La situación, que también afecta a la agricultura, amenaza con recrudecer en los próximos meses debido a la negligencia de los gobiernos de los tres países en la planificación y mantenimiento de su infraestructura, así como la inacción en la protección de algunos de sus principales recursos de agua, encontró una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo, Diario Libre y Le Nouvelliste.

En este marco, el aprovechamiento del sector privado y la amenaza de la privatización, agravan la situación.

El caso más urgente fue detectado en Haití, que afronta la falta de agua potable para más del 40% de sus 11 millones de habitantes según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. La explotación y contaminación de las fuentes de abastecimiento son los principales retos que tiene el país.

Los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), que son los principales expertos internacionales en el tema, advirtieron en su último informe a mediados de 2018 que el cambio climático traería escasez de agua dulce para el Caribe en los próximos cinco a 10 años. Lo mismo anticiparon los científicos del Programa de Investigación Global de Estados Unidos (USGCRP), que por primera vez incluyeron un capítulo dedicado a sus territorios en la región.

A casi un año de estas advertencias, los tres países investigados continúan sin desarrollar planes para prepararse para esta crisis.

“Los cambios en los patrones de precipitación, la disponibilidad de agua dulce y la sensibilidad a la sequía hacen de las islas espacios sumamente vulnerables”, advirtió el documento del IPCC sobre las islas del Caribe y del Pacífico. Incluso, bajo el mejor de los escenarios – el de 1.5°C más de calentamiento – las amenazas relacionadas con el nivel del mar por salinización, inundación, inundación permanente, erosión y presión sobre los ecosistemas persistirán en las islas, agregó el informe.

En el Caribe no existe un solo país exento de este pronóstico, ya que toda la región muestra condiciones climáticas anormales asociadas a la sequía, sostuvo el investigador de la NASA, Pablo A. Méndez Lázaro. Asimismo, el experto en asuntos de agua Félix Aponte González, quien participó del informe del USGCRP, indicó que desde 2012 se registran sequías de mayor intensidad; 2016 y 2017 fueron los años más secos en los últimos 40 o 45 años.

La crisis mundial de acceso a agua potable se ha convertido en un problema tal que en muchos sitios ya se habla del Día Cero. Lugares como Ciudad del Cabo en Sudáfrica han logrado anticiparse a esta amenaza con medidas de conservación cómo poner límites al uso diario de agua por persona, según informa el gobierno de la ciudad. Asimismo, California tiene por ley desde 2001 un plan de agua para el control, protección, conservación, desarrollo y utilización responsable de los recursos hídricos para el estado. Este plan se actualiza cada cinco años.

En el Caribe, la investigación detectó solo un país que ha estado desarrollando estrategias dirigidas a buscar sostenibilidad, la isla de Dominica. En el 2017, tras la devastación del huracán María, Dominica creó la Agencia de Ejecución de Resiliencia Climática Climate Resilience (CREAD, por sus siglas en inglés) con un plan hasta 2030 que incluye el manejo del agua. Este plan incorpora potenciar plantas desalinizadoras con energía generada desde el mar logrando reducir los costos e impacto ambiental de la producción de agua dulce por esta vía.

Pero esta es la excepción, no la regla, encontró la investigación. En la región, las islas más pequeñas tienen limitados recursos naturales de agua dulce y algunas, como Curaçao, Aruba, St. Martin, St. Thomas y British Virgin Islands, usan plantas desalinizadoras costosas y contaminantes. Las islas más grandes, aunque tienen ríos y acuíferos abundantes por su topografía, han menguado sus reservas, como es el caso de Cuba. Además, el aumento en el nivel del mar asociado al cambio climático expone a los acuíferos dulces a la contaminación por intrusión salina.

Haití: sin gobierno y casi sin agua

En Haití, el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo según dijo en 2018 el Banco Mundial, la explotación ilegal de pozos, la contaminación del agua y el desgobierno son tres de los problemas que afectan la disponibilidad del vital recurso. El otro es la ausencia de un marco legal moderno de gestión del agua.

