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La ministra ecuatoriana de Medio Ambiente, Lorena Tapia, denunció hoy la «campaña sucia» contra el Gobierno de su país iniciada por la petrolera estadounidense Chevron, que pretende con «mentiras» exigir a Quito que asuma la indemnización por el desastre ecológico en la Amazonía.
En una entrevista con Efe, la titular de Medio Ambiente aseguró que «Ecuador quiere llegar hasta las últimas consecuencias» en el proceso abierto por Chevron y destacó que figuras de todo el mundo apoyan al país andino y están visitando el pozo de petróleo que operó la empresa hasta 1990 para comprobar los daños.
Según explicó Tapia, presente en la conferencia del Clima de Naciones Unidas que se celebra en Varsovia, existen 2 millones de hectáreas seriamente afectadas por la «explotación petrolera irresponsable» de Chevron-Texaco, con brea y residuos de crudo que testimonian el paso de la petrolera estadounidense.
«Esa explotación se produjo cuando la normativa ambiental en Ecuador era débil y no existía un Gobierno que defendiera los derechos de los ecuatorianos», explicó.
La corte ecuatoriana ha declarado que Chevron ha de pagar 9.000 millones de dólares de indemnización, aunque la compañía petrolera argumenta que en 1997 firmó con el Gobierno ecuatoriano un convenio sobre protección de inversiones que pretende hacer retroactivo ante los tribunales de Estados Unidos para obligar al Estado ecuatoriano a asumir esa indemnización a las víctimas.
«Chevron ha mentido», señaló Tapia, quien destacó el «triunfo» que supone que los tribunales estadounidenses hayan autorizado al país latinoamericano el uso de documentación mantenido en reserva por la petrolera.
«Además nos hemos visto obligados a intervenir porque Chevron ha iniciado una campaña sucia contra el Gobierno de Ecuador, desprestigiando nuestra imagen, diciendo que como Gobierno hemos intervenido en el juicio. Esto ha hecho necesario defendernos y contarle al mundo lo que ha pasado realmente», añadió.
Entre 1964 y 1990, Chevron-Texaco extrajo crudo en las actuales regiones de Sucumbíos y Orellana, y Ecuador achaca a la empresa graves daños medioambientales.
