Plastificando la isla: una Ley calimocha y complaciente con los que contaminan

Después del breve paso de la tormenta Beryl la capital dominicana amaneció un día en histeria colectiva, al ver gran parte de su malecón arropado por mares de plástico. 

 

Para muchos el dramático panorama (el “sucio evidente”) ha sido motivo de rasgarse las vestiduras, sin embargo entendemos que de algún modo esta situación es altamente positiva. ¡Muy buena!.

 

Por primera vez en mucho tiempo los principales tomadores de decisión se han encontrado con que la realidad ha tocado sus puertas, la contaminación ha llegado a su antesala y ha puesto en boca de todos un fenómeno que ha venido siendo advertido por varios años desde el movimiento ambiental.

 

Ahora por ejemplo, se pone en la palestra la necesidad de comenzar un programa intensivo de educación, ya se habla de sanciones a los que arrojen basura inadecuadamente y en cierto modo se ha volteado la mirada sobre una legislación que ha deambulado sin suerte por varios años en el congreso: La Ley de Residuos sólidos.

 

Esta es la parte positiva: que la sociedad comprenda de una vez y por todas que se hacen insostenibles los niveles abusivos en la producción, importación y consumo de productos a base de plásticos y en particular aquellos que sirven a un solo uso o que no son reciclables.

 

La tarde de este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que está llamado a regular este tema, un marco legal que -aunque tardío- podría marcar la diferencia en el futuro inmediato de este asunto tan trascendente para la sostenibilidad misma de la nación.

 

Sin embargo, llama la atención que el proyecto aprobado toca con mucha flexibilidad las principales fuentes de contaminación que se encuentra comúnmente en las calles y vertederos, en los cuerpos de agua, desembocaduras de ríos y costas.  

 

Por ejemplo, plantea un régimen de “responsabilidad extendida” sobre los fabricantes o importadores de envases de Aceites lubricantes, Pilas y baterías, Plaguicidas, Medicamentos, Neumáticos, artículos electrónicos y el Foam. En tanto que no se incluyen un rango amplio de productos y empaques que no son reciclables y que su valor de recuperación es nulo. Entre estos, se encuentran envases para algunos tipos de Maltas, energizantes, alimentos lácteos y otros tantos de consumo masivo, cuya acumulación en el ambiente ya se cuenta por cientos de miles de toneladas.

 

Del mismo modo se otorga un plazo de hasta 5 años para ir reduciendo hasta (sin considerar su eliminación) las bolsas de plástico y los productos basados en poliestireno expandido, mejor conocido como FOAM. Consideramos estos plazos demasiados extensos, en especial cuando no se deja claro las medidas específicas y los compromisos de los productores e importadores para el programa de reducción de estos contaminantes. 

 

A ese ritmo, aún cuando se inicie desde ahora un programa intensivo de educación, podríamos invertir otra década para ver cambios notables en el cambio de cultura y los hábitos de consumo, que deben ser forzados necesariamente por las regulaciones del mercado por parte del Estado.

 

También nos preocupa la efectividad de las soluciones planteadas para otros productos como los denominados PET (botellitas de agua, envases de gaseosas)  que -aunque son reciclables- su valor de recuperación es tan poco que no resultan de interés para los recicladores formales e informales, permitiendo que en temporadas como la actual los mismos se acumulen por montañas en ambientes indeseados.

 

Ni siquiera toca temas puntuales como el uso de solvetes (calimetes, pajillas) que están siendo sustituidos o eliminadas de forma acelerada a nivel mundial y peor aún: se incorpora a la Ley el peligroso concepto de promoción al uso los productos eufimísticamente llamados «Oxo Biodegradables» y que sin lugar a dudas tienen un impacto descomunal en la vida acuática, en ríos y mares.

 

En otro aspecto, aunque se contempla la creación de un Fideicomiso para hacer operativas las medidas administrativas y de contingencia, como el llamado “Bono verde”, este se nutrirá de un impuesto generalizado del 0,20% a la producción y a las importaciones, dejando fuera del gravamen el Petróleo y derivados, el Gas natural, los Medicamentos, Productos agropecuarios y ciertas Importaciones realizadas bajo el régimen de Zonas Francas Industriales de Exportación.

 

Queda explícito entonces que incluso aquellos productos ecoamigables o que contribuyen a la reducción, reuso y reciclado estarían siendo gravados con un monto similar a todos los demás productos, o sea, que el consumidor terminará subsidiando por igual productos con niveles de responsabilidad ambiental muy alta y otros que no.

 

Reconocemos el extraordinario esfuerzo que ha hecho la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados por sacar adelante este proyecto de Ley antes de que perimiera, y de algún modo se ha  obtenido “el resultado posible” aunque este no sea La legislación que necesita el país en estos tiempos, a la altura de la urgencia que amerita esta amenaza ambiental que a fin de cuentas nos sale tan caro, porque drena los recursos de los dominicanos en costos de salud, saneamiento de agua, manejo y disposición final, daños al turismo, a la calidad de vida de la gente y peor aún el impacto impresionante sobre el medio ambiente y la biodiversidad.