Río Guayubín: Su suerte en las puertas de los tribunales

 «En la costa oriental del país se concentran de manera curiosa, tres de las cincos islas adyacentes de la República Dominicana».

Nueva vez se ventila en los tribunales la suerte del río Guayubín, donde un funcionario público ha sometido a la justicia a varios de los moradores de la comunidad »Los Cerros de San José» que le impiden explotar un banco de arena.

Todo comenzó con la mejor de las intenciones, en una reunión de trabajo en la oficina local del partido de gobierno, cuando uno de sus militantes propuso a sus compañeros que el »banco de arena» del río Guayubín que se forma naturalmente a su paso por la comunidad de »Los Cerros» de San José y que pretendían explotarlo los contratistas de una carretera que financiaba la Comunidad Europea en la provincia, debía ser aprovechado para el mejoramiento de las vías locales de comunicación, para las obras sociales que realiza el Gobierno y el beneficio de los moradores aledaños al río. 

¿Quién podría oponerse a una propuesta de esta naturaleza, si precisamente en tales ideales se fundamenta su militancia partidista? Pero al parecer todo había quedado ahí, nada de ello estaba contemplado en la agenda del día, y la propuesta no pasó de ser una muy buena intención que se diluía hasta morir en la camaradería y los nuevos planteamientos de los compañeros. Sin embargo, uno de los máximos dirigentes le siguió dando mente al asunto, consiguió una contrata del Gobierno, compró el banco de arena e intentó hacer el negocio para él sólo. 

El río Guayubín, inocente y ajeno a los intereses egoístas de los humanos, continuaba llevando a su destino la carga de esperanza líquida que el Creador depositara en su cabecera. Entre meandros, charcos y recodos dejaba arriconada la arena que se desprendía al chocar una roca con la otra, o simplemente trasladaba o movía de un lugar a otro (conforme al volumen de agua y la velocidad de su escorrentía), los sedimentos removidos por las lluvias en las áreas desnudas o desprovistas de vegetación en las laderas montañosas donde la deforestación había hecho estragos. 

Así se formó el hermoso banco de arena fina que llena la barriga principal de la curva semi-abierta del curso serpenteante y encajonado de este río a su paso por el paraje Los Cerros de la sección San José. Todos estos accidentes naturales concatenados (vegetación ribereña, charcos, rocas gigantes, cortes verticales, meandros, cantos rodados y bancos de arena) forman un continuo ecológico, en el cual se inscribe toda su historia natural y la vida acuática que contiene. Todo es importante para su salud, para el agua que le da razón de ser a su existencia y a la vida que soporta. De ahí que cualquier perturbación al orden establecido, o que pueda violentar el régimen natural de su escorrentía, es un atentado contra la vida, un crimen ecológico y de hecho, un irrespeto a la naturaleza. 

Los campesinos de la zona así lo han entendido, y por estas razones desde tiempos inmemoriables convivían con él, respetando la integridad de su cuerpo físico, y a la vez utilizando el agua para el riego de sus cultivos, extrayéndola incluso con motobombas de los charcos en la época crítica de su estiaje, períodos en los cuales el río Guayubín prácticamente se seca. De ahí que conservar la vida de este río es cuestión de vida, no solo para los organismos que poblan sus aguas, sino para los moradores de decenas de comunidades que dependen de él para el desarrollo de la agricultura, la ganadería doméstica y sobre todo para el consumo humano. 

