Los Haitises Otra Vez

Operativos militares realizados por orden de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las consecuentes reacciones de los afectados, han puesto de nuevo en primer plano al Parque Nacional de Los Haitises.

Confío plenamente en la capacidad y conocimiento del Subsecretario de Areas Protegidas y Biodiversidad, Ing. Eleuterio Martínez y del equipo técnico de esa dependencia. Confío también en la buena intención del Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de hacer cumplir las leyes y hacer un verdadero aporte por la conservación de nuestro patrimonio natural.

Pero estoy convencido que las acciones emprendidas actualmente en los Haitises no están correctamente orientadas, no contribuyen a la solución del problema ambiental y social de dicha área protegida y su entorno, y por el contrario, vienen a dificultar aun más la gestión y conservación de tan importante espacio protegido.

Los operativos consisten en incursiones de patrullas militares que rompen alambradas, arrancan plantaciones, destruyen ranchos, incautan bienes y detienen a los agricultores que encuentren a su paso, dentro del territorio que consideran parte del Parque, ya que sus límites no están físicamente señalados.

Ese tipo de acciones han sido realizadas en varias ocasiones en el pasado y no han resuelto el problema, porque son insostenibles, unilaterales y no toman en cuenta otros aspectos de la solución que han sido planteados en innúmeras ocasiones.

Los Haitises hay que conservarlos, con su bosque natural, sus recursos naturales y culturales y el extraordinario aporte de agua a uno de los acuíferos más importantes del país que proporciona agua a casi el 40% de la población dominicana. Eso no puede estar en discusión.

Para conservarlo hay que facilitar alternativas de subsistencia a las miles de familias que vivían y siguen viviendo de la producción en el Parque o en su zona de amortiguamiento.

Estas alternativas fueron definidas desde los desalojos del 1991-1992, y asumidas por el Estado como un compromiso que nunca ha cumplido.

El Estado debe cumplir con las familias afectadas que sobreviven en la pobreza más espantosa.

Solo después de haber honrado los compromisos y de paso asumir el rol social que le compete, se justificaría y sería además necesario mantener una vigilancia extrema y no permitir el más mínimo de intervención en Los Haitises, a menos que sea compatible con su objetivo principal que es la conservación.

Primero cumplir con quienes tienen un derecho por sus mejoras destruidas o abandonadas, pero sobre todo un derecho a una vida decente y a un sustento seguro. Luego, aplicar la mano dura para hacer respetar las leyes mediante un sistema de gestión civil, sustentado en conocimientos técnicos y la solidaridad social y donde la mano militar solo sea aplicada para situaciones puntuales de violación flagrante.

No es cierto que con los campesinos de Los Haitises se haya cumplido. Solo una parte muy pequeña de los desalojados recibió alguno de los tres componentes de la compensación y quedaron pendientes los demás. Así a medias no habrá nunca garantías de que el afectado pueda romper su dependencia de los recursos del Parque.

Los componentes de la compensación son tres: pago por las mejoras o los cultivos destruidos, reposición de una vivienda fuera del parque y entrega de tierras, recursos y asesoría para poner a producir esa tierra.

Solo a parte de los desalojados que se ubicaron en Los Hatillos de Hato Mayor y el Catey de Sánchez, se les entregaron los tres componentes, e incluso a algunos de estos se les quedó debiendo el pago o parte del pago por los cultivos destruidos. Pero estos representan una cantidad mínima con respecto al total de desalojados.

No es cierto que los escasos desalojados que recibieron compensación completa, es decir pago, viviendas y parcelas, hayan vuelto a Los Haitises a seguir depredando. Existen casos aislados con esta inconducta, pero no es lo que predomina.

Con la mayoría de los afectados nunca se ha cumplido y por eso siguen procurando su vida dentro o en el entorno del parque.

Es cierto que también existe una red de traficantes que promueve el cultivo en la zona protegida, sobre todo de yautía, a estos hay que enfrentarlos, pero sin confundir unos con otros. Las familias sepultadas en la miseria más espantosa no deben recibir el mismo trato de los delincuentes.

El Estado tiene y siempre ha tenido la solución en sus manos.

Tiene tierras de sobra en todo el entorno del Parque que pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar y que están siendo ocupadas o repartidas alegremente a privilegiados. En el gobierno pasado se regalaron más de 6,000 hectáreas a una sola persona, con las cuales se hubiera resuelto casi la mitad del problema de los Haitises. En la actualidad parece que se negocia la entrega de otra porción que algunos estiman en más de 28,000 tareas para una empresa que pretende instalar una cementera.

Por dos ocasiones se identificaron tierras para asentar a los afectados, una en el período 1996-2000 y otra en el período 2000-2004, y en ambas ocasiones las tierras fueron utilizadas por los partidos de turno en el poder, para repartirlas entre seguidores como parte del festín clientelista durante las campañas de medio término, olvidando los compromisos contraídos.

No es falta de tierras, es falta de voluntad política. Si aparece para el proselitismo o para el favoritismo, debe aparecer la tierra necesaria para familias sumidas en la pobreza, con lo cual al tiempo de hacer una muy justificada acción social se esta contribuyendo a conservar un área de tanto valor estratégico para la nación.

En cuanto a las viviendas, se construyó un proyecto en Batey Sánchez para los desalojados de Los Haitises el cual fue ocupado cuando el ciclón Georges por personas ajenas al Parque. El Estado invierte alegremente en proyectos que nadie ha demandado, y porqué no puede hacer uno o varios residenciales para estas familias afectadas, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y a conservar tan valioso patrimonio natural y cultural.

Se cuantificó hace varios años que el pago pendiente era de unos 152 millones de pesos, se han hecho algunos pagos, pero aún faltan otros. Hay que revisar y actualizar el monto que debe ser entregado. 152 o mil millones no son nada para el valor que se resguarda en Los Haitises y si es para contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de dominicanos marginados, es una inversión más que justificada en un país donde se despilfarra el dinero en la compra de tránsfugas, en nominillas clientelares y en botellas.

La solución al problema de los Haitises debe contar con las organizaciones de campesinos de la zona. Estas han demostrado su autenticidad por años. Puedo afirmar, con conocimiento de causa, por los años que fui Director de Áreas Protegidas, que sin la alianza con el Movimiento Campesino de las Comunidades Unidas –MCCU-, no hubiera sido posible conservar del parque lo que ha quedado conservado.

La acción coyuntural y efectista no debe sustituir la gestión integral. Las operaciones militares no deben sustituir la institucionalidad establecida. Los Parques deben seguir siendo gestionados por la instancia técnica que la ley ha previsto para estos fines.

La solución al problema de Los Haitises esta perfectamente planteada en el Decreto 17-06 emitido por el Presidente Leonel Fernández en enero del 2006.

¿Porqué acudir entonces a métodos insostenibles, que agudizan los problemas, en lugar de aplicar la solución contenida en ese decreto con el que todos los sectores están de acuerdo?