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El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, revocó en todas sus partes la sentencia que adjudicaba una porción de 12.5 millones de metros cuadrados a particulares, y que el Estado reivindica como parte del Parque Nacional del Este.
Los terrenos corresponden a la parcela 6 del área protegida, conforme con el planteamiento formulado por ante el tribunal, por el Abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya.
La empresa Inversiones Trubia S.A., propiedad de los españoles Carlos Sánchez y Andrés Liétor, quienes están implicados en el escándalo de Marbella, habían adquirido millones de metros cuadrados por US$9.9 millones, pero los actos de venta fueron revocados.
Los jueces Luz Berenice Ubiñas Renville, Carmen Zenaida Castro y Guillermina Altagracia Marizan anularon todos los planos mediante los cuales fueron saneados y adjudicados los multimillonarios inmuebles. Asimismo, rechazaron las localizaciones de posesiones realizadas dentro de la parcela 6 del Distrito Catastral No. 10/01 de Higüey, a favor del ingeniero Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, que dieron como resultado las parcelas 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839, 6-006-840, por ser áreas protegidas tuteladas por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 202-04 sobre Áreas Protegidas.
El tribunal rechazó los actos de ventas a favor de Fernando Sánchez y de Tomás Dantes-Castillo Soto, referente a una extensión superficial de 848 hectáreas, 96 áreas y 57 centiáreas, dentro de la citada parcela. Este acto de venta está fechado el 5 de febrero de 1993.
Mientras que otro suscrito el 25 de febrero de 1995, que envuelve una porción de 6,500 tareas dentro de la parcela 6-Resto del Distrito Catastral 10/01, también fue echado para atrás.
El tribunal declara que la extensión superficial es de 1,257 hectáreas, 71 áreas y 04-59 centiáreas dentro de la parcela No.6 del Distrito Catrastal No. 10/01 de Higüey, lugar donde se encontraban las citadas parcelas, «han perdido su carácter comunero y pasan a ser propiedad del Estado dominicano y del dominio público por ser áreas protegidas de acuerdo a la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas».
Orden a mensuras
El tribunal también ordenó a la Dirección General de Mensuras Catastrales a revocar las designaciones catastrales que corresponden a las parcelas las parcelas 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839, 6-006-840.
La decisión de adjudicación de terrenos revocada había sido dictada el 7 de diciembre del 2006 por un juez de Jurisdicción Original de La Altagracia, medida fue apelada por el Abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya.
Federico Méndez / Redactor Senior
Diario Libre