“El gobierno casi no existe”, dijo la abogada en derechos humanos Ellie Happel, quien dirige el proyecto contra la minería en Haití en la Global Justice Clinic del Center for Human Rights and Global Justice de la Escuela de Derecho de NYU. La letrada sostuvo que la falta de coordinación y de proyectos de protección del agua son dos de las principales amenazas a ese recurso en este país.

El ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Jobert Angrand, admitió en entrevista que los departamentos de su ministerio, el principal responsable de realizar estudios sobre la disponibilidad y preservación de los recursos hídricos, no funcionan.

“Estos departamentos no están haciendo su trabajo”, reconoció Angrand.

En Haití, muchos de los ciudadanos tienen que caminar varios kilómetros diariamente para abastecerse de agua. El país tiene la tasa de acceso más baja a instalaciones de suministro de agua y saneamiento en el hemisferio occidental. Ocupa el último lugar en el Índice Mundial de Pobreza del Agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de la necesidad, el país no tiene una política nacional de manejo de extracción y uso del agua.

Otro de los problemas que limita la disponibilidad de agua en Haití es la contaminación. La baja calidad del agua se convirtió en un riesgo para la población después del terremoto de 2010, cuando se propagó una epidemia de cólera en todo el país que todavía no ha podido ser detenida y que ya ha cobrado más de 10,000 vidas. Esta cifra corresponde solo a las muertes documentadas, y expertos sostienen que nadie sabe en realidad cuánto más ha sido la mortalidad por esta situación.

“El riesgo más inmediato es la contaminación fecal que existe en muchas áreas”, dijo Paul Christian Namphy, coordinador de la División de lucha contra el cólera de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA por sus siglas en francés).

Según la Estrategia Nacional para la Conservación y Tratamiento del Agua en el Hogar – 2018-2027 de DINEPA, en los análisis de la calidad del agua realizados entre 2014 y 2015 en los 10 departamentos del país a más de 300 recursos hídricos utilizados para el suministro de las poblaciones, el 68% de las fuentes y el 29% de las perforaciones están contaminadas por bacterias fecales de origen humano y animal (E. coli).

Cuatro leyes regulan el recurso en Haití, pero están obsoletas, no se respetan o el Estado no las hace valer. Las entrevistas realizadas a los funcionarios responsables dejan ver que es difícil determinar cómo se organiza el sector, quién tiene el poder para administrarlo, y pone en duda la capacidad y voluntad política de los líderes.

Por ejemplo, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, sabe que urge formular una política nacional sobre el agua desde 2017, año en que propuso una reforma para reducir los riesgos ambientales al agua. También dijo que urge responder mejor a las necesidades de la población y resolver los conflictos entre los diferentes sectores. Dos años más tarde, esto no ha ocurrido.

Asimismo, el director de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente Astrel Joseph, aseguró al ser entrevistado en marzo, que estaba trabajando en un plan nacional del agua que incluye a los ministerios y las empresas privadas, pero cuando se le solicitó copia de un borrador al Palacio Nacional de Haití, no pudo producir el documento.

Dentro de las áreas urbanas en Haití los clientes formales de la DINEPA – que reciben agua y pagan factura mensualmente – son la minoría de la población. No todos los abonados reciben agua a domicilio, y entre los que sí la reciben, son muy pocas las personas que tienen servicio en forma contínua.

Namphy afirmó que uno de los problemas principales es la falta de infraestructura y que, debido a esto, conectar todos los hogares en Haití al servicio de agua potable es “un sueño de mediano a largo plazo”. Por lo pronto, la DINEPA provee su servicio a clientes de las áreas metropolitanas y rurales utilizando diferentes alternativas de distribución: a los hogares por tuberías (pero son muy pocas); mediante quioscos donde las personas pueden ir a comprar agua con un balde de 19 litros (5 galones); y mediante el llenado de cisternas.

