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SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fijó para este viernes 13 de enero el conocimiento de una medida cautelar con la que unas tres empresas, propietarias de terrenos en el Parque Nacional Valle Nuevo, en Constanza, buscan la nulidad de la resolución 14-2016 mediante la cual el Ministerio de Medio autoriza el rescate de esa área protegida.
Las empresas Granja Mora, Flores Purama y Flores Antillanas, cuyos dueños son Gregorio Mora Soler, Tomás Villamán y Miguel Crouch, alegan en su instancia que la referida resolución viola las normas administrativas, la Constitución y las leyes del país, porque -según ellos- se dictó sin agotar “las normas comunes de procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas y planes, sin agotar el procedimiento de vista pública. También viola –dicen– el principio a la confianza legítima.
Alegan que la medida de Medio Ambiente, que busca desalojar del parque cualquier actividad agrícola, es antijurídica y contraria a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y de buena fe.
Los empresarios, representados por los abogados Manuel Fermín Cabral, Juan Manuel Guerrero y Gilbert de la Cruz Álvarez, depositaron el recurso ante el TSA el pasado 22 de diciembre.
Los empresarios dicen ser legítimos propietarios de considerables proporciones de terrenos dentro del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (como oficialmente se llama Valle Nuevo), bajo los parámetros, las condiciones y las estrategias establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente.
Insisten en que han actuado bajo los esquemas de los planes de manejo que se han elaborado en el parque, “y siempre con la previa y formal autorización del referido ministerio”.
Medio Ambiente ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de rescatar Valle Nuevo ante el gran deterioro que presenta, debido a la gran actividad agrícola.
En su resolución establece que las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollan dentro de parque están terminantemente prohibidas, así como el ingreso de fertilizantes, semillas, agroquímicos, insumos, herramientas e implementos de labranza agrícola.
En la resolución, de septiembre pasado, se otorga un plazo para cosechar y retirar cualquier cultivo y desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos y la pecuaria. El plazo vence este 29 de enero.
Por Tania Molina
Diariolibre.com
