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La Constitución Dominicana establece en el artículo 16, sobre las Áreas Protegidas: “La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
Por su parte, la Ley 202-2004 de Áreas Protegidas dice que “Las áreas públicas que se encuentren bajo régimen legal de protección en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituyen un componente inalienable, imprescriptible e inembargable del patrimonio estatal y no son transferibles en propiedad a ningún individuo, Estado, nación o ciudadano de otro país bajo ninguna circunstancia”.
El carácter patrimonial de las áreas protegidas queda, por tanto, fuera de toda discusión. Es ese el reclamo de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas en el caso Bucan-Ye y en cualquier otro que se respete el mandato de la Constitución, de la Ley General de Medio Ambiente y de la Ley de Áreas Protegidas.
Nadie se opone a que cada área se gestione en función de su categoría y su plan de manejo. Por eso, en Bucan-Ye, donde la categoría permite su incorporación a los planes de desarrollo turístico, la Coalición no se ha opuesto a ningún proyecto, pero sí a la apropiación privada del patrimonio público.
Hacer creer al país que para “desarrollar” hay que privatizar el patrimonio constituye un engaño que pretende, además, validar operaciones inmobiliarias que necesitan ser dilucidadas en los tribunales de la República.
Si se permite la privatización del área protegida se estaría sentando un precedente funesto y estableciendo que es posible, si se cuenta con la anuencia de los poderes públicos o algunos de sus funcionarios, violar la Constitución y las leyes.
Bucan-Ye y todas las áreas protegidas de Pedernales pueden y deben ser incorporadas al Plan Maestro de Desarrollo, de hecho, son estos espacios el recurso soporte de todas las propuestas de inversión, pero manteniendo su carácter público y patrimonial y ajustándose a las leyes y normas que establecen qué se puede hacer en cada caso.
Lo que no puede permitirse bajo ninguna condición es que se fundamente el desarrollo de esa región en un fraude contra el Estado y la nación dominicana.
Algunos comentaristas de opinión han pretendido acusar al movimiento ambiental de ser enemigos del desarrollo, estar financiados por otros polos turísticos y, los más destemplados, nos acusan de chantajistas.
Respetamos sus opiniones. Sabemos que, en la mayoría de los casos, nos juzgan desde el desconocimiento de nuestra conducta, desde el sano interés en el desarrollo de una región que ha estado siempre fuera de las políticas y las inversiones públicas o desde su propia ética conductual y nos miden con las pautas de sus propios comportamientos y su escala de valores.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y la Red Socio Ambiental seguirán defendiendo el carácter patrimonial, público e inalienable de todas las unidades del SINAP, sin importar su categoría.
–Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas
