Mayoría de las parcelas en litigio en Bahía de las Águilas está ya en manos de grandes inversionistas

Samuel Ramia Sánchez, Manuel de Jesús Cáceres Genao, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya Nolasco tienen también la particularidad de haber sido apoderados del caso no por Medina, quien los ratifica, sino por el entonces procurador Radhamés Jiménez Peña el 7 de mayo de 2012. Dato que hace presumir que la negociación oficial de Bahía de las Águilas, con sus actuales características, es anterior a la propuesta de “acuerdo transaccional” del pasado 15 de enero, cuyos detalles ha venido publicando 7dias.com.do.

En este último documento, donde los cabos “sueltos” abundan, no se menciona el papel que cumplirán estos abogados. 7dias.com.do realizó este lunes ingentes esfuerzos, finalmente fracasados, por conseguir el acto de Jiménez Peña mediante el cual los designa representantes del Estado y del Instituto Agrario Dominicano en la litis. Anoche, a las 10:35, la Procuraduría comunicó que no pudo encontrar el documento solicitado, imposibilidad que, en aparente prueba de diligencia, certifica la Secretaría General de la entidad. Pese a que se les proveyó la fecha, insisten en reclamar la numeración del acto con la absurda excusa de que el archivo es numérico, no cronológico.

¿Qué se esconde detrás de todo esto?

Al parecer, se esconden dos cosas principales. Una, que salvo escasas parcelas que podrían ser aún objeto de litigio entre particulares, casi la totalidad de las que entraron en el expediente de Bahía de las Águilas están hoy en manos de millonarios inversionistas, fundamentalmente extranjeros, que compraron a parceleros y testaferros con la absoluta conciencia del final feliz que esperaba a sus capitales. Otra, la voracidad económica de un gobierno que prefiere la truculencia ganancial al cumplimiento de su responsabilidad con el patrimonio público.

Fuentes que a 7dias.com.do le merecen entero crédito explicaron que no es tal la aparente contradicción entre las opciones de los “dueños titulares” de las tierras de Bahía de las Águilas de constituir “sus” bienes en fideicomiso y la de poder conservar “los derechos de propiedad”, planteadas en los puntos uno y siete del acuedo transaccional. Cualquiera de las dos opciones le asegura al gobierno el ingreso de un 55 % del precio a que sean vendidas estas propiedades. Es decir, el control, y mayor tajada, del negocio hecho ya por lo bajo por los “titulares” de las parcelas y que ahora el acuerdo transaccional viene a legalizar.

Las fuentes señalan otro punto no menos relevante: cuál será el precio de venta reconocido a las parcelas, si el de los tasadores de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o el del mercado, invariablemente dispares. El “acuerdo transaccional” no arroja luz al respecto, pese a involucrar el monto de los recursos que irán a para a los bolsillos del gobierno. Compradas ya por los grandes y pacientes inversionistas, la mayoría de estas ventas serán legalmente ficticias. Pantomima que dejará pingües beneficios a un gobierno que tiene la sartén por el mango.

Ni siquiera la exclusión de los ministerios de Turismo y Medio Ambiente es un deliz o novatada, sino parte calculada del negocio. Excluídos en esta fase quedan también librados de la obligación formal de fijar reglas (¿sine qua non?) para el  desarrollo de cualquier proyecto turístico o de temas aún más neurálgicos, como los medioambientales. Mientras menos ruido, mejor.

El negocio es redondo, opinan las fuentes de 7dias.com.do, y viene a confirmar la opinión generalizada sobre la vocación corporativa del grupo político que ocupa el Palacio Nacional. Nada de sanear títulos ni de determinar, con la ley en la mano, qué es del Estado y qué no, o cuáles de las disputadas parcelas están dentro del parque nacional Jaragua y su dedicación a “proyectos de desarrollo” viola no solo la ley sino que amenaza un ecosistema primordial.

Vía: 7 Días