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El 15 de septiembre del pasado año, el juez Samuel Guzmán Fernández, de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, ordenó el pago de una astreinte de 5 mil pesos diarios, si la empresa Equipos y Construcciones del Cibao S.A (Ecocisa) y Medio Ambiente no cumplían con la sentencia del 10 de abril que paralizaba la extracción.
La decisión fue tomada luego que comunitarios, comunicadores y ambientalistas elevaran una Acción de Amparo.
Los jueces hicieron un recorrido por la loma de Jacagua para conocer el impacto generado debido a la extracción de materiales.
Preocupación
“Estamos aquí para tener una impresión de lo que se ha hecho en la zona y si se está dando cumplimiento a una decisión”, señala Idelfonso Reyes, juez coordinador.
De su lado, Víctor Gómez Bergés, dijo que el Tribunal Constitucional está decidido firmemente a defender el Medio Ambiente, por encima de todos los intereses y las opiniones.
Recordó que la destrucción de la montaña provoca la desaparición de los ríos “y cuando no tengamos ríos no vamos a tener agua”. También vieron con preocupación la contaminación que registra el río Yaque del Norte.
Durante la visita los jueces tomaron impresiones de la comunidad, que rechaza la extracción de materiales en la zona.
Roberto Méndez, miembro de la junta de vecinos y del grupo Unidos por un Mejor País dijo que se sienten confiados de que los jueces de este alto tribunal del país ratificarán la sentencia que ordena la paralización de extracción de materiales en la zona.
Desde mediado del pasado año, luego de las publicaciones sobre los daños causados, el Ministerio de Medio Ambiente obligó a una empresa a la siembra de prácticamente 25 mil árboles de diversas especies para reparar los daños causados en la zona de Jacagua.
Desde entonces, la comunidad se ha mantenido en alerta permanente para prevenir que no retornen las operaciones de las empresas que extraen el material de mina.
