Acción Verde | El Portal Ambiental de la República Dominicana Todo lo relativo al Medio Ambiente y Recursos Naturales con énfasis Cambio Climático y Areas Protegidas
SAN ANTONIO DE JUPROG, Perú, AP. La familia Marzano Velásquez vivía una vida sencilla, pastoral, en las faldas de una montaña que resultó contener el yacimiento de cobre y zinc más grande del mundo que se conozca.
No los hizo ricos. María Magdalena Velásquez, que no sabe leer ni escribir, firmó la cesión de las tierras de su familia con su huella dactilar en 1999. Al igual que decenas de otras familias quechuas que vendieron su tierra a un consorcio internacional minero, esperaban que la mina a cielo abierto de Antamina mejorara las condiciones de vida de su empobrecido distrito.
Hace 20 años, esta montañosa y accidentada nación andina, rica en minerales, le dio carta blanca a empresas multinacionales mineras para que invirtieran y explotaran sus tierras como ningún otro país en la región lo ha hecho. En poco tiempo, Perú se convirtió en líder indiscutible del crecimiento económico de América Latina.
Pero este auge económico fue más una maldición para miles de familias campesinas como los Marzano, que vieron como los 49.000 dólares que les pagaron por su tierra se evaporaron rápidamente mientras luchaban por adaptarse a una vida en el desarraigo.
Años después, los Andes peruanos quedaron salpicados de yacimientos mineros gracias a una laxa regulación ambiental que han dado lugar a una creciente cadena de protestas.
En 2012, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a ocho personas que protestaban en contra de dos de los proyectos mineros más grandes del país. Para abril, Perú tenía 81 conflictos sociales por el deterioro del medio ambiente relacionado con la minería de gran escala, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.
Siete casos involucran a Antamina, lo que incluye un tenso enfrentamiento con los pobladores liderados por los Marzano, quienes acusan a la mina de invadir sus terrenos en medio de un gran proyecto de expansión.
La mina —un consorcio formado por las multinacionales BHP Billiton, Glencore/Xstrata, Mitsubishi y Teck Resources Ltd.— registró utilidades de 1.400 millones de dólares por Antamina para el año que terminó en junio de 2013.
La mitad del impuesto de 30% que paga Antamina al estado va a la provincia llamada Ancash. San Marcos, el distrito donde está la mina, recibe 50 millones de dólares anuales, que lo convierten en el distrito más rico del país. Sin embargo, sus 15.000 habitantes no tienen carreteras pavimentadas, ni hospitales, ni una planta de tratamiento de aguas. Sólo hay tres médicos. Y el servicio de agua es intermitente en la zona urbana, donde ahora vive el clan Marzano Velásquez.
Casi un tercio de los niños de San Marcos sufren de desnutrición crónica; el doble del promedio nacional.
Abrumado por la corrupción, San Marcos ha tenido cuatro alcaldes en cuatro años. Tres de ellos fueron acusados de inflar costos en contratos de obras públicas y dar puestos de trabajo y comisiones ilegales a sus familiares. Ninguno está en la cárcel. El actual alcalde se encuentra en investigación por las mismas denuncias.
Antamina dice que ha invertido 314 millones de dólares entre 2007 y 2012 en proyectos de “inclusión social” destinados a mejorar el nivel de vida, lo que incluye la atención prenatal y dental, la nutrición infantil y la cría de animales.
Al preguntarle por qué los residentes de San Marcos viven en tan malas condiciones, el portavoz de la compañía Martín Calderón respondió que tales preguntas “bien pueden ser dirigidas a las autoridades, sean nacionales o regionales”.
Lineamientos del Banco Mundial, establecidos en la década de 1990, indican que si proyectos como Antamina, cuyos propietarios iniciales tenían préstamos garantizados con dicho banco, implicaban la reubicación de comunidades, sus miembros debían gozar con una calidad de vida igual o mejor a la que tenían antes del desplazamiento.
Pero esto no le sucedió al clan de los Marzano ni a sus vecinos. La tasa de pobreza en la sierra peruana, ahora surcada por las cicatrices de la minería, es cercana al 50%, el doble del promedio nacional.
