Acción Verde | El Portal Ambiental de la República Dominicana Todo lo relativo al Medio Ambiente y Recursos Naturales con énfasis Cambio Climático y Areas Protegidas
La disminución de los sistemas acuáticos, de la cobertura boscosa y de la biodiversidad en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo) son producto de la irresponsabilidad política que no ha permitido la ejecución del plan de manejo y rescate contemplado para esta área protegida.
De acuerdo con Andrés Ferrer, secretario de la Fundación Moscoso Puello, este ha sido el resultado de la destrucción “impune” del activo ambiental más importante del Caribe.
La entidad forma parte de los grupos ambientalistas que han denunciado la actividad agrícola ilegal dentro del parque como la principal amenaza a los recursos hídricos de la reserva, una red que involucra 769 cuerpos de agua y una masa boscosa de 400 kilómetros que secuestra unas 1,200 toneladas métricas de CO2.
“Es irresponsabilidad política del Estado dominicano porque es el principal responsable político de las áreas protegidas. Y es responsable por sí mismo y por sus delegatarios. Es responsable de ellas por acción o por omisión. Las cuencas hídricas merecen especial atención. Está en la Constitución de la República, y ¿a quién responsabiliza la Constitución de la protección de las cuencas hidrográficas? A los poderes públicos: al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo y en caso de recursos para defender esos bienes, que son intangibles, al sistema judicial”, sostuvo el especialista en conservación y recursos naturales durante su participación en el Encuentro Verde de Listín Diario.
Es también irresponsabilidad política, afirma Ferrer, porque de Valle Nuevo existe una evaluación ecológica hecha en el 2002 y realizada enteramente en sociedad con el Ministerio de Medio Ambiente y por la academia, técnicos y científicos dominicanos que invirtieron cientos de horas en realizarla para arrojar a partir de ella un plan de conservación con el apoyo de organismos internacionales.
La intención de esa evaluación era “proveer la información necesaria a las autoridades responsables de las políticas de manejo y protección de las áreas protegidas”.
Revisada en 2006, dio como resultado el “Plan de conservación Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier”.
El plan fue ejecutado en el lindero norte durante la gestión de Francisco Domínguez Brito (2016-2018) y ahora, los ambientalistas le exigen a la cartera que dirige Ángel Estévez enfrentar la agricultura que se realiza sobre todo en la vertiente sur del parque que corresponde a la provincia San José de Ocoa.
Estudios de la FMP señalan que la destrucción de los bosques en el parque se incrementó de un área deforestada de unas 35,000 tareas en 1994 a más de 130,000 tareas para 2015.
Según Ferrer, el consejo de cogestión de área protegida, creado hace cinco años y presidido por el Ministerio de Medio Ambiente, ha entrado en un estado de inoperancia.
Integrado por la Fundación Moscoso Puello, el Jardín Botánico Nacional, la Fundación Propagás, el Museo Nacional de Historia Natural, The Nature Conservancy, la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, el Consejo Ambiental de Constanza, la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, la Fundación Sur Futuro y Rafael Collado (único miembro a título personal), el grupo opera como organismo asesor y colaborador del Ministerio.
La FMP colabora y acompaña al Estado dominicano en la conservación y protección de Valle Nuevo antes de que fuera declarado parque nacional, con las primeras normativas de manejo recomendadas por esta organización y establecidas hace 24 años en el decreto 88/95.
SECUESTRO DE RÍOS
Ferrer también denuncia el secuestro de la mayoría de los ríos que nacen en la vertiente norte del parque.
Y lo explica de esta forma: “Se llama secuestro cuando vas al nacimiento y le metes una tubería de 8 pulgadas y ese río ya no va a fluir por su cauce sino por esa tubería que tú la llevas ocho, nueve o diez kilómetros hasta tu predio dentro del parque, una tierra que no es tuya. Tampoco estás pagando por el agua. Estás entonces alterando el curso de agua, estás modificando la estructura de ese sistema, estás afectando la fauna y la flora asociada a ese sistema y estás infiltrando esa agua quizás en un terreno donde no se debería infiltrar puesto que no forma parte del cauce natural de ella. Y a la vez estás vertiendo petroquímicos y pesticidas que, luego de infiltrarse, a algún lado van a parar. Lo que sí es cierto es que si este nacimiento fluye con un metro cúbico de agua, por más que se infiltre y busque por dónde salir, ese metro cúbico no lo vas a ver jamás. Cuando ves redes de tuberías de presión de ocho pulgadas por ocho kilómetros, te preguntas cuánto cuesta eso. Millones de pesos, claro, algo que no puede hacer ningún campesino pobre”.
SISTEMA DE APARCERÍA
Se trata además, sigue Ferrer, de un sistema de aparcería en el que un cacique local le dice a locales y a dos o tres inmigrantes del vecino país: “Vamos a tumbar este bosque y lo sembramos. Ellos son mis asalariados, pero a partir de ahí yo le digo a este: ‘Tumba esas 10 tareas y hazte un ranchito y siémbralas, que yo te voy a prestar para que siembres y te voy a comprar lo que siembres y además te voy a ayudar a mercadearlo’. Esta es la construcción del problema social, que va a ser el escudo que protege al depredador de la acción del Estado y de la justicia. Somos cinco caciques y 395 personas sometidas a un régimen que puede ser considerado neoesclavitud, principalmente en el caso de los haitianos”.
Yvonne Arias, coordinadora del Encuentro Verde, agrega que cuando usas un escudo humano de este tipo, y encima los tienes en condiciones infrahumanas, sin muchos derechos y una gran cantidad ilegal -“y no viendo la ilegalidad como que queremos meternos en el asunto que tiene que resolver migración”-, mucha gente se confunde.
“Y los que se confunden acusan a esos que ya están maltratados por los grandes empresarios (que son los que se hacen ricos con ellos), porque ellos lo que ganan apenas es para sobrevivir con la comidita, quizá una o dos al día. A eso se le suma la mano de obra de niños y niñas”.
De acuerdo con Arias, un empoderado disminuye con estas acciones la capacidad de un ecosistema de brindar sus servicios ambientales.
“Y encima un país como el nuestro, que tiene acuerdos internacionales y que es parte de casi todas las convenciones y que incluso tiene un acuerdo RD-CAFTA , estamos produciendo en base a la ilegalidad, usurpación de terreno, del agua y daños a terceros y a una colectividad porque estás dañando la fuente de agua y compitiendo en una posición de deslealtad para con el productor que respeta las leyes y paga impuestos”.
DE INTERÉS:
— Ferrer destaca la labor de defensoría realizada por grupos como SOS Ambiente RD, “autores de la demanda de recurso de amparo en contra del aserradero en los tiempos de Bauta (exministro de Medio Ambiente), ganada en el Tribunal Constitucional, y más recientemente del recurso de amparo exigiendo el cumplimiento del Plan de Rescate, el cual también ganaron en el Tribunal Superior Administrativo”.
— La presión social a favor de la conservación de Valle Nuevo aumentó a través de las redes sociales a partir del incendio de 2015, cuando los grupos ambientalistas se opusieron a la creación de un aserradero en el área protegida. Para esa fecha, el Consejo de Cogestión había denunciado la pérdida de 120,000 tareas de bosques de pinos en esos últimos 12 meses por la ocurrencia de fuegos forestales “sospechosos” en el entorno de Valle Nuevo.
