas, Santo Domingo y los sistemas de regadío Marco A. Cabral, Nizao-Najayo, Ysura y Caballero, principalmente. Pero, esa ‘propiedad’ de gran parte de las tierras que componen Valle Nuevo, de poco más de 900 kilómetros cuadrados y que hoy es reclamada por cuatro familias y sus empresas que dicen poseer unas 450,000 tareas, está amparada en títulos puestos en dudas, luego de pasar por tantas manos, sentencias de tribunales jurisdiccionales y de tierras, así como los ‘rodajes’ de linderos, uno de los episodios, que en 1926 y bajo la decisión unilateral de Manuel Pimentel, abrió las compuertas a las pugnas entre jefes de familia y descendientes que ahora reclaman ‘derechos de dueños’.

Hurgando en la profusa documentación -muchos de cuyos originales y copias están en manos de prestigiosos bufetes de abogados, como Álvarez Valencia, Morel Cerda, los Castillo–, se llega a la conclusión de que quizás la única propiedad poseedora de título sin discusión legal son las alrededor de 250 tareas que desde los ‘70 ocupa el ingeniero Andrés De Backer Dubreil, en cuya área se levantan las antenas repetidoras de la generalidad de las estaciones de radio y televisión así como de las comunicaciones militares.

Fue la ambición de posesión y riqueza del dictador Rafael L. Trujillo que marcaron, en 1956, un antes y un después de la ocupación y explotación de las tierras en Valle Nuevo, en lo alto de la Cordillera Central y sus colindancias de cuatro provincias -San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y Azua- y no fue hasta ahora, 60 años después, en el 2016, cuando se ha tomado lo que parece ser una decisión definitiva de preservar esta zona, reservada  como vital fuente acuífera del país.

Para agenciarse el negocio y las propiedades pero sin que figuraran bajo su nombre, Trujillo dispuso la entrega de titulación de propiedades y permisos de explotación a las familias Guzmán, los Mera, los Bermúdez y los Robles, al tiempo que el dictador fue sacando de la zona a otras familias que explotaban las tierras, como los Kelly y los Durán.

Y es esta fecha, 1956, que toman de punto de partida las familias que actualmente reclaman la ‘propiedad’ de esas tierras, aunque un legajo de decisiones del Tribunal de Tierras y de estamentos judiciales provinciales cancelan documentos que en su momento consignaran lo que fueran ‘títulos de propietarios’.

De ahí, entonces, que la legalidad de las propiedades que por muchos años han explotado, con aserraderos, siembras de árboles maderables, diversos rubros agrícolas y hasta ganadería, queda ‘en el aire’ cuando se va a la realidad que presentan los documentos oficiales.

Apasionantes relatos
Cuentan los documentos y los cotejos de las historias que conforman la tradición en toda esta tierra, que ya desde 1913  las familias de los Kelly, los Lagares, los Durán, los Victoriano, explotaban ganado en las zonas de La Nevera y La Lechuza. La gran mayoría eran hombres y mujeres blancos, ojos azules y claros, pero que las luchas por la tierra se inicia en 1926, cuando Manuel Pimentel se agenció ‘correr’ los linderos que ‘parcelaban’ todo el gran valle, tomando como referencia la carretera Constanza-Ocoa, quedando las ‘propiedades’ de José Delio Guzmán al lado izquierda de la vía, mientras los predios de los Mera, los Bermúdez y los Robles, a la derecha.

Fueron años de intensas luchas de intereses, intrigas, litigios judiciales, enemistades, enfrentamientos violentos en ocasiones, hasta que esos títulos, obtenidos por el ‘corrido de linderos’ propiciado por Pimentel en el 1926, fueron cancelados en 1946 por el Tribunal de Tierras, pero las familias que detentaban esos predios continuaron su explotación, principalmente con los aserraderos.

Hubo atentados, fuegos forestales intencionales, enemistades y alianzas coyunturales, toda una historia digna de una novela histórica

Fue entonces, en 1956, que Trujillo se interesó por ese ‘negocio’ .

Cuentan que José Delio Guzmán, enterado del ‘interés’ del ‘Jefe’, lo invitó a la zona y recrean las historias que Trujillo quedó tan ‘encantado’ del extenso bosque de pinos y las bellezas de la región, que pasaba horas cabalgando por montañas y el gran valle.

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CIERRES DE ASERRADEROS, PAGOS Y DESALOJOS
A lo largo de todo este escabroso historial de un siglo, los presidentes Joaquín Balaguer (1966-78), Salvador Jorge Blanco (1982-86), Hipólito Mejía (2000-02), Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012- ), han tomado decisiones de Estado en torno a las propiedades y la explotación de las tierras de Valle Nuevo.

En 1972, Balaguer dispuso por decreto y el respaldo militar, el cierre de los aserraderos en las montañas de la cordillera y el valle, generando un serio enfrentamiento con familias tradicionales, principalmente de la región del Cibao y específicamente de Santiago.

En los ‘80, el entonces presidente Jorge Blanco, acorralado por las presiones por un lado de familiares de su esposa, los Mera, y de otro, representantes de poderosas familias de Santiago, como los Guzmán-Ares, que reclamaban propiedad y derechos de explotación, declaró gran parte de la región como área protegida.

La situación fue retornando y en el 1993, el entonces presidente Balaguer designó como director de Foresta a Francisco Amaro Guzmán, bajo la orden de “parar el daño ecológico que está teniendo lugar en la reserva científica de Valle Nuevo”. Amaro Guzmán desalojó, de entrada, a 391 familias, en las localidades de Montellano, El Convento, El Castillo y La Siberia, y desmanteló cientos de metros de tuberías de agua, conucos, se demolieron ranchos y se sacó todo el ganado que había en la zona.

En 1996, el presidente Fernández por decreto (233-96) declaró la zona como Parque Nacional y en el 2004, el entonces presidente Mejía condonó con RD$240 millones de pesos las ‘propiedades’ de varias familias, pero no se registró el desalojo de esas tierras.

El tiempo, los respaldos políticos, las colindancias familiares y las estructuras de poder cruzados entre familias y la política, inclusive sectores de la Iglesia, fueron provocando la vuelta a las viejas prácticas. Ahora y bajo el amparo de la resolución 14-2016, Medio Ambiente dispone la prohibición de las actividades agropecuarias, los asentamientos humanos y el control de la infraestructura y el agua.