De los nueve hijos de Marzano, sólo el primogénito, Luis, trabaja en la mina. Pero él, junto con los otros, lucha contra la expansión de Antamina.
Las explosiones en el tajo de la mina envían al cielo un polvo rojizo que luego se torna anaranjado. Las partículas caen en los pastizales y campos de Juprog. Metales pesados contaminan a sus habitantes, cultivos y ganado.
“Te asfixia, eso se penetra en tu piel, como si fuera carbón de leña”, dice Lidia Zorrilla, una agricultora de 34 años, mientras ordena unas papas que había cultivado y en momentos en que una nube de polvo avanzaba hacía su dirección.
El director de tierras y el reasentamiento de Antamina, Mirko Chang, asegura que esa nube de polvo no es tóxica.
“Es tierra”, dijo Chang. Pero los aldeanos dicen que ese polvo los enferma. Y en un estudio de impacto ambiental de 2007, Antamina dice que la compra prevista de 730 hectáreas de Juprog necesitaría un reasentamiento de familias a raíz de “los impactos pronosticados en la calidad de aire.”
El presidente Ollanta Humala dijo que le era difícil creer que Antamina estuviera contaminando.
Las multinacionales “no se arriesgarían a actuar de forma irresponsable”, afirmó en una entrevista con la AP en septiembre. “Tendrían mucho que perder porque las leyes peruanas son muy duras hoy día para las empresas mineras que contaminan el ambiente”.
Muchos aldeanos creen que el incremento de la producción de Antamina en 38% —tras un inversión de 1.500 millones de dólares— significa más contaminación. Y no confían en las promesas de que la mina cumplirá con las normas de calidad del aire y el agua.
Asimismo, tienen poca fe en los reguladores y las autoridades.
En 2010, un fiscal regional se negó a iniciar un proceso penal contra Antamina por contaminación, argumentando que “no era posible determinar la fuente”.
En Perú jamás prosperan grandes demandas por contaminación contra la gran minería, aseguran los abogados.
En Chile, los ambientalistas lograron una extraña victoria el año pasado contra una mina de alta montaña con una inversión de 8.500 millones de dólares. El estado chileno ordenó la suspensión de la construcción de Pascua Lama después de descubrir aguas contaminadas río abajo.
Las empresas mineras no han enfrentado algo similar en Perú, donde recién en 2008 se creó un Ministerio del Medio Ambiente. En la actualidad, el Ministerio de Minas sigue siendo la entidad encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental, que son elaborados y presentados por contratistas de las mineras.
El presupuesto del organismo de evaluación y fiscalización ambiental fue de 19 millones de dólares el año pasado y carece de un laboratorio independiente en una nación que tiene 300 minas de clase mundial. A Antamina se le impusieron multas por 487.000 dólares, de los cuales el consorcio ha pagado 85.700 dólares. El resto está en apelación.
El organismo de control ambiental heredó el manejo de más de 7.500 lugares con desechos mineros cuya limpieza, según estimaciones conservadoras del Banco Mundial, costará 250 millones de dólares. Se supone que las empresas mineras deben pagar por ella. Pero quien contamina casi nunca se identifica. De esos lugares con desechos, 60 pertenecen, en todo o en parte, a Antamina.
Las reformas al sistema que se han intentado desde adentro han sido frustrantes.
Ernesto Bustamante fue el director general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Minas por cuatro meses en 2011. El biólogo molecular, graduado en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, tenía la esperanza de utilizar su experiencia para diseñar formas de disolver químicamente los contaminantes.
Bustamante dijo que empleados de las mineras se colaban rutinariamente en el ministerio para ayudar a sus técnicos en la redacción de estudios de impacto ambiental.
Afirmó que en dos ocasiones descubrió, usando Google Earth, que las mineras habían violado las regulaciones al iniciar proyectos de expansión que afectaban al medio ambiente, antes de solicitar los permisos necesarios.
Bustamante sospecha que muchos trabajadores del ministerio estaban involucrados en favorecer a las mineras. Y descubrió que algunos “técnicos que ganaban un poco más de 1.000 dólares al mes estaban tomando vacaciones en París”.
Vía: http://elnacional.com.do/
