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La central generará 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río Xingú, afluente del Amazonas, e inundará 516 kilómetros cuadrados de selva, lo que obligará a abandonar sus tierras a unas 50.000 personas.
«El Gobierno de Brasil no respeta los derechos humanos de los indígenas ni sus propias leyes. Pedimos que el mundo apoye nuestra causa para no desaparecer», proclamó con vehemencia la líder indígena Sheyla Juruna en una rueda de prensa celebrada en la ciudad brasileña de Manaos.
Las obras de la hidroeléctrica, que comenzaron este mes de marzo en el municipio de Altamira (Pará), causarán daños irreparables al ecosistema y a las condiciones de vida de indígenas y campesinos que habitan en las márgenes del río Xingú, según numerosas organizaciones no gubernamentales.
El Ministerio del Medio Ambiente ha negado en varias ocasiones un impacto ecológico del proyecto, que define como uno de los «más importantes» para el sector eléctrico brasileño.
Juruna afirmó, sin embargo, que la obra es un «proyecto engañoso» que sólo beneficiará a «pequeños grupos capitalistas», y emplazó a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a impulsar proyectos alternativos a la construcción de la hidroeléctrica.
«Brasil necesita desarrollo, pero de forma sostenible y respetando a los pueblos indígenas», manifestó la líder indígena, ataviada con la típica vestimenta de su comunidad, durante el II Foro Mundial de Sostenibilidad, que se celebra en Manaos, capital del estado de Amazonas.
Juruna denunció la «farsa» del Gobierno brasileño por afirmar que la construcción de la presa no afectará a las comunidades amazónicas y advirtió de que los pueblos indígenas recurrirán a la «fuerza» para defender sus territorios.
Según cálculos del Gobierno, la hidroeléctrica, que costará unos 10.600 millones de dólares (7.500 millones de euros), será la tercera mayor del mundo por detrás de la de Tres Gargantas (China) y de la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.
En la lucha por la «supervivencia» de su territorio, Juruna contó hoy con el apoyo del director de cine James Cameron, quien criticó a Rousseff por continuar adelante con el proyecto de la hidroeléctrica a pesar de que, según afirmó, la obra no cuenta con apoyo popular.
«Esta gente tiene sangre brasileña y forman parte de la cultura del país», manifestó el premiado cineasta, que ha abrazado la causa de los pueblos amazónicos y el año pasado participó en protestas contra la construcción de Belo Monte.
Cameron anunció que los próximos cinco años rodará varios documentales para mostrar los desafíos a los que se enfrenta la humanidad y concienciar de la necesidad de impulsar un desarrollo sostenible, además de reiterar que filmará la segunda parte de la exitosa «Avatar».
«Preferimos tener un extranjero que defienda nuestra comunidad y nuestro país que un Gobierno que destruya nuestro pueblo», declaró Juruna en alusión a Cameron, en una rueda de prensa a la que asistieron varios «sabios» indígenas, considerados como la máxima autoridad de esos territorios.
El cacique Kayapó, otro dirigente indígena, alertó de que la obra de Belo Monte «romperá» el ritmo natural de la fauna del río Xingú y obligará a la comunidad a buscar otra fuente de alimentación ante la eventual emigración de las especies que habitan en él.
«Todo será destruido. El Gobierno lo sabe porque nosotros le hemos informado, pero no quieren oír porque sólo piensan en el dinero que van a ganar con este proyecto», dijo el cacique Kayapó, que se expresó en una lengua de la selva amazónica.
El cacique confesó sentirse «lleno de rabia» contra aquellos que apoyan la construcción de la represa y contra los que no respetan los derechos humanos de su pueblo.
Como gesto de agradecimiento a Cameron por su apoyo a la causa indígena, el cacique calificó al director de cine como «Kaprinbtí», que en el idioma tribal de los kayapó significa «hombre fuerte y mágico».