Pero un buen día se aparece el protagonista principal de esta historia (un connotado dirigente oficialista y un próspero funcionario del Gobierno), con un permiso sacado de las mangas para explotar el banco de arena del río Guayubín. La Secretaría de Estado de Obras Públicas, a través de su oficina de desprotección a la Corteza Terrestre y con la anuencia del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, la Secretaría de Estado de Turismo y la Dirección General de Minería, le habrían otorgado una licencia provisional de dos años (noviembre 1997-1999), para explotar 30,000 metros cúbicos de agregados gravo-arenosos, en una superficie de 600 metros cuadrados. 
Este permiso improcedente y absurdo, estaba condenado al fracaso desde cualquier ángulo que se le mire, porque ningún técnico que se precie de serlo y mucho menos un profesional de cualquier área del saber, se atreve a recomendar la extracción de 30 mil metros cúbicos en una superficie inferior a una tarea, a menos que se haga una excavación con 50 ó 60 metros de profundidad y tal ocurrencia no puede provenir de una mente lúcida y dotada de buenas intenciones. 

Y entonces, ¿que pasó con la patente de explotación?, ¿cuál fue la respuesta de los campesinos?, ¿es cierto que ni el gobernador, ni el fiscal, ni los guardias pudieron sofocar el conato de inconformidad que se armó, por lo cual fue necesario que los tribunales de la justicia local se trasladaran de sus estrados para sesionar en las mismas márgenes del río? Si usted piensa que esta es una novela, espere y le cuento la crudeza de los hechos.

Cada vez más ríos con menos agua
A la tragedia de los cauces sin agua que día a día se expande por toda la geografía nacional, ahora se le suma la contaminación inmisericorde que está acabando con los peces y toda forma de vida acuática.

En la vida se ven tantas cosas absurdas y casos que rayan en lo increíble que, a fuerza de la repetición y la cotidianidad, prácticamente se nos ha arruinado el sentido del asombro, llegando al extremo de acostumbrarnos e insensibilizarnos de tal manera que ya no le paramos bola a nada. Pero dígame usted ¿a quién en su sano juicio se le ocurre atentar contra la vida de un río, máxime si de él depende la existencia de cientos de moradores que por instinto natural o de supervivencia, se han colocado convenientemente a lo largo de su curso, para hacer el mejor uso de sus aguas para el consumo humano y el cultivo de sus productos agrícolas tradicionales? 

Y más aún, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien someter a la justicia ordinaria a un grupo de ciudadanos cuyo único pecado fue erigirse en defensores de un recurso natural, de un río que ningún ser humano ha creado, si no el Todopoderoso, tan valioso como la propia vida porque precisamente él es fuente y soporte de vida, de la biodiversidad que alcanza, incluye y comprende a todos los seres humanos? 
Si las piedras no hablan, si el río no puede huir, si los peces no pueden reclamar su derecho a poblar las aguas, si la naturaleza (aún siendo nuestra madre) no nos puede reclamar que la respetemos, entonces alguien a quien le duela todo este atropello, consciente e inconsciente, tiene que pararse en sus dos pies, empinarse y lanzar su voz de protesta. No le parece? Pero vamos por parte.

