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Sobre la situación de la demanda internacional del Sr. MICHAEL ANTHONY LEE-CHIN contra la República Dominicana por el caso Duquesa-LAJUN por más de US$596 millones de dólares.
A raíz de que en 2017 el presidente del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Rafael Vásquez Goico, acogiera un pedido del Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Santo Domingo Norte para suspender el contrato que beneficiaba a la Lajun Corp. en el manejo del vertedero de Duquesa y que esta empresa luego procediera a demandar en arbitraje al Estado Dominicano, nos preocupa grandemente que a nivel local se encuentra posiblemente «en un punto muerto» la persecución penal por falsificación y fraude en la supuesta adquisición de estos terrenos por parte de LAJUN y las personas asociadas a la transacción.
El punto es que la acción judicial que está en curso en un tribunal de arbitraje de Washington, bien podría dar como resultado una onerosa condena contra el país, por una cifra de cientos de millones de dólares, mientras que los tribunales locales apoderados de las acciones contra esta empresa habrían declarado «archivo el expediente» hasta tanto «El Estado Dominicano muestre real interés en proseguir el caso» donde se ha documentado debidamente (tanto por el CEA como por el Congreso Nacional) que hubo serias irregularidades que incluyen la posible falsificación de un Decreto y documentos públicos para la apropiación del Terreno donde hoy está el Vertedero.
Según varios entendidos en el tema, el hecho de que las instituciones encargadas de accionar por la nulidad de los títulos no hayan cursado una denuncia penal para perseguir a los presuntos propietarios por falsificación, no sólo ralentiza la posible recuperación de esos terrenos estatales, sino que en sí misma se convierte en una dificultad para tener ganancia de causa en el tribunal de arbitraje, con la consabida consecuencia.
En ese sentido, el otrora director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM, Waldys Taveras, ha declarado reiteradamente:
«El país se expone a ser condenado al pago de cientos de millones de dólares, si no son sometidas a la Justicia las personas involucradas en la compra irregular los terrenos de Duquesa» (…)
“Ni hay ninguna acción judicial del CEA, de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de la Cámara de Diputados, ni del Senado de la República, poderes e instituciones del Estado con calidad para presentar las acciones judiciales por haber sido afectadas por las acciones fraudulentas”.
En torno a esta situación, solicitamos que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo investigue el estatus de estos procesos, con el fin de que, si encuentra méritos, estimule y motorice el debido seguimiento judicial que depende del CEA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Congreso Nacional, las Alcaldías y el Ministerio Público.
Tener una adecuada definición judicial en estos aspectos no sólo constituirá un reforzamiento de la posición legal del país ante el tribunal de Washington, sino que permitiría una planificación y toma de decisiones más específicas en torno a los terrenos de Duquesa cuyo valor de mercado se asume en miles de millones de pesos.
Soporte de medios para referencia del caso:
