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SANTO DOMINGO, República Dominicana (EFE).- La República Dominicana pierde en promedio 420 millones de dólares anuales como consecuencia de los desastres naturales, según un informe dado a conocer este miércoles.
El estudio “Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en la República Dominicana” fue realizado por el Banco Mundial (BM) y el Ministerio de Economía local y contó con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE).
El análisis destacó que los eventos climáticos extremos y otros desastres naturales tienen un impacto negativo significativo en el manejo de las finanzas públicas, al tiempo que propone opciones para fortalecer la protección financiera del país.
La República Dominicana, según el estudio, que cita el Índice de Riesgo Climático Global 2016 de Germanwatch, ocupa el lugar número once de una lista de 183 países más afectados por eventos climáticos.
En ese sentido, recomendó incluir consideraciones de gestión del riesgo de desastres en las finanzas públicas, clave para asegurar la sostenibilidad del desarrollo del país.
El ministro de Economía, Temístocles Montás, señaló que este diagnóstico presenta varias opciones para contribuir a la elaboración de una estrategia costo-eficiente de gestión financiera del riesgo de desastres.
El informe resalta que los eventos como los huracanes David y Federico de 1979 provocaron pérdidas de hasta el 16 % del PIB en ese año y que si estos eventos ocurrieran nuevamente las pérdidas asociadas podrían llegar a ser el doble y tendrían grandes impactos negativos en la economía dominicana.
El informe sugiere tres prioridades para fortalecer la protección financiera del país ante desastres.
La primera es mejorar el conocimiento sobre el impacto económico de los desastres y los recursos públicos asignados en las situaciones posdesastre, mediante el desarrollo de una base de datos actualizada y comprensiva.
A la vez, ampliar y mejorar el alcance de los instrumentos financieros existentes para enfrentar el costo de los desastres.
Esto incluye aumentar la capacidad presupuestaria posdesastre del Gobierno a través de préstamos contingentes; transferir parte del riesgo soberano fortaleciendo el aseguramiento de los activos públicos, y promover el aseguramiento catastrófico del sector privado y viviendas.
Por último, subraya la necesidad de desarrollar un marco estratégico integral para la gestión financiera del riesgo de desastres.
