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La empresa Barrick Gold tiene un grandioso proyecto de explotación del oro que aún queda en la mina de Pueblo Viejo, Cotuí. El Estado saldría beneficiado con el 50% de las ganancias, pero sólo después que la firma recupere los 2 mil 700 millones de dólares de la inversión. Esto podría ocurrir después de 5 ó 7 años.
Los beneficios para ambas partes no serán iguales. A los siete años de explotación de la mina el Estado Dominicano comenzará a recibir recursos, cuando la empresa alcance una rentabilidad del 10%. Mientras tanto, todo depende de los precios del oro. Las reservas que quedan en Cotuí se estiman en 13.4 millones de onzas de oro. El tiempo estimado de extracción es de 25 años, pero la empresa Barrick Gold confía que en los primeros cinco años se habrá recuperado la inversión. Es un buen acuerdo para ambos.
El negocio es tan optimista que la Barrick dice haber invertido alrededor de 800 millones de dólares antes de que el Estado diera por aprobado el contrato. Ya han realizado una labor asombrosa en la fase de pre-instalación. El perímetro de operación es muy grande, pero no queda claramente definido cómo se resolverá lo que los técnicos llaman “el pasivo ambiental”, vale decir, los daños ecológicos a la zona.
El costo de recuperar los daños previos ocasionados por la mina Rosario Dominicana, es de 75 millones de dólares. Es responsabilidad del Estado, aunque Barrick Gold ha ofrecido el 50%, 37.5 millones de dólares, sólo y si el Estado aporta la otra mitad. La empresa se ha comprometido con el menor daño posible al medio ambiente.
El Ministerio de Medio Ambiente ha reaccionado muy tarde respecto a este tema. Sostiene que la Barrick debe asumir por completo el pasivo ambiental heredado. Y tiene razón, así debió incluirse en el contrato. No parece haber comunicación entre los ambientalistas oficiales y los del Ministerio de Hacienda.
El pasivo ambiental depende ahora de la buena voluntad de la Barrick Gold. El ministro Jaime David Fernández ha dicho que la empresa debe asumir todo el costo del restablecimiento de los daños causados por explotaciones anteriores.
La comunidad está reclamando solución. La responsabilidad estatal es grande. Si no se hubiese firmado con la Barrick aquello sería de exclusiva responsabilidad estatal. El Ministerio de Medio Ambiente debía ser protagonista en la atención al pasivo ya existente, y contar con la colaboración de la firma minera canadiense, que en un acto de responsabilidad social, debe ayudar más.
Via: Clave Digital