El permiso
La concesión de explotación de 30,000 metros cúbicos de agregados areno-gravosos que la Secretaría de Estado de Obras Públicas le otorgó a Próspero Peralta para que los extrajera en una superficie de 600 metros cuadrados (casi una tarea de terreno), localizada en un banco de arena que forma el río Guayubín en la barriga de uno de sus múltiples meandros al pasar por la comunidad Los Cerros de San José, tiene vigencia hasta el 26 de noviembre de 1999, pues fue emitida con un margen de duración de dos años. 
Este permiso, cuestionable en todos los sentidos, pero que al ser oficial o provenir de una instancia competente, debidamente membretado y firmado por los actores con capacidad de tomar decisión, merece tomársele con toda la seriedad que el caso amerita. Sin embargo, ello no le quita ni un ápice a la insensatez, a la impertinencia y a la improcedencia de su emisión y mucho menos lo salva de los pecados ecológicos que está llamado a cometer y para colmo, tampoco lo libera de los errores técnicos cometidos, mal concebidos y hasta maliciosamente colocados en el papel, pues estaban dirigidos a engañar a incautos, a infelices campesinos que a lo mejor se imaginaron que no sabían leer ni mucho menos, con valor para reclamar sus derechos. Pero el alacrán salió debajo de las yaguas. 
Nadie debe especular sobre los medios utilizados para lograr que se ponga en marcha la maquinaria del poder público, para que al final se emitiera el permiso. No obstante, y mientras los papeles no muerdan, nadie tampoco tiene por qué cogerle miedo a lo que dicen, a lo que allí está escrito, plasmado en formularios tipo y debidamente rubricados por si a alguien le asaltan las dudas. Cualquiera que lo ve por arriba, hasta llega a convencerse de que se agotó el procedimiento de ley y que al estar técnicamente avalado, a lo mejor no le causara ningún daño a nadie y mucho menos al río Guayubín, sino todo lo contrario, como en el mismo se especifica, está destinado a la realización de obras públicas y privadas que están llamadas a cumplir con un rol social y político de vital importancia. 
De ahí que por encima de la firma del funcionario de la Oficina de Protección a la Corteza Terrestre de la SEOPC, están las firmas de los técnicos del INDRHI, INAPA, Turismo y Minería, como representantes de la comisón de la Ley No. 123 del 10 de mayo de 1971 que versa sobre la materia. Si mal no leí, se trata de una concesión de explotación provisional que durará dos años, del 26 de noviembre de 1977 al 26 de noviembre de 1999. Cuando haya perimido, algo que ocurrirá en un par de meses o algo más, entonces suponemos que le darán la concesión definitiva. 
Pero donde la puerca tuerce el rabo y obliga a cualquiera a rascarse la cabeza, es que ordena a que se saquen 30 mil metros cúbicos de grava y arena en una superficie de 600 metros cuadrados, algo más que imposible, a menos que le hagan una tronera al río con una profundidad superior a los 50 metros, suficiente para que se vaya por allí toda el agua que a lo largo del año humedece su curso. ¡Que le parece!
La reacción campesina
Sin embargo e independientemente de las disquisiciones técnicas, los moradores de Los Cerros de San José, al ver descender hacia el río las palas mecánicas, volteos y maquinarias pesadas afines, para luego comenzar la depredación de las márgenes y el lecho mismo de éste, su nica fuente de agua, bajaron en masa hacia donde estos animales apocalípticos, de movimientos torpes y epilépticos, le arañaban las entrañas y destrozaban la barriga del meandro que acoge el banco de arena y sin pensarlo mucho, mandaron a parar las comesolas, conminando a sus operadores a que las saquen del río y se las llevasen donde ellos no pudiesen verlas, so pena de quemárselas si no optemperaban. 
Las demostraciones de fuerza y del poder no se hicieron esperar y aunque los guardias quisieron cumplir con las órdenes superiores, nadie pudo hacer que los campesinos cambiaran de actitud. Era un asunto de vida o muerte y de eso ellos estaban conscientes. Fue tal la bulla que allí se armó que el gobernador civil provincial ni se dio por enterado, mientras que el fiscal, como es su deber, quiso que las cosas se canalizaran legalmente, para lo cual sirvió de vehículo para darle curso a las instancias incoadas. El lío fue tan grande que hasta la justicia tuvo que hacerse eco y realizar un descenso desde los estrados hasta las mismas márgenes del río. 
