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Santo Domingo.-La Primera Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original declaró nulos los trabajos de deslinde realizados dentro del ámbito de varias parcelas localizadas dentro de los límites del Parque Nacional Jaragua.
El tribunal acogió las conclusiones hechas por el Estado, debidamente representado por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, asistido por el abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, y a través de los organismos estatales de la Dirección General de Bienes Nacionales, los ministerios de Ministerio de Medio Ambiente y Turismo y el Instituto Agrario Dominicano, por conducto de sus abogados, entidades que además tienen como abogados particulares a Laura Acosta Lora, Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya.
El tribunal rechazó el fondo de las conclusiones del señor Manuel de Jesús Carvajal Sánchez, por conducto de su abogado Héctor Rafael Tapia Acosta, hecha en contra del agrimensor Luciano Martínez, referente a los inmuebles descritos como 215-B-3, 215-B-3-, 215-B-3-C 215—B-3-D 215-B-3-E, 215-B-3-F, 215-B-3-G y 215-B-3-H del Distrito Castratal No. 4, localizado en el municipio Enriquillo, provincia Barahona.
Asimismo, ordenó al registrador de títulos de Barahona proceder a la cancelación de los asientos registrados derivados de los trabajos de deslinde practicados dentro de la parcela No. 215-B-3, del Distrito Catastral No. 3, del municipio de Enriquillo, provincia Barahona, devolviendo vigencia al certificado de títulos No. 42 que amparaba los derechos de propiedad sobre una porción de terrenos dentro de la parcela No. 215-B-3 del indicado distrito catastral, a favor del Estado dominicano.
Además instruyó a la Dirección Regional de Mensura revocar las designaciones catastrales Nos. 215-B-3, 215-B-3-, 215-B-3-C 215—B-3-D 215-B-3-E, 215-B-3-F, 215-B-3-G y 215-B-3-H, asignadas a las parcelas objeto de deslinde en cuestión una vez la decisión adquiera carácter definitivo.
El dictamen estuvo amparado en las disposiciones de la Constitución dominicana, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Ley 108-05 sobre registro Inmobiliario, el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.
