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Mucha noticia ha habido en estos días sobre el tema del “acuerdo transaccional” entre el Estado y las personas que alegan poseer derechos sobre parcelas de la provincia Pedernales.
Las reseñas se han centrado erróneamente sobre Bahía de las Águilas. No se trata de una amenaza a dicha playa, ¡NO! Se trata de un tema de mayor envergadura sin precedentes en la historia de la conservación de áreas protegidas en República Dominicana. Se pretende intervenir sobre la totalidad del territorio emergido del Parque Nacional Jaragua.
Hay que recordar que esta área protegida fue establecida el 11 de Agosto de 1983 mediante el decreto presidencial No. 1315, y su delimitación actual corresponde a la contenida en la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04, la cual fue confirmada posteriormente por el decreto 517 de 2009.
Según Grupo Jaragua, en la “Denuncia ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales sobre Demarcación y venta de terrenos dentro del Parque Nacional Jaragua” (mayo de 2011), el área protegida “forma parte de las áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación (UNESCO) en 2002. Es además una de las Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICA) de la República Dominicana, y un Área Clave para la Biodiversidad (KBA)… representa de manera única e incomparable la naturaleza prístina de las Antillas, particularmente de los ecosistemas áridos y costero-marinos. Contiene numerosos ecosistemas, desde distintos tipos de bosques naturales hasta playas, costas rocosas, humedales, pastos marinos y arrecifes de coral. Es además una muestra singular de ecosistemas pertenecientes a importantes provincias biogeográficas de La Española y las Antillas, que han servido como centros de especiación para el resto del Caribe. Esto hace que su flora y su fauna sean únicas, encontrándose altos niveles de endemismo (o sea, especies que solo existen ahí).”
A juzgar por el mapa mostrado arriba, y aun reconociendo las limitaciones en cuanto precisión cartográfica, y consultado el Poder Especial al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo (P.E.No. 7-13), no cabe duda de que el Parque está amenazado. Nótese que las parcelas catastrales del AP son, especialmente, la 215-A (prácticamente en su totalidad dentro del PN) y la 215-B-3, así como la 215-B-1 y la 215-B-4.
El Poder cita varias parcelas dentro de la denominada 215-A y la 215-B-3. Llama la atención que dicha relación no transcribe los números consecutivos en todos los casos; por ejemplo, de la parcela 215-A-31 se pasa a la 215-A-35, también se excluye la terminada en 45, así como desde la 55 a la 64, y de la 72 a la 81.
Consumar este “acuerdo transaccional”, y ejecutar un plan de desarrollo que reduzca la calidad ambiental de este recurso, además de que sentaría un mal precedente, supondría la destrucción de estos ecosistemas únicos.
Sería deseable que las autoridades mostrasen información cartográfica sobre este tema, para que podamos hacernos una idea de la magnitud del problema.
Como se ve, no se trata del “caso Bahía de las Águilas”, sino del conjunto del Parque Nacional Jaragua. Se distrae a la opinión pública cuando se refiere a dicha playa exclusivamente. Estamos hablando de un territorio mucho mayor, con muchos atributos naturales y con la misma o mayor fragilidad que la Bahía.
