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El debate originado por el proyecto para establecer una cementera en el municipio de Gonzalo, provincia de Monte Plata, representa una buena oportunidad para revisar algunos requisitos y enfoques del llamado desarrollo sostenible.
A gran velocidad, el proyecto de la cementera ha tratado de saltar vallas institucionales en medio de una espesa oscuridad. El hecho de que no se conozca el alcance de la licencia ambiental concedida; ni del estudio de impacto ambiental, si es que existe, y los detalles del proyecto en sí, levantan una sospecha legítima. Pero lo que ya se comenta, de que la autorización de la cementera está unida a la concesión de explotación caliza en 25,000 tareas, que algunos dicen llegan a cerca de un kilómetro del Parque Nacional de Los Haitises, mueve a preocupación.
No favorezco que los terrenos cercanos al parque Nacional de Los Haitises se usen en el establecimiento de una cementera, ni en ninguna otra operación que ponga en riesgo un recurso como el agua, insustituible para la vida del ser humano y de la mayoría de especies del planeta tierra. Sin embargo, quiérase o no, en un espacio físico hay que fijar límites geográficos de hasta dónde somos estrictos sin permitir ninguna intervención, hasta dónde se permiten actividades selectas con regulaciones especiales, y hasta dónde se imponen reglas de conservación y manejo que puedan calificarse de tradicionales. En sentido general estamos hablando de zonificar los alrededores de los espacios protegidos, que conjuntamente con las cuencas hidrográficas deberían considerarse como prioridades del demandado ordenamiento territorial.
Lamentablemente, una de las grandes debilidades de la ley 202-04 sobre áreas protegidas, es que sólo define lo que son las zonas de amortiguamiento de los espacios protegidos, es decir, las que están fuera y próximo del núcleo de las áreas, sin ningún otro precepto o lineamiento que les dé carácter de ley. La ley 64-00, en su artículo 120 fue más previsora, asignándole a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) la responsabilidad del ordenamiento territorial del país, responsabilidad que ahora luce excesiva y que estimo debería transferirse a la nueva Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo.
La definición de los límites y usos apropiados de las zonas de amortiguamiento y sus alrededores debería concitar la atención prioritaria del gobierno y de tantas organizaciones que hoy en día claman por la conservación de las áreas protegidas. En el gobierno, organizaciones y comunidades hay capacidades de sobra para esa tarea. El uso de esas zonas representa la oportunidad para compensar a los desalojados de los espacios protegidos y a los pobladores de las zonas aledañas, con proyectos productivos y actividades de bienestar social, lo que ayuda a desactivar los conflictos que regularmente atentan contra la integridad de las áreas protegidas.
En lo que estas cosas se consiguen de manera ordenada, en el caso del proyecto de la cementera, lo más aconsejable es que la SEMARENA propicie diálogos directos, papeles en mano, donde salgan a relucir las bondades y defectos del proyecto.
El cacareado desarrollo sostenible tiene sus requisitos, pero uno de los más importantes es abrir con cautela las puertas de las vallas institucionales. Y hacerlo a la luz del día.
Por: Domingo Marte
Hoy Digital