Por primera vez en la historia de la jurisprudencia dominicana, allí se abría una audiencia, no para escuchar al río que tranquilo y escurridizo pasaba a la espalda de los presentes, para que el vago murmullo de sus chorreras no le quitaran la solemnidad que el caso ameritaba, sino a unos y a otro, a los moradores que se verían afectados negativamente, si se le destruye su fuente de vida y al señor que se creía tener el derecho que el Estado le otorgaba, a través de los mecanismos institucionales establecidos, para explotar este recurso natural tan codiciado. 
Pero cuando todo el mundo esperaba que allí terminara la pesadilla, el señor Peralta se busca cinco abogados y la emprende contra los humildes campesinos, sometiéndolos a la justicia por haberle aguado el negocio, perdón, por haberlo difamado e injuriado.
La instancia-querella
Los doctores Francis Peralta R., Ramón Emilio Núñez, Luis C. Espertín Pichardo, Juan Ramón Villa Fernández y la licenciada Channy Somaly Taveras, abogados de los tribunales de la República y actuando como tales, en nombre y representación del señor Próspero Antonio Peralta Zapata, interpusieron una querella con constitución en parte civil por difamación e injuria en contra de los inculpados Víctor Rodríguez, Juan de Dios Jiménez Bourdierd, Eugenio Rafael Díaz, Arismendy Bisonó, Nicanor Gómez y José Castillo. 
Parece que no era manejable someter a todos los moradores de Los Cerros de San José, a lo mejor no porque le faltaran intenciones, sino porque resultaría inmanejable que se llevaran a los salones de audiencia a una gran cantidad de niños, mujeres, ancianos y campesinos iletrados, pero con sus manos perfumadas con la esencia de la vida, que solamente saben hacer parir a la tierra, ante la cual se arrodillan reverentes para besarla y darle las gracias porque acoge en sus entrañas sus semillas para devolvérselas luego multiplicadas. 
Sucede que a estos defensores de la naturaleza se les acusa de haber acusado a este próspero funcionario ante el periodista Rafael Pujols del LISTíN DIARIO, que se había hecho eco de los acontecimientos que se estaban dando en torno a la depredación del río Guayubín, elaborando una nota calzada con su firma y que fue publicada el 24 de agosto de 1998 con el título »La extracción de arena del río Guayubín enfrenta a moradores» y un subtítulo muy bien logrado que dice »Un comité advierte sobre la grave degradación del medio ambiente». Este trabajo está ilustrado además con una vista que recoge a los campesinos colocados en línea sobre la arena del río y con pancartas alusivas a la protección del banco de arena del río y en contra de las intenciones malsanas de su explotación. 
Los abogados alegan que es difamatorio e injurioso que a su defendido se le acuse de ser el responsable del »Crimen ecológico» que se comenzó a ejecutar con la extracción de la arena del banco del río, algo que técnicamente es cierto, porque las máquinas pesadas lograron iniciar el trabajo, extrayendo de la margen del río y colocando luego los áridos en una propiedad que éste señor acababa de comprar justo al lado donde está el mayor depósito de materiales de construcción, cuyo compromiso de compra estaba supeditado a que él pudiese explotar la mina natural depositada allí por la escorrentía del Guayubín. Y si eso es así, es un hecho cierto, una verdad evidente (y por lo tanto no hay imputaciones falsas) entonces, ¿en qué consiste la difamación o la injuria? 
Que los campesinos le dijeron al periodista que su defendido era un »enemigo del sistema ecológico», y yo le pregunto, de hecho ¿no es así? Que estas acciones la ejecuta aprovechando su condición de dirigente del partido oficial, y eso lo sabe todo el mundo. Que de ejecutarse tales operaciones se atentaba contra la supervivencia y la producción agrícola de los moradores de la Línea Noroeste; sino de todos, al menos de los que viven aguas abajo del punto del conflicto. Que estas afrentosas y malsanas imputaciones afectan el honor y la conducta intachable muy bien ganada de su defendido y atentan contra su familia y las funciones que desempeña como funcionario de la Corporación Dominicana de Electricidad. Y así continúa esta joya de pieza jurídica.
Los testigos
