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El diputado reformista Rafael Molina Lluberes apoderó a la Cámara de Diputados de un proyecto de resolución que solicita al Presidente Leonel Fernández revisar el contrato minero entre el Estado y la Barrick Gold. El legislador estima que el convenio lesiona los intereses del país.
La Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de resolución que solicita al presidente Leonel Fernández la revisión del contrato minero entre el Estado y la firma Barrick Gold, tras acusar al director general de Minería y al presidente de la Rosario Dominicana, S.A., de ser cómplices de una concesión contraria a la Constitución y a los intereses del país.
La iniciativa del diputado reformista Rafael Molina Lluberes pide al jefe del Estado que designe un cuerpo de juristas para examinar las incongruencias que atribuye al contrato.
Al 50%. Asimismo, solicita que los beneficios generados por la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo, provincia Sánchez Ramírez, sean distribuidos a razón de un 50 por ciento entre el Estado y la firma concesionaria.
Señala que el contrato original con la Placer Dome otorgaba mejores beneficios económicos al Estado que el firmado con la Barrick Gold, pues el primero establecía una tasa de retorno de un cero por ciento.
Agrega que, por presión extranjera y de sociedades dominicanas, se varió la tasa de retorno a un 10 por ciento, perdiendo así el Estado la suma de US$1,200 millones.
Minería falsea. El proyecto de Molina Lluberes denuncia que la Dirección General de Minería falsea los datos de una ganancia atribuida al país en el contrato con la Barrick y que él califica de supuesta, por ser resultado de “cálculos ficticios” que demuestran la complicidad de ese organismo y del presidente de la Rosario Dominicana, S.A., quien funge de director del Programa de Remediación Ambiental Mina de Pueblo Viejo.
El documento expresa que la Barrick Gold se burla del país y de la provincia Sánchez Ramírez cuando alega que empleará 3,500 personas en la fase de construcción y más de 1,000 puestos durante la operación, “cuando todo el procedimiento será automatizado”.
Pasivos ambientales. El proyecto de resolución solicita que la Barrick Gold asuma todos los pasivos ambientales, internos y externos a la mina, incluyendo el arroyo Margajita, el río Maguaca, la presa de Hatillo y el río Yuna.
Alta traición. En uno de sus considerandos, el proyecto señala que despojar al país de los citados recursos y quienes idearon ese negocio en contra del interés nacional constituye una acción que se puede considerar una alta traición de los negociadores del contrato-enmienda.
Resalta que tanto la dirección de Minería como el presidente de la Rosario Dominicana, S.A., a quien no cita por su nombre, emitieron datos y documentación de supuestas ganancias del país con la citada operación.
Señala que los concesionarios se comprometen a ejecutar un plan medioambiental por un monto de US$37.5 millones, pero sin responsabilidad de cualquier pérdida que surja.
Agrega que el contrato establece que el Estado será responsable de todos los costos del mantenimiento medioambiental.
Cemento
El proyecto de resolución del diputado Rafael Molina Lluberes recuerda que el contrato también establece que la Barrick Gold podrá utilizar sus instalaciones para otros propósitos que no sean mineros y advierte que debe aclararse cuáles intenciones tendría la empresa extranjera en instalar la planta de cemento que fracasó en Los Haitises, de la provincia Monte Plata.
Por: Pedro Germosén
Hoy Digital
