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El contrato firmado por el Gobierno con la empresa canadiense Barrick Gold para la explotación de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, ha sido inusualmente debatido y, curiosamente, aún es difícil establecer de qué lado está asentada la razón.
Aunque, a decir verdad, he visto argumentos en contra que no parecen soportar el rigor de una investigación seria, porque se presentan como resultantes de desconocimiento real del problema o de arranques de oportunismo.
Por ejemplo, he visto por televisión personas que llegaron a acuerdos con la empresa en cuanto a monto en dinero que recibirán, el tipo de vivienda y lugar donde serán reasentadas, pero después renunciaron al convenio para pedir más.
Crearon una incomprensible crisis a pesar de que la minera propuso 28 lugares para que los representantes de las comunidades eligieran el que quisieran para los casos de reubicación, y concibieron varios modelos de casas para que cada familia escogiera la de su conveniencia.
Y no sé si de manera maliciosa, pero lo cierto es que ocultan la información de que en lo que concierne a las reubicaciones, el Estado y la Barrick Gold contrataron a la empresa canadiense Replan, experta internacional en el tema, y ésta hizo un estudio que duró dos años.
Pero también he oído que ese contrato es lesivo al interés nacional, que no beneficia al Estado y que el impacto medioambiental de la reexplotación de la mina será oneroso para los dominicanos, y particularmente para los habitantes de la zona.
Sin embargo, nadie me ha dicho que que con la sola puesta en marcha de la mina el Estado recibirá el 3.2% de regalías fijas, haya o no utilidades; que el Gobierno recibirá un Impuesto Sobre la Renta de un 25% y que, una vez que la empresa recupere su inversión y logre una rentabilidad del 10%, el país obtendrá además el 28.75% de las ganancias.
Tal vez sería interesante también el dato de que la participación total del país estará sobre el 50% de los ingresos del proyecto minero, y que los municipios localizados en la zona de la mina recibirán el cinco por ciento de los beneficios de su explotación.
De manera que en el bando de los promotores del proyecto hemos visto numeritos que respaldan los alegatos a favor, porque evidencian que nada ha sido dejado a la casualidad.
Así las cosas, sin sumarme como abanderado de ese acuerdo, creo que en nombre de la defensa del medio ambiente no deberíamos recurrir a falsedades o medias verdades para torpedear un proyecto que parece convenirnos a todos, a juzgar por los números a los que he tenido acceso.
Cuidado con eso, señores, porque pudiéramos estar apedreando al amigo.
Por: Victor Méndez
El Nacional
