Los 7 errores de Loma Miranda

Ha tocado a nuestra generación ser testigo de un nuevo capítulo en la lucha que enfrenta los intereses de quienes persiguen el bien común (vale decir, la defensa de los recursos naturales) y aquellos que entienden que con su aprovechamiento particular están «favoreciendo al desarrollo».

En esta etapa fervorosa se produce la observación por parte del poder ejecutivo de la Ley que crea el «Parque Nacional Loma Miranda», que viene de transitar un inusual camino en el Congreso Nacional, toda vez que fue respaldada por el 99% de los legisladores, de todas las bancadas y colores.

En una escueta carta remitida a la presidenta del Senado, el presidente Medina hace uso de una serie de argumentos verosímiles, pero muchos de ellos «adaptados al contexto» de modo forzoso y poco prudente. Ese texto, así como en su accionar desde que se iniciara este escarceo entre ambientalistas, religiosos, ONGs, políticos y empresarios, el presidente se expone a sí mismo ante una serie de errores por los que el Estado (y el Gobierno) han permitido que lleguemos a un punto de polarización -casi sin retorno- a
saber:

1- El fallo económico:

Darle aquiescencia a quienes -por boca de ganso- han puesto hasta cifras de miles de millones de dólares sobre una supuesta «indemnización» en la que estaría «obligado» a incurrir el estado de aprobar la Ley de marras, no es más que una forma de condicionar la opinión pública con una amenaza velada que parte de la falsa premisa de que esos terrenos valen lo que FALCONDO
dice que valen y, peor aún, como si las supuestas riquezas que alberga fuesen de propiedad privada, cuando la mismísima Carta Magna dice -en su artículo 14- que son «patrimonio de la Nación», de modo que, de ser tal el valor atribuido, entonces a lo mejor el estado debe exigirle a Falcondo-Xtrata que pague el justo valor por esta «concesión». 

Aspirar a que los precios del ferroniquel se mantendrán en alza y que siempre «será viable» esta concesión minera, es una obra de ficción que las propias estadísticas de la minera se han encargado de desmentir en sus decisiones recientes (como el cierre de operaciones que sufrieron hace unos años).

2- La debilidad ambiental:

Está de más insistir en las debilidades y controles medioambientales que aún afectan al país, pues de no ser así, la propia minera (Falcondo-Xtrata) hace rato estuviera en el banquillo de los acusados o a lo mejor trabajando afanosa y forzosamente por remediar el descomunal daño ambiental que ha ocasionado en décadas de explotación minera con escasa o débil responsabilidad ambiental. El Ministerio de Ambiente debió llevar la voz cantante en este NO rotundo que le ha dado la sociedad a las aspiraciones de la minera.

Esta debilidad pudiera ser convertida en fortaleza si de algún modo el estado tomara la iniciativa de demandar por las vías de derecho que los planes de mitigación y remediación ambiental de la actual explotación en «La Peguera-Ortega» sean cumplidos como se estipula. Este hecho sería en si mismo la mejor prueba de buena voluntad y responsabilidad ambiental.

3- El AutoGol:

Tal parece que el Estado Dominicano no termina de aprender la lección a la hora de permitir que le «revendan» a precio grosero aquellos bienes y servicios que ha cedido a precio de vaca muerta, basta recordar los infaustos capítulos de las EDES, la concesión vial a Samaná, los continuas estafas relacionadas con las tierras para edificaciones escolares, y otras muchas, en las que el Estado primero SEDE de forma absurda sus derechos a cambio de nada, o casi nada, y luego, para recuperarlas; tiene que pagar onerosos costos como si se tratara de una «transformación milagrosa».

4- El error político:

Al utilizar argumentos legales para dejar abierta la posibilidad de que un pedazo del territorio sea «explotado» para minería, aún cuando es harto demostrado que el mismo conlleva un rotundo rechazo social (lo que haría cualquier proyecto inviable, de acuerdo a la mismas Leyes que se invocan) es un acto de sacrificio innecesario para un presidente cuyos «números» no podrían ser mejores.

5- El vacío estratégico:

Haber permitido que la discusión, análisis y decisión sobre el tema Loma Miranda tomara los carriles que ha tomado, deja mucho que desear sobre la capacidad de previsión estratégica de un gobierno cuyo partido controla mayoritariamente el congreso bicameral. Desde las contradicciones y acusaciones surgidas entre Senadores y Diputados del propio partido al fragor del conocimiento de las propuestas de esta Ley  hasta este «veto» a una legislación que ha sido aprobada por la casi totalidad de sus propios adeptos, son síntomas muy negativos sobre los «controles de proceso» que tiene el gobierno morado.

6. El desenfoque legal:

Cuando el presidente cita truncamente el artículo 17 de la Constitución en el sentido de que «los recursos naturales deben ser aprovechados…», al parecer obvió poner el párrafo íntegro:

«Artículo 17.- Aprovechamiento de los recursos naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley.» (vale decir, que si UNA LEY emanada del Congreso así lo decide, entonces esa «explotación» se revoca»).

Al hacer tanto hincapié en el cumplimiento de sus premisas, sería fantástico si además nos abocáramos a reclamar la aplicación urgente del acápite 2 del mismo artículo cuando dice: «Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales»

Del mismo modo es un poco cuesta arriba aceptar el argumento esgrimido en esta carta al Congreso, en el sentido de que se violenta el Artículo 51 de la Constitución al «irrespetar la propiedad privada», pues visto así simplemente no será posible la creación nunca jamás de ningún otra área protegida, toda vez que cada pulgada de este país ya tiene dueño.

7. El séptimo error podemos definirlo como: «Poner el candado después del robo».

A lo mejor si algo es positivamente rescatable de la carta del mandatario, es el llamado al poder legislativo para que proceda al conocimiento de una Ley de ordenamiento territorial como manda la propia Constitución, esto, si bien es algo así como untar el bálsamo luego de dar los golpes, es al menos una esperanza renovada para liberar nuevas oportunidades de reglas y orden
que impedirían, por ejemplo, que todas las áreas cordilleranas de esta media isla hoy estén concesionadas de forma burda y abusiva.

En definitiva: los gobernantes y el poder fáctico de este país deben tener muy claro que será remota, diminuta y altamente costosa la posibilidad de explotar Loma Miranda -con o sin parque nacional- de modo que deberían ahorrarse el tiempo y los millones que se invierten de uno y otro lado para promover este propósito y desistir de una vez y por todas de esa aspiración que no inspira más que el repudio de la gran mayoría del país.

Nelson A. Bautista
Coordinador
www.accionverde.com