Perú: Auge minero trajo contaminación y no riqueza

SAN ANTONIO DE JUPROG.- La familia Marzano Velásquez vivía una vida sencilla, pastoral, en las faldas de una montaña que resultó contener el yacimiento de cobre y zinc más grande que se conozca a la fecha.

No los hizo ricos. María Magdalena Velásquez, que no sabía leer ni escribir, firmó la cesión de las tierras de su familia con su huella dactilar en 1999. Al igual que decenas de otras familias quechuas que vendieron su tierra a un consorcio internacional minero, esperaban que la mina a cielo abierto de Antamina mejorara las condiciones de vida de su empobrecido distrito de la montaña.

Hace 20 años, esta montañosa y accidentada nación andina, rica en minerales, le dio carta blanca para que las empresas multinacionales mineras invirtieran y explotaran sus tierras como ningún otro país en la región lo ha hecho. En poco tiempo, el país se convirtió en líder indiscutible del crecimiento económico de América Latina.

Pero este auge económico fue más una maldición para miles de familias campesinas como los Marzano, que vieron como los 49.000 dólares que les pagaron por su tierra se evaporaron rápidamente mientras luchaban por adaptarse a una vida en el desarraigo.

Años después, el altiplano peruano quedó salpicado de yacimientos mineros gracias a una regulación ambiental muy laxa y a la frustración con los resultados de la explotación, que han dado lugar a una creciente cadena de protestas.

En 2012, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a ocho personas que protestaban en contra de dos de los proyectos mineros más grandes del país. Para abril, Perú tenía 81 quejas por el deterioro del medio ambiente, de acuerdo a la oficina del Defensor del Pueblo.

Los Marzano encabezan una de las protestas y luchan por lo que consideran la continua invasión de la mina y sus promesas incumplidas.

Su empleador, un consorcio formado por la anglo-australiana BHP Billiton, de propiedad multinacional suiza Glencore/Xstrata, la japonesa Mitsubishi y la canadiense Teck Resources Ltd., percibió utilidades de Antamina por 1.400 millones de dólares a junio de 2013.

La mitad del impuesto del 30% por sus utilidades tiene como destino el distrito de San Marcos, de 15.000 habitantes, gracias a una fórmula de distribución de las regalías, que lo convierte en el distrito más rico del país al recibir cerca de 50 millones de dólares al año. Sin embargo, en el lugar no hay carreteras pavimentadas, ni hospitales, ni una planta de tratamiento de aguas. Casi un tercio de los niños de San Marcos sufren de desnutrición crónica; el doble del promedio nacional.

Abrumado por la corrupción, San Marcos ha tenido cuatro alcaldes en cuatro años. Tres de ellos fueron acusados de inflar costos en contratos de obra pública y dar puestos de trabajo y comisiones ilegales a sus familiares. Ninguno está en la cárcel. El actual alcalde se encuentra en investigación por las mismas denuncias.

Antamina dice que ha invertido 314 millones de dólares desde 2006 en proyectos de «inclusión social» destinados a mejorar el nivel de vida, lo que incluye la atención prenatal y dental, la nutrición infantil y la cría de animales, dijo el portavoz de la compañía Martin Calderón.

Al preguntarle por qué los residentes de San Marcos viven en tan malas condiciones, Calderón respondió: «Creo que las preguntas que haces en esta comunicación bien pueden ser dirigidas a las autoridades, sean nacionales o regionales».

Lineamientos del Banco Mundial, establecidos en la década de 1990, indican que si proyectos como Antamina, cuyos propietarios iniciales tenían préstamos garantizados con dicho banco, implicaban la reubicación de comunidades, sus miembros debían gozar con una calidad de vida igual o mejor a la que tenían antes del desplazamiento.

Pero esto no le sucedió al clan de los Marzano o a sus vecinos. La tasa de pobreza en la sierra peruana, ahora surcada por las cicatrices de la minería, es cercana al 50 por ciento, el doble del promedio nacional.

De los nueve hijos de Marzano, sólo Luis trabaja en la mina. Los demás están luchando contra la expansión de Antamina.

Al borde de la boca de la mina, que tiene una profundidad de casi media milla, las explosiones propias de la explotación minera envían al cielo de un polvo de color sanguíneo que y lleva a San Antonio de Juprog, a sus pastales y campos, una serie de metales pesados que han contaminado a sus habitantes, cultivos y ganado.

