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Mediante nota de prensa, la Comisión Ambiental y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD demanda ante la opinión pública la suspensión inmediata de la convocatoria a concurso para la Evaluación Ambiental Estratégica, con el fin de determinar la instalación de la presa de cola de dicha minera en Yamasá.
El pasado 17 de agosto el Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, negó que el gobierno le haya dado el permiso a la empresa minera Barrick Gold para extender su producción y afirmó que lo hará cuando la compañía determine los lugares factibles y de menor impacto ambiental para la realización de la presa de colas. Al mismo tiempo informó que el gobierno contrataría, mediante un concurso internacional, una firma internacional experta en localización de presas de colas para que ubique lugares alternativos donde la empresa pudiera extender su producción de manera sostenible respecto al medio ambiente.
El ministro Almonte, en un popular programa de radio argumentó: “El Gobierno dominicano tiene el compromiso de que la Barrick Gold siga operando siempre y cuando no ponga en riesgo recursos más valiosos que el oro, como son los recursos naturales y la vida de las personas”. En julio pasado lo expresó ante la Comisión Especial del Senado, presidida por el congresista Alexis Victoria Yeb, donde además exhortó a que en la licitación internacional no participen empresas vinculadas a la minera canadiense para evitar posibles cuestionamientos respecto al estudio, luego de la solicitud de la minera Barrick Gold de instalar la presa de cola en Cuance, Yamasá.
Resaltó que la decisión del Estado se haga de forma pública en base a las conclusiones que arrojen las investigaciones, y reconoció el derecho de la comunidad de Yamasá de expresarse sobre los posibles efectos medioambientales de instalar la referida presa de cola.
Según la Comisión Ambiental de la UASD el anuncio de la licitación viola el ordenamiento legal en asuntos ambientales y los procedimientos de evaluación, colocando al Gobierno dominicano como “empleado” de la compañía, al tiempo que consideran le resta autoridad para la aplicación de las leyes y la gobernanza ambiental.
“Es grave para la gobernanza del sector y para la transparencia institucional que el ministro de Energía y Minas haga este anuncio sin que se den a conocer los planes de la supuesta expansión de la minera, en caso de que hayan sido entregados al gobierno; y más aun, después que las autoridades del MEM y el propio Ministro de Medio de Ambiente, Orlando Jorge Mera, han expresado que la Barrick Gold no ha presentado ninguna petición formal de solicitud permisos para tales proyectos, lo que evidencia una absoluta inobservancia de los mandatos legales”, explica la nota de prensa.
En la nota de prensa concluyen que el gobierno solo tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, ya que en el umeral 27 del artículo 16 de la Ley 64-00 sobre Medio ambiente y Recursos Naturales se define la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la cual dice que: “es un instrumento de evaluación ambiental de las políticas públicas, actividades y proyectos sectoriales para garantizar la incorporación de la variable ambiental en los distintos sectores de la administración pública”.
Además hacen referencia al artículo 39 que establece: “Las políticas, planes y programas de la administración pública, deberán ser evaluados en sus efectos ambientales, seleccionando la alternativa de menor impacto negativo. Se deberá realizar un análisis de consistencia con la política nacional sobre medio ambiente y recursos naturales. Cada institución hará sus propias evaluaciones ambientales estratégicas. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá las directrices para las evaluaciones, aprobará y supervisará el cumplimiento de sus recomendaciones”.
Tambié en el artículo 19 de dicha ley se crea el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como enlace entre el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, el sector productivo nacional, la sociedad civil y las entidades de la administración pública centralizadas y descentralizadas pertenecientes al sector medio ambiente y recursos naturales, y como órgano responsable de programar y evaluar las políticas, así como establecer la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad. Es por esto que sustenta su demanda en que es al Consejo Nacional de Medio Ambiente a quien corresponde validar la EAE y velar por que las políticas, decisiones y asignaciones se correspondan con ella.
“La EAE no puede sustituir los instrumentos de evaluación ambiental establecidos en las leyes, procedimientos y normas y mucho menos ser confundida con ellos”, concluyeron.
Lo que responde la Barrick Gold
En un correo electrónico enviado a Diario Libre, la minera explica: “Barrick Pueblo Viejo (PVDC) está comprometida a realizar sus operaciones con transparencia y de manera ambientalmente responsable. Antes de la construcción de la instalación de una nueva facilidad de relaves o presa de colas, Pueblo Viejo necesita realizar una serie de estudios que incluyen la evaluación y análisis de diferentes alternativas y como parte de los estudios de prefactibilidad, ha estado estudiando opciones en las cercanías de la operación en la provincia de Sánchez Ramírez y la selección final se basará en consideraciones ambientales, sociales, técnicas y económicas.
El Gobierno ha anunciado que llevará a cabo un programa de supervisión y revisión independiente del trabajo de campo ambiental y social de PVDC para la nueva instalación de almacenamiento de relaves, siguiendo estándares internacionales y a través de firmas especializadas. Hemos acogido con satisfacción la decisión de las autoridades de velar por este proceso de forma independiente, ya que es coherente con nuestro compromiso de transparencia y nuestra política de puertas abiertas”, explicaron.
Lo que opinan los ambientalistas
El grupo ambientalista Acción Verde, cree que lo anunciado por el Ministro de Energía y minas es una decisión que acarrea en sí misma el altísimo riesgo de sentar un precedente del cual será difícil retornar: Uno en el que las autoridades llamadas a normar y regular, o sea “a cumplir la Ley”, se conviertan en instrumento de validación a procesos cuyo resultado final es impredecible, expresaron a Diario Libre.
El grupo ambiental considera oportuna la demanda de la Comisión Ambiental de UASD: ¨Corresponde a las empresas de este tipo realizar los estudios necesarios y probar de forma científica y técnica que el impacto ambiental que pudieren ocasionar sus actividades productivas serían remediables y en todo caso que el los factores ambientales y ecosistémicos involucrados en esas afectaciones están en los parámetros permitidos por la Legislación vigente a nivel local e internacional. Así mismo, que la correspondiente “Licencia social” resulte de un auténtico convencimiento de las poblaciones afectadas y no sean manipuladas por sectores interesados. En el mismo momento en que el Estado se involucra como parte activa en acciones y procesos que son responsabilidad de las empresas mineras, se estaría haciendo compromisario de la suerte que corra cualquier proyecto, violentando su rol de organismo rector del tema”, concluyeron.
La propuesta de expansión de la mina de Pueblo Viejo tiene un estimado de inversión inicial de aproximadamente 1,300 millones de dólares y el potencial de extender la vida de la mina hasta más allá del 2040. Incluye la expansión de la planta de procesamiento y una presa de cola, sin las cuales la mina tendría que parar el proceso de minado este año y cerrar su producción total para el 2030, sostiene la empresa en un reporte del proyecto.
La expansión permitiría a la mina producir unas 800,000 onzas de oro al año, y permitiría a la empresa recuperar la inversión original para el año 2026 y seguir produciendo a largo plazo.
RECUADRO
La propuesta de expansión de la mina de Pueblo Viejo tiene un estimado de inversión inicial de aproximadamente 1,300 millones de dólares y el potencial de extender la vida de la mina hasta más allá del 2040. Incluye la expansión de la planta de procesamiento y una presa de cola, sin las cuales la mina tendría que parar el proceso de minado este año y cerrar su producción total para el 2030, sostiene la empresa en un reporte del proyecto.
La expansión permitiría a la mina producir unas 800,000 onzas de oro al año, y permitiría a la empresa recuperar la inversión original para el año 2026 y seguir produciendo a largo plazo.
Marvin Del Cid
Diario Libre
