La Sociedad Ecológica del Cibao Inc., SOECI, manifiesta públicamente su respaldo y solidaridad con la lucha que libran las comunidades contra proyectos que atentan contra el Medio Ambiente y la seguridad ciudadana, como sucede específicamente, entre otras, con algunas estaciones de servicios de Gas Licuado de Petróleo GLP- que se pretenden ubicar en lugares que riñen con las normas ambientales establecidas.
Es inconcebible que tengan que ser las comunidades las que reclamen el cumplimiento de la ley y la aplicación de las normas ambientales, mientras estos emporios económicos con la voracidad y la sed insaciable de dinero se imponen arrogantes, mientras las instituciones del Estado lucen pálidas y débiles, de rodillas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Estos proyectos peligrosos y de alto impacto, tienen que mantener una distancia establecida frente a los centros de aglomeración de personas, como las escuelas, los hospitales, las iglesias, etc., pero también deben mantener la distancia frente a los centros fabriles y comerciales y las fuentes de agua. La observación de una distancia prudente es aun más relevante cuando se trata de núcleos habitacionales donde la aglomeración de personas es permanente. Las distancias establecidas en las normativas son
vulneradas alegremente por estos emporios económicos.
Para SOECI es alarmante la ligereza con la que se otorgan permisos de extremo peligro, solo para favorecer a grupos económicos, poniendo en peligro a importantes poblaciones de ciudadanos dominicanos, con tanto o más derecho a disponer de un medio ambiente sano y de un espacio seguro.
SOECI demanda la paralización del establecimiento de todas estas obras peligrosas y lesivas al Medio Ambiente y el cierre de las que ya están operando y que fueron establecidas irregularmente. Demandamos una revisión de los permisos otorgados por el ministerio de Medio Ambiente en los últimos seis meses antes de la toma de posesión del presidente Danilo Medina por las evidentes irregularidades con las que muchos de ellos fueron otorgados. Exigimos una investigación exhaustiva de los funcionarios actuantes en esos casos de autorizaciones que riñen con la ley y las normas que el propio Estado ha evacuado, disponiendo de sanciones ejemplares para los irresponsables.
Un país donde no se respetan sus leyes y sus normas, no puede organizarse ni desarrollarse. Un país donde el funcionario actúa discrecionalmente al margen de la ley y la institucionalidad, o la aplica antojadizamente, movido por razones personales, no puede desarrollarse y esta condenado a vivir en el atraso y el caos.
Llamamos la atención del señor presidente de la Republica y del señor Ministro de Medio Ambiente, sobre la forma alegre e irresponsable como en el pasado reciente se aprobaron obras perniciosas al medio ambiente como cementerios memoriales en zonas de nivel freático alto o bombas de gas en zonas densamente pobladas. Llamamos la atención porque muchas de estas obras
se encuentran en proceso de construcción y su paralización se hace impostergable, para traer tranquilidad a las comunidades y a todo el que le preocupa el Medio Ambiente. Todos tenemos la responsabilidad de hacer de Santiago una ciudad cada vez más habitable al igual que el Cibao y el País.
Junta Directiva