De otra parte, están las vías privadas de adquirir agua potable, como la práctica popularizada, sobre todo en las áreas metropolitanas de Puerto Príncipe, de compra de agua a camiones privados, que es más cara por metro cúbico. Asimismo la compra de agua embotellada y en bolsa.

Explotación y falta de voluntad en la República Dominicana

Al otro lado de la frontera, el descontrol en el cuidado de los cuerpos de agua también es evidente. En la República Dominicana — país que comparte la isla La Hispaniola con Haití — la extracción de arena y grava en el cauce de los ríos también se hace con una débil fiscalización del Estado. La complicidad y falta de supervisión de las autoridades — en especial del Ministerio de Medio Ambiente dominicano — han influido en la degradación de recursos hídricos que abastecen de agua potable al Gran Santo Domingo y otras regiones con alta población.

Desde hace más de 20 años, en el Congreso Nacional se han impulsado iniciativas para regular el agua por ley, pero el país aún no tiene una legislación. En los últimos 10 años, la Comisión de Medio Ambiente del Senado ha propiciado la discusión de dos proyectos, sin que ninguno haya sido aprobado. Una subcomisión observó la necesidad de que se tome en cuenta el cambio climático y los fenómenos hidrológicos asociados, así como la gestión de riesgo.

Luis Carvajal, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y uno de los que aboga porque se apruebe una ley, explicó que los obstáculos más recientes han estado vinculados a tres factores: interés de los distintos ministerios y departamentos en manejar los recursos y pugna sobre quién sería la institución rectora; asesorías de organismos internacionales, “como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo”, para la privatización de servicios ambientales; y la costumbre del Congreso Nacional de no priorizar este tema en la agenda política.

En los últimos seis meses la República Dominicana ha estado afectada por una sequía. Los ganaderos perdieron RD$47.6 millones (US$952,000) por la muerte de 1,190 cabezas de ganado, informó el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Por la disminución del agua almacenada en los embalses, se implantó un racionamiento del servicio en el Distrito Nacional donde vive un millón de habitantes. Las lluvias de finales de marzo y principios de abril elevaron el nivel de algunas represas, pero aún no se ha declarado el fin de la época seca.

La negligencia en el manejo del agua en la República Dominicana se remonta por lo menos a la década de 1930 cuando instituciones estatales comenzaron a fomentar el aprovechamiento del agua en obras públicas y el orden hidrológico natural del país “comenzó a ser modificado por el Estado, fuera cual fuera el costo”, según un informe del gobierno de 2018.

El aprovechamiento de los recursos hídricos se ha desequilibrado porque el modelo se fundamentó en satisfacer la demanda generada, el desarrollo de las áreas de riego y el crecimiento de la población. Esto se ha traducido en que la demanda ha aumentado más rápido que la disponibilidad de caudales en los ríos, provocando “una creciente escasez en varias regiones hidrográficas”, sentencia el documento.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) estima la disponibilidad de agua superficial y subterránea en República Dominicana, país de casi 11 millones de habitantes, en unos 25,967 millones de metros cúbicos por año. Sin embargo, debido a las variaciones estacionales y lo impredecible del régimen de lluvias, los científicos se basan en una expectativa de ocurrencia de lluvia menor donde solamente se puede contar con 9,494 millones de metros cúbicos de manera segura.

Solo el 26% del agua disponible en el país se capta; el resto no se conserva o retiene por falta de infraestructura. Los 34 embalses son insuficientes y el director del Indrhi, Olgo Fernández, enfatiza en la necesidad de construir otras 12 represas grandes y 52 medianas y pequeñas.

Uno de los problemas es que el Gobierno no incluye en su presupuesto nacional partidas anuales asignadas al mantenimiento de las represas – indica Fernández –, lo que impide ejecutar acciones para prolongar la vida útil de esas infraestructuras como la remoción de sedimentos. Mientras más sedimentos, menos es la capacidad de almacenaje de agua.