Quien escribe estas notas tiene que asistir como testigo cuando se termine la sumaria y se llegue al fondo del asunto, pues me tocó formar parte de la Comisión Ambiental de la Universidad de Santo Domingo que junto a las directoras del Departamento de Geografía e Instituto Geográfico Universitario, del Instituto de Física y otros profesionales de la Academia de Ciencias que realizó un reconocimiento técnico de campo, a solicitud del Centro Regional Universitario del Noroeste y la Extensión de la UASD en Santiago Rodríguez, cuyos alumnos se encontraban preocupados por la situación del río Guayubín. 
Pues allí estaremos para ver si tenemos calidad técnica para explicar los daños al ambiente, al río y a la naturaleza, si se continuaba con la extracción de materiales de este río en las condiciones pautadas y en un punto tan frágil del curso serpenteante del Guayubín. Este caso reviste importancia, debe ser conocido por la sociedad dominicana, y las autoridades del Gobierno deben prestarle la debida atención, por lo menos las que están implicadas directamente en el asunto, pues se trata de un río, de los tantos que cada día ven mermado su contenido líquido en toda la geografía dominicana, ¿no le parece?
Sanate y Chavón
En el otro extremo de la responsabilidad y del país, en Higüey, acaba de ocurrir exactamente lo contrario, donde atendiendo a las denuncias sobre depredación y la muerte repentina de peces que habían hecho los moradores del entorno de los ríos Sanate y Chavón, el gobernador civil provincial de La Altagracia (señor Pedro Rojas Morillo), se empantalonó, bajó para el río e hizo uso de los poderes con los cuales fue investido por el Poder Ejecutivo, reunió a los ejecutivos locales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, de la Dirección General Forestal, del Instituto Agrario Dominicano y la Secretaría de Estado de Obras Públicas y ordenó la paralización de la extracción de materiales de construcción de estas dos fuentes de agua. 
En una nota periodística calzada con la firma de Juan B. Rodríguez y publicada por el LISTíN DIARIO en su edición del pasado 4 de septiembre del año en curso, este medio de comunicación da a conocer a sus lectores y a la comunidad nacional las acciones de éste funcionario público para poner el orden y reclamar que las cosas se hagan como Dios manda, o por lo menos como »sus hijos» lo han establecido con sus leyes ‘imperfectas’, pero que al fin y al cabo llevan el espíritu del bien colectivo y horizontal, de manera que obliga a su cumplimiento por parte de quienes tenemos la suerte de habitar el ‘paraíso’ en el cual él nos colocó para que lo cuidemos y los disfrutemos, no para que lo arruináramos. 
Hizo dos inspecciones acompañado de las autoridades locales que tienen la responsabilidad o el encargo de salvaguardar el legado de recursos naturales que enriquecen la región, pero que nadie sabe por cuales razones, no cumplían con su deber, y por lo tanto, tras manifestar su preocupación por lo delicada de la situación, mandó a paralizar de inmediato las extracciones hasta tanto no se investigue la procedencia de los permisos que dicen tener las personas responsables de de la depredación de los ríos de la provincia, y que las facultan para la explotación de la arena de los ríos y las playas, causando un grave daño a la ecología de tales ecosistemas. 
»No vamos a permitir que nuestras comunidades queden en la miseria y a expensas de las inclimencias del tiempo, producto de que en estos momentos, personas a veces desconocedoras de la situación, exploten inmisericordemente nuestros recursos naturales, por lo tanto y en lo inmediato, esa situación está paralizada», fueron las palabras finales del señor gobernador civil. Esta actitud fue aplaudida por la organización ecologista local »Manglares del Este», cuyos miembros nos llamaron para confirmarnos tal decisión por parte de la máxima autoridad del Gobierno en la provincia.
Río Guayubín
El río Guayubín, actualmente envuelto en una litis judicial que atenta contra su integridad física, es uno de los tributarios más importantes del Yaque del Norte, y a su vez es el responsable de la producción agrícola y la pecuaria en la provincia de Santiago Rodríguez, muy especialmente para la agricultura bajo riego, y en particular del tabaco, uno de los rubros de exportación más importante que se produce en la Línea Noroeste

por Eleuterio Martínez 
Publicado originalmente en el Listín Diario del 8 de Septiembre del 1999