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En un plazo de 15 días los ocupantes ilegales del Refugio de Vida Silvestre Bahía de Luperón, en Puerto Plata, deberán retirarse de esa área protegida, ante el “significativo daño ambiental” causado en un humedal ubicado dentro de esa área protegida.
Así lo indicó el Ministerio de Medio Ambiente al notificar la medida, cuyo plazo inicia el próximo lunes, a los ocupantes en el humedal ubicado en el sector Mangles Abajo.
La entidad sostuvo en un comunicado que la medida fue tomada en el marco del segundo recorrido de inspección realizado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, quien observó los daños en la zona y, junto a la comisión que lo acompañó, definió las acciones que se aplicarán para proteger el área y, sobre todo, prevenir futuras invasiones.
El ministro también informó que se solicitará el apoyo del Ministerio de la Presidencia para el manejo social de las personas afectadas por estas medidas, y se acordó una reunión el próximo 14 de noviembre con el objetivo de buscar soluciones viables para las familias que deberán abandonar el área protegida dentro del plazo establecido. Posteriormente, se llevará a cabo la demolición de las viviendas abandonadas o desocupadas.
Henríquez dijo que otra de las medidas adoptadas incluye la puesta en marcha de un plan de comunicación para informar a la comunidad local y a los turistas sobre las acciones que se ejecutarán, con el fin de promover el desarrollo de la bahía Luperón como un destino turístico ecológico y sostenible.
La recuperación de este humedal es una acción crucial para preservar la biodiversidad en la bahía Luperón, así lo dejó establecido el ministro en el primer recorrido realizado. “Esta es una zona costera de vital importancia para la economía local y un hábitat adecuado para especies como el manatí y diversas aves marinas”, expresó Henríquez sobre esa zona, que también es un entorno de mucha relevancia por sus manglares y praderas marinas, las cuales ayudan a mitigar el impacto de huracanes.
Informe
En el informe preliminar se estableció que los ocupantes de la zona son alrededor de 200 personas, que vertían desechos sólidos directamente en el humedal y en sus áreas circundantes. Además, construyeron una pared que canaliza aguas, lo que contribuye a la acumulación de basura en el ecosistema y genera un grave impacto ambiental.
Dicho delito ambiental constituye una violación clara de lo establecido en la Ley Núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y, por consiguiente, de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas Núm. 202-04. El ministro de Medio ambiente ha reiterado que su gestión hará frente a cualquier violación de la normativa ambiental.
El ministro realizó el segundo recorrido acompañado por los vicealmirantes Agustín Morillo, comandante general de la Armada Dominicana; Luis Lee Ballester, director general de Migración; el general Ángel Camacho, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), y el equipo de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente.