El Ministerio de Medio Ambiente estima que el 55% de la pérdida de bosques en la República Dominicana se debe a la expansión agrícola y el 26% a la extracción de madera, la producción de leña y carbón, y otras formas de uso de los productos forestales. Al perderse la cobertura boscosa y extraerse el material granulado de los ríos para la industria de la construcción, disminuye la capacidad de contención de esos recursos de agua. Esto genera erosión y sedimentación. Regularmente las lluvias hacen que la corteza terrestre se desprenda y vaya a parar a los ríos. Si en su camino el río tiene un embalse, esa sedimentación se queda retenida en la presa y esto disminuye la capacidad de almacenamiento, de producción de energía e irrigación.

El último estudio sobre calidad de agua y sedimentación en ocho presas principales de la República Dominicana lo realizó en 2016 la consultora Infraeco para el Indrhi en Monción, Tavera, Bao, Rincón, Hatillo, Jigüey, Valdesia y Sabana Yegua. La evaluación, que ya tres años más tarde pudiera ser peor, encontró que las presas más desfavorables en cuanto a sedimentación fueron Jigüey y Valdesia, que habían perdido un 24% y un 30%, respectivamente, de su capacidad de almacenamiento.

Valdesia suple de agua potable a aproximadamente 1.4 millones de habitantes en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.

Ante la falta de asignación de presupuesto, el director del Indrhi espera por una solución que involucre al sector privado para extraer los sedimentos de los embalses. Pero no ha tenido éxito. Una compañía se interesó en hacerlo en Valdesia y Hatillo, pero la inversión era muy alta y retiró su propuesta. Solo en darle mantenimiento a cinco presas el gobierno gastó aproximadamente $141 millones desde 2012 hasta marzo pasado, informó Fernández.

“El país está en condiciones de asumir cualquier costo que signifique preservar agua, ahora, lo que tiene que producirse es una voluntad de unión de toda la sociedad”, afirmó el funcionario, quien propone un pacto nacional por el agua a 20 años para invertir unos $2,400 millones (RD$120,000 millones) en el sector.

“Si no se toman las medidas en las cuencas hidrográficas, llegará un día en que, cuando llueva, toda el agua se irá directamente al mar, y las presas estarán sedimentadas y le pasará (el agua) a las presas por arriba y perderemos el agua”, afirmó Augusto Rodríguez, miembro de la Sociedad Dominicana de Geología y exdirector ejecutivo del Indrhi.

Racionamiento a ciegas en Puerto Rico

Aunque según varios expertos Puerto Rico sí tiene leyes de vanguardia para el manejo del agua, a diferencia de República Dominicana y Haití, la fragmentación de las propiedades del sistema de agua y de las responsabilidades entre distintas agencias locales y federales, así como la falta de voluntad política, propician la negligencia en el almacenaje, distribución y consumo del agua.

Como un calco del problema de las represas mal mantenidas y sedimentadas ante la apatía gubernamental en República Dominicana, se da la problemática aún peor en Puerto Rico, donde ni siquiera se han hecho estudios para determinar la capacidad de los embalses desde hace 15 años. Después de que el huracán María – el más intenso en la historia moderna de Puerto Rico – devastara toda la isla el 20 de septiembre de 2017, provocando caudales de erosión y sedimentación, tampoco se hicieron pese a que expertos advirtieron que urgía.

Uno de ellos fue el hidrólogo Ferdinand Quiñones quien criticó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no haya sido diligente en estudiar cuánto sedimento llegó a los embalses luego de María. Según sus estimados, los embalses pudieron haber perdido más del 12% de su capacidad a raíz del evento atmosférico.

Las autoridades encargadas de administrar estos embalses — principalmente la AAA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) — no han procurado conocer cuál es el estado real de almacenamiento de agua en Puerto Rico, lo cual a juicio del especialista en ecosistemas acuáticos, José Ortiz Zayas, supone estar a ciegas sobre cuánto sedimento más pueden aguantar estos espacios.

“Estamos sobreestimando la disponibilidad de agua, y en condiciones de sequía, eso es crítico. Si tú haces un plan de distribución basado en una presunción de agua y lo que tienes es menos, vas a errar”, sentenció el limnólogo Ortiz Zayas.

