La Tierra busca abogados contra «ecocidios»

Las imágenes de la inmensa mancha negra de petróleo que cubrió el Golfo de México recorrieron el mundo como testimonio de uno de los más grandes desastres ambientales de la historia.

Otras, como las del «Gran Parche de Basura del Pacífico» –una gigante pila de desechos que flota en el norte de ese océano–, de los incontables árboles cortados en la Amazonia o de las arenas de alquitrán en Canadá, no tuvieron tanta repercusión, pero también atestiguan el precio que tiene la ambición humana.

Para impedir desastres similares y exigir justicia a nivel mundial, la abogada y activista Polly Higgins, radicada en Londres, presentó en abril de 2010 una propuesta legal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para considerar a los daños ambientales graves como un delito contra la paz, al que llamó «ecocidio».

La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada en 2002 para procesar casos contra cuatro tipos de delitos contra la paz: genocidio, crímenes de guerra, de agresión y contra la humanidad.

«Las legislaciones (nacionales) ambientales no cumplen con el propósito», dijo Higgins. «Tenemos un enorme daño y destrucción ocurriendo a diario, y se agrava, no decrece».

La propuesta de Higgins define «ecocidio» como «la vasta destrucción, daño o pérdida de ecosistemas de un territorio dado, sea por causa humana u otras, a tal grado que el goce pacífico de sus habitantes se vea severamente disminuido».

Higgins dijo que, en efecto, ella ve al planeta Tierra como «un cliente que realmente necesita un buen abogado».

«Reconocer el ‘ecocidio’ significaría una expansión de nuestro círculo de preocupación. Ya no sería solamente el daño de humano a humano, sino del humano a toda la comunidad de la Tierra», afirmó.
La abogada dijo que existía un círculo vicioso en las relaciones de la humanidad con la naturaleza: la explotación intensiva de los recursos agota y degrada los ecosistemas, lo que genera conflictos entre las personas, a veces armados. La guerra, a su vez, provoca daños a gran escala en el ambiente.

El deterioro ambiental masivo durante tiempos de guerra ya está prohibido. El artículo de «crímenes de guerra» en el Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, prohíbe «el daño a largo plazo y severo del ambiente» en ciertas condiciones.

La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles proscribe el uso del ambiente como arma en los conflictos armados.

La propuesta de Higgins busca extender esas prohibiciones a tiempos de paz.
Aunque hay diferentes vías para que un caso sea llevado ante la CPI, Higgins cree que los «ecocidios» probablemente se basarán en información presentada por organizaciones no gubernamentales y comunidades locales.

La propuesta es que la CPI castigue a los responsables de «ecocidio» y ordene la restauración del daño en vez del pago de multas, pena común en las legislaciones ambientales de muchos países.

Varias corporaciones concientes de las sanciones financieras simplemente incluyen a las multas dentro de su presupuesto de gastos, señaló la experta.

«Sin duda hay una brecha en la ley internacional» en materia ambiental, dijo David Hunter, profesor asociado de derecho en la American University.

El experto apuntó particularmente a la vulnerabilidad de los países del Sur en desarrollo, que afrontan significativos problemas ambientales pero carecen de robustos sistemas legales para vencerlos.

«Además de que se necesita algo así, que se expanda el derecho penal internacional y cubra los problemas ambientales atroces, creo que es una buena idea», dijo Hunter. «Ahora, si recibirá apoyo y cuánto durará ese apoyo, es otro tema».

El experto explicó que los delitos juzgados por la CPI son actos deliberados. La destrucción ambiental, por otra parte, es resultado de la negligencia. Además, estas acciones, como en el caso de la extracción de arenas de alquitrán en Canadá, deben ser consideradas ilegales a nivel local Algunos ven la propuesta contra el «ecocidio» como otro intento de «destruir la prosperidad, criminalizando las necesarias actividades económicas». Así opinó Wesley J. Smith, del Centro sobre Excepcionalismo Humano del Instituto de Descubrimiento.

En un artículo de opinión publicado en mayo de 2010 por el neoconservador The Weekly Standard, Smith señaló que «equiparar la extracción de recursos y/o la contaminación con el genocidio trivializa los verdaderos males como la matanza de Ruanda, los campos de exterminio en Camboya, los Gulag (campos de trabajos forzados en la Unión Soviética), y eleva los sistemas ambientales indefinidos al estatus moral de poblaciones humanas», añadió.

Pero Higgins dijo que esperaba mucha más oposición de la que ha recibido hasta ahora. «En cierta medida, estoy en el radar», afirmó con una sonrisa.

Para ser aprobada, la propuesta de «ecocidio» debe ser aprobada por al menos dos tercios de votos en la ONU y adoptada por todos los estados miembro.

Pero la propuesta de Higgins va más allá de disuadir actividades potencialmente destructivas y castigar a los perpetradores.

«Lo que necesitamos es crear amnistía», dijo, «dar un periodo de transición donde podemos ayudar a las compañías a pasar a ser limpias, con soluciones verdes, porque necesitamos la actividad de las grandes corporaciones» No se trata de juzgar a nadie, señaló. «Porque, de hecho, somos todos cómplices. La energía que viene a mi casa, por más que y quisiera que procediera de energías renovables, no es así. Si conduzco mi auto estoy usando combustibles fósiles», indicó.

Vía: Eco-Sitio