Rechazan Gobierno negocie con los que dicen tener títulos de Bahía las Águilas

Diversos sectores rechazaron hoy el decreto número 7-13 que le otorga poderes al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para concertar un acuerdo con los grupos que dicen tener títulos de propiedad de los terrenos de Bahía de las Águilas, a los que calificaron de «asociación de malhechores», perseguidos por la justicia durante 16 años.

El presidente de Alianza por la Democracia y ex ministro de Medio Ambiente, Max Puig, sostuvo que el presidente Danilo Medina «se mancha si permite repartir y privatizar el área protegida de Bahía de las Águilas», si llega a un acuerdo con los acusados de falsificar títulos de la deseada área protegida.

Insiste en que si el Presidente inicia negociaciones, a través del consultor jurídico, César Pina Toribio, se convierte en cómplice, «al renunciar a sus obligaciones de proteger los bienes de la nación y perseguir a los delincuentes».

Recordó que hace siete años, siendo ministro de Medio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, denunció públicamente a un grupo de legisladores que pretendía modificar la ley de áreas protegidas para eliminar algunas de éstas y beneficiarse de un fabuloso negocio inmobiliario antiético e ilegal, en detrimento del pueblo dominicano.

También se manifestó en contra del decreto número 7-13 el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, por considerar que los títulos que dicen tener algunas personas en terrenos de Bahía de las Águilas tienen orígenes fraudulentos y son ilegitimo, «fruto de la falsificación, el robo y el concierto de voluntades criminosa de políticos y empresarios para despojar al país de un recurso natural protegido».

Potentini recordó que el caso Bahía de las Águilas fue el resultado del traspaso y adjudicación ilegal de la parcela No.215-A, al Instituto Agrario Dominicano (AID) en la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán, quien «en contubernio con otros funcionarios y supuestos empresarios adeptos al gobierno de turno, simularon un asentamiento agrario en Pedernales», cuyos terrenos luego terminaron en manos de políticos y empresarios corruptos, y el posterior sometimiento a la justicia en el primer gobierno de Leonel Fernández de Rodríguez Guzmán y otros implicados.

Solicitó al Presidente Medina revocar la medida y ponerle punto final a uno de los casos que más escandalizaron a la opinión pública dominicana

Puig afirmó que no hay absolutamente ninguna razón valedera para que se le otorgue propiedad alguna a los beneficiarios de un «asentamiento agrario» a todas luces espurio realizado en terrenos no aptos para la agricultura.