Los oídos en el corazón del pueblo

El gobierno está en el deber de revisar la concesión que permite la instalación de una fábrica de cemento en el área de influencia del Parque Nacional de los Haitíses, frente a la amplia oposición que ha generado en instituciones y personalidades vinculadas a la defensa del medio ambiente, que en vez de disminuir ha ido en aumento en medio de un debate desbordado por la acritud.

 Esta semana los grupos ecologistas y populares incrementaron sus actividades contra la instalación, incluso con movilizaciones en diversas partes del país, en Nueva York y hasta en Madrid. Y se sumaron a los cuestionamientos la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), institución con muchos años y ganado prestigio en la defensa del medioambiente.

 Un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, dado a conocer el viernes en la misa conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente, pide suspender los trabajos de instalación de la cementera hasta que un organismo internacional reconocido audite los datos existentes y emita una opinión. Reconoce que aunque la concesión esté fuera del parque “estas empresas generalmente impactan negativamente el medio ambiente, no importando su ubicación”.

Por su parte la SOECI planteó a las autoridades que excluyan de la concesión las áreas correspondientes a la formación kársticas de la zona, “esté fuera o dentro del perímetro de protección del parque”, sosteniendo que por el valor ambiental, hidrológico y paisajístico del espacio deben realizarse los reajustes que sean necesarios en el mapa de la concesión para garantizar la preservación de la zona. Agregan que la actividad de explotación minera autorizada es precisamente una de las de más alto impacto y daño ambiental.

Esas dos posiciones dan casi toda la razón a una apreciable cantidad de instituciones y personalidades, así como a numerosos medios de opinión pública que han venido sosteniendo la inconveniencia del proyecto, encabezadas por La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Academia de Ciencias, el Consorcio Ambiental Dominicano, el Grupo Jaragua, Espeleogrupo y personalidades, aparte del Movimiento Campesino de Comunidades Unidas y numerosas organizaciones juveniles y populares.  Hace rato que se cayó el argumento fundamental de la Secretaría de Medio Ambiente, funcionaros gubernamentales y de la propietaria del proyecto el Consorcio Minero Dominicano, en el sentido de que la fábrica de cemento y el área de donde se extraerán materiales mineros están fuera del parque nacional. Tampoco se han podido sostener las simples descalificaciones de los cuestionamientos a la concesión, que son básicamente técnicos y legítimos.

En esencia se sostiene que aún fuera del área bajo protección, esa explotación minera y la contaminación que genera una fábrica de cemento impactarán  sobre la formación geológica e hídrica y sobre la biodiversidad de la principal área protegida y la segunda fuente acuífera del país, de la que de alguna manera depende el 40 por ciento de la población  nacional, en las regiones sur y sureste.

Dada la importancia del parque y la naturaleza de la explotación, y de cara a la oposición que ha despertado, tanto al gobierno como al Consorcio Minero les conviene despejar los cuestionamientos con argumentos científicos convincentes, o trasladar el proyecto a otro lugar. Nadie puede olvidar que un primer estudio de la Secretaría de Medio Ambiente fundamentó las objeciones que se sustentan, aunque otro posterior las desechó.

 La defensa del proyecto ha cometido errores fundamentales como persistir en lo que no se discute, que la concesión está fuera del área protegida, descalificar y denostar a los objetores y hasta en dar por cerrado el caso porque ya las autoridades así lo decidieron. Además de que dilataron excesivamente en poner a disposición de todos los estudios técnicos que sustentan sus posiciones.

Desde luego, algunos de los objetores han incurrido en excesos de acusaciones y hasta insultos tanto a las autoridades, encabezadas por el secretario Jaime David Fernández Mirabal, como los promotores del proyecto, reconocidos empresarios, no los aventureros  que estamos acostumbrados a encontrar disfrazados de inversionistas.

Corresponde al doctor Fernández Mirabal dar el primer paso y aceptar la revisión del proyecto, buscando asesoría de algún organismo internacional, ya que las principales instituciones nacionales del área tienen posiciones definidas. Como el dilecto político ha sostenido siempre “hay que colocar los oídos en el corazón del pueblo”. Le llegó el momento de ser coherente con tan sabio planteamiento político.

Por: Juan Bolívar Díaz
Hoy Digital