Pese a la variabilidad en la intensidad y frecuencia de la caída de lluvia en Puerto Rico, provocada por el cambio climático, el nivel de pulgadas acumulado no ha variado significativamente. Sin embargo, la sequía sí se ha recrudecido, al igual que en el resto de la región, coincidieron Quiñones y el geomorfólogo y profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) José Molinelli.

El plan de corte de agua para los siete municipios del noroeste de la isla ya ha afectado a 200,000 personas y había costado más de $3.4 millones al 8 de abril, invertidos en 63 oasis, en guardias de seguridad para cada uno y en pagos de horas extra del personal de la AAA.

Puerto Rico cuenta con 38 embalses y represas públicas y privadas, y cuatro adicionales en planificación. Sin embargo, solamente 11 de los 34 embalses públicos proveen el agua potable que consumen los cerca de 3.2 millones de habitantes en el país. De las reservas existentes, 18 son propiedad de la AEE, siete de la AAA, cuatro del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), cinco represas de riego son administradas por la AEE, y cuatro son privadas, de la Empresa Serrallés.

Según el DRNA, existen cuatro embalses en planificación.La agencia no quiso aclarar a quién pertenecerán estas nuevas represas ni cuándo se comenzarán a construir.

Pérdida de capacidad en los principales embalses de Puerto Rico

De los 15 embalses más importantes del país, el del lago Dos Bocas es el que más capacidad de retención de agua ha perdido desde su construcción: 22.7 millones de metros cúbicos (Mm3).

Tras dos meses de solicitudes de información a las agencias con injerencia sobre todos los embalses, quedó evidenciado que ninguna tenía conocimiento pleno de todas la propiedades que se supone que supervisan. El inventario de la AEE no está actualizado — el libro data de 2012 — y el DRNA lleva un conteo que no incluye la mayoría de los embalses. La AAA solo tiene el número de los embalses en los que filtra agua, pero no la totalidad de los que tienen agua disponible para usarse de manera potable.

Puerto Rico es uno de los países con mayor cantidad de embalses per cápita en el mundo, pero la poca capacidad de retención de agua que tienen estas reservas es agravada por la sedimentación y la falta de mantenimiento, sostuvo Ortiz Zayas. El limnólogo explicó que el descontrol en el monitoreo de los sedimentos y la inexistencia de un plan de limpieza adecuado le han restado capacidad de almacenamiento.

“Los embalses en Puerto Rico son charquitos, son pequeños. Estos solo retienen el cuatro por ciento del agua que llega a la isla”, coincidió Quiñones.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) de las 70 pulgadas de lluvia anual que llegan a Puerto Rico, solo una pulgada se queda almacenada en los embalses, 3.1 van a las tomas de la AAA y 0.4 recarga los acuíferos. El resto se evapora o se queda en las escorrentías de los ríos que van al mar.

Con el cambio climático se prevé que anualmente haya periodos de más lluvia que puedan llegar como tormentas estacionarias o huracanes — como ocurrió con María en 2017 — lo que redundaría en más sedimentación, explicó el geomorfólogo Molinelli.

“Inmediatamente después de María, recomendé que se hicieran batimetrías de emergencia en La Plata, Loíza y Dos Bocas e incluí también a Luchetti. El USGS no tenía personal para hacerlo. El personal [de esa agencia federal] en Puerto Rico se ha reducido por los recortes. Finalmente, FEMA es quien se supone que diera los fondos”, señaló Quiñones.

Juan A. Rosado-Reynés, portavoz de FEMA en Puerto Rico, indicó que la agencia federal aprobó reembolsar el 90% de los costos de los estudios a los embalses de la AAA el 31 de octubre de 2018.

Pero, no fue hasta el 27 de marzo de 2019 — el mismo día que se le solicitó una entrevista al director de Acueductos sobre este tema — que la AAA abrió una convocatoria para una solicitud de propuesta para estas batimetrías.

Como los fondos de