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El futuro de la conservación del océano pasa por un impulso a los proyectos de carbono azul en todo el mundo, que permita la gestión eficaz de ecosistemas costeros valiosos con fondos económicos de aquellos que quieran o necesiten compensar sus emisiones.
El carbono azul es aquel que almacenan los ecosistemas marinos y costeros, que actúan como potentes “esponjas” de CO2, llegando a capturar hasta cuatro veces más CO2 que los bosques.
Sin embargo, mientras los bosques cuentan desde hace más de una década con un mecanismo para compensar a quienes los protegen por las emisiones que evitan a la atmósfera, a través del programa REDD+ de Naciones Unidas, está fórmula apenas ha sido explorada en el mar.
Para impulsarla, el Centro de Cooperación del Mediterráneo dela Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-Med) acaba de lanzar el primer “Manual para diseñar e implementar proyectos de carbono azul” en Europa y el Mediterráneo.
En el están las respuestas a cómo diseñar proyectos de carbono azul, verificar sus emisiones y obtener créditos de carbono que puedan ser adquiridos, a través de los mecanismos voluntarios de compensación de carbono, por parte de empresas, administraciones o particulares que quieran compensar su huella ecológica.
Este tipo de iniciativas está pensado para las más de 50 millones de hectáreas de ecosistemas costeros que existen en el mundo: humedales, praderas submarinas y manglares, con una gran capacidad de secuestro de carbono en sus sedimentos.
El ritmo de degradación de estos ecosistemas es preocupante: el planeta ha perdido ya el 50% de sus humedales costeros, y más del 30% de los manglares y de las praderas marinas, como la posidonia mediterránea.
Este deterioro libera a la atmósfera mil millones de toneladas de CO2 al año (similar a las emisiones de toda Sudamérica) que hay que evitar para combatir el cambio climático, y para mantener el resto de servicios que aportan estos ecosistemas: pesca o protección frente a tormentas e inundaciones, y sustento de las comunidades donde se encuentran.
Poner en marcha un proyecto de carbono azul requiere seleccionar un ecosistema costero concreto cuyo almacenamiento de CO2 sea medible y verificable; desarrollar una iniciativa para restaurarlo, si fuera necesario, y conservarlo y vender o subastar sus créditos o unidades de carbono, explica en vísperas del día mundial de los océanos (8 junio) a EFE María del Mar Otero, experta en Economía Azul de UICN-Med.
El objetivo es que los créditos de carbono sirvan para financiar total o parcialmente la conservación de un ecosistema costero, y que la gestión de la misma implique e incluso emplee a la población local, apunta Otero.
El cálculo de la capacidad de almacenamiento de CO2 para uno de estos proyectos se hace tomando muestras de sustrato, hasta tres metros de profundidad y analizando el carbono que contiene, señala a EFE la directora del Programa de Carbono Azul de la ONG Conservación Internacional, Jen Howard.
Al igual que ocurre con los mecanismos de compensación de emisiones de los bosques, las iniciativas de carbono azul deben someterse a auditorías periódicas, generalmente cada dos años, para verificar que el proyecto concreto mantiene su capacidad de absorción de CO2 gracias as la conservación.
Aunque los proyectos de carbono azul aún están por extenderse en todo el mundo, hay algunos que funcionan desde hace más una década, como el de Mikoko Pamojo, que protege 117 hectáreas manglares en Gazi (Kenia).
Con los fondos que obtienen de la comercialización de las 3,300 toneladas de CO2 anuales que absorben estos manglares al año, el proyecto emplea a la población local en la conservación, lo que ha redundado en menos talas y caza ilegal, así como en proyectos similares en otras zonas costeras de Kenia.
En Estados Unidos y América Latina también existen algunos ejemplos.
Colombia, por ejemplo, saca a subasta esta semana los créditos de carbono de su primer proyecto de carbono azul en los manglares de la bahía de Cispatá, en la costa caribeña, impulsado por el Instituto Invemar, la Fundación Omacha, Conservación Internacional, el Gobierno colombiano y varias empresas privadas.
La conservación de los manglares de Cispatá permitirá la comercialización de un millón de toneladas de CO2 en los próximos diez años.
Las primeras 1,000 se subastarán esta semana con un precio de salida de 15 euros la tonelada por el que pujarán alguna de las 600 empresas invitadas por las organizaciones promotoras del proyecto.
“Hemos seleccionado a empresas responsables que quieran reducir su huella de carbono, porque queremos evitar a toda costa que los créditos se compren para especular y venderlos cuando suban de precio”, subraya Jen Howard.
Los proyectos de carbono azul aún tienen camino por recorrer, pero organizaciones como Conservación Internacional o UICN, que están promoviendo el conocimiento base para impulsarlos, consideran que las soluciones basadas en los océanos serán fundamentales para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y preservar la biodiversidad marina.