«Te asfixia, eso se penetra en tu piel, como si fuera carbón de leña, te asfixia», dijo Lidia Zorrilla, una agricultora de 34 años de edad, mientras ordenaba unas papas que había cultivado y en momentos en que una nube de polvo roja y anaranjada avanzaba hacía su dirección, en un barrio de casas de tejas rojas y letrinas no terminadas.

El director de tierras y el reasentamiento de Antamina, Mirko Chang, dice que esa nube de polvo no es tóxica.

«No, es tierra, es igual como del otro lugar», dijo Chang. «Nosotros hemos seguido un programa de monitoreo para cuidar eso… porque como Antamina tenemos un cuidado por las personas».

Pero los aldeanos dicen que ese polvo los enferma.

A petición de los aldeanos, los organismos de salud del gobierno hicieron exámenes médicos de 2006 a 2009 y encontraron niveles elevados de plomo, de cadmio en su sangre y orina.

El presidente Ollanta Humala dijo que le era difícil creer que Antamina estuviera contaminando el medio ambiente.

«Se han hecho evaluaciones (de contaminación) permanentemente», dijo. «Hay una reguladora allá. Y yo le diría que con las grandes empresas se tiene más cuidado pero también se tiene más confianza porque son empresas multinacionales que no se arriesgarían a actuar de forma irresponsable. Tendrían mucho que perder porque las leyes peruanas son muy duras hoy día para las empresas mineras que contaminan el ambiente».

Muchos aldeanos creen que una mejora de 1.500 millones de dólares de Antamina terminada en 2012 que su director general dijo que ha incrementado en 38% su producción sólo implica más contaminación. No creen que sean ciertas sus aseveraciones de que cumplirán con las normas de calidad del aire y el agua.

Y tienen poca fe en los reguladores y las autoridades.

En 2010, un fiscal regional rechazó un intento de iniciar un proceso penal contra Antamina con base en los estudios sanitarios al decir que «no era posible determinar la fuente» (de las enfermedades).

No ha habido demandas de importancia relacionadas con la contaminación o la salud pública que se hayan tramitado exitosamente contra la gran minería peruana, dicen los abogados.

En Chile, los ambientalistas lograron una extraña victoria el año pasado: se suspendió la construcción de una mina de oro conocida como Pascua Lama, a la que se han invertido 8.500 millones de dólares, después de que las autoridades descubrieron que se contaminaron las aguas subterráneas. La compañía recibió la orden de proteger las aguas subterráneas y tres glaciares cercanos.

Las empresas mineras no han enfrentado algo similar en Perú, que sólo hasta 2008 tuvo un Ministerio del Medio Ambiente. En la actualidad, el Ministerio de Minas sigue siendo la entidad encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental, que son elaborados y presentados por contratistas de las mineras.

El presupuesto del organismo de evaluación y fiscalización ambiental fue 19 millones de dólares para 2013 y carece de un laboratorio independiente en una nación que tiene abierta 300 grandes minas. A Antamina se le impuso una multa de 487.200 dólares de las que el consorcio pagó 85.700 dólares. El resto está en apelación.

El organismo de control ambiental heredó el manejo de más de 7.500 lugares con desechos mineros que limpiarlos, según estimaciones conservadoras del Banco Mundial, costará 250 millones de dólares. Se supone que las empresas mineras deben pagar por la limpieza. Pero quien contamina casi nunca se identifica.

Las reformas al sistema que se han intentado desde adentro también han sido frustrantes.

Ernesto Bustamante fue director general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Minas peruano por cuatro meses en 2011. Graduado de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, él tenía la esperanza de utilizar su experiencia como biólogo molecular para diseñar formas de disolver químicamente los contaminantes.

Bustamante dijo que empleados de las mineras se colaban rutinariamente en el Ministerio con unidades de memorias USB, que entregaban a los funcionarios del gobierno, para que cambiaran en el computador los estudios de impacto ambiental.

También dijo que en dos ocasiones descubrió, usando Google Earth, que las mineras habían violado las regulaciones iniciando con proyectos de expansión que afectaban al medio ambiente, antes de solicitar los permisos necesarios.

Bustamante sospecha muchos trabajadores del Ministerio estaban involucrados en estos hechos.

En su lugar, descubrió que los funcionarios del Ministerio tenían «técnicos que ganaban un poco más de $1,000 (al mes y que) estaban tomando vacaciones en Paris».

Vía: http://www.diariolibre.com/