El gobierno y la ciudadanía deben asumir un proceso de reclamos para que que sea revisado el contrato firmado por del Estado con la minera Barrick Gold para la explotación de los yacimientos de oro, plata, cobre, zinc y otros minerales en la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí.
“Es hora ya, de que el gobierno y la ciudadanía se coloquen del mismo lado: en defensa del interés ecológico del país y de los recursos económicos que justamente le corresponden al pueblo dominicano”, dice el editorial de la radioemisora Z 101, titulado “La Barrick Gold y un contrato para la historia”, el cual reproducimos a continuación.
“El contrato suscrito entre la empresa minera Barrick Gold y el gobierno Dominicano, ha suscitado toda suerte de opiniones, y ha dejado al descubierto una situación inexplicable, en la que tanto el Estado como la nación dominicana, aparentan ser los grandes perdedores.
El convenio, destinado a la explotación de la reserva aurífera de Pueblo Viejo, en Cotui, provincia Sánchez Ramírez, fue objeto de una alarmante enmienda por parte del congreso de la Republica que, de pluma y porrazo, anuló las cláusulas que destinaban los mayores beneficios para nuestro país, como dueño de ese recurso natural no renovable.
En una escaramuza sin precedentes, los señores legisladores eliminaron las mejores ganancias económicas que habría de recibir el pueblo Dominicano y, de paso, admitieron la responsabilidad del pasivo ambiental histórico externo a la mina, obligando al país a cargar con las aguas ácidas, metales pesados y los daños generados a las fuentes de agua que fluyen a la gran presa de Hatillo y al Rio Yuna.
¿Cómo explicarle a la nación que en el año 1975 los beneficios del Estado estaban indexados a los precios del oro en el mercado internacional, mientras que hoy se le ha negado ese derecho comercial?
Asimismo, ¿Cómo entender que para el año 1978, el Estado recibía 76 centavos de cada peso de beneficio producido por la comercialización del oro, en tanto que hoy, tan solo habrán de percibirse 3.2 centavos del retorno neto?
Pero lo más contraproducente y sospechoso, se desprende de los datos siguientes: En el año 2001, el Estado dominicano firmó un contrato de explotación con la Empresa Placer Dome, donde los beneficios se establecían en: un 3.2 de retorno neto, un 25% en utilidades netas y un 25% por concepto del Impuesto sobre la Renta, equivalentes en total a un 53% de beneficios para el país.
Sin embargo, de manera caprichosa y muy cuestionada, a finales del año 2009, el Estado y el gobierno Dominicano aprobaron una enmienda contractual que, elimina el 25% de participación en utilidades netas, “hasta tanto la empresa haya recuperado una inversión de 3,500 millones de dólares!”
¡Insólito! El estado dominicano renunció a las ganancias que envuelvan las utilidades de un 25% de la explotación del oro, y, de paso, decidió cargar con los daños antiguos de la Rosario Dominicana y con la degradación ambiental que generará este tipo de minería a cielo abierto!
Y como si esto fuera poco, la Barrick Gold quedara exenta de toda forma de impuesto o tributo, o de cualquier otra modalidad de pago!
Cuando se firmó el contrato con la minera Place Dome, en el año 2001, el precio de la onza de oro estaba cerca de 500 dólares, hoy, el nuevo precio sobrepasa los 1,500 dólares, y el país a penas obtendrá 3 centavos del retorno de fundición, producto de la venta de oro, de la plata, del cobre y del
Zinc, que también serán extraídos junto a las más de 20 millones de onzas de oro de esta mina que está valorada en más de 40 mil millones de dólares.
¿Quién responderá, en el orden ambiental, del arroyo Mejita y de los ríos Margajita y Maguaca, que desembocan en la presa de Hatillo y que serán irremediablemente contaminados por la acidez del hierro, cadmio, cobre y el plomo, impactando las fuentes acuíferas que nutren la vital y estratégica Zona arrocera del Bajo Yuna!
El objetivo principal de Estado es garantizar el logro del bien común y propiciar el bienestar social de las personas ¡Por medio de una administración pública eficiente y responsable!
El gobierno debe evitar las condiciones perjudiciales, que sin duda alguna, se verifican ampliamente en este contrato minero con la Barrick Gold , y la ciudadanía debe asumir la demanda inmediata de su revisión profunda que, a duras penas, nos aportará menos de 50 millones de dólares al año, si es que los precios del oro se mantienen en el nivel actual.
Es hora ya, de que el gobierno y la ciudadanía se coloquen del mismo lado: en defensa del interés ecológico del país y de los recursos económicos que justamente le corresponden al pueblo dominicano.
¡La Z-101 está y estará de su parte!
¡Empecemos ya la revisión completa de ese contrato!”
Vía: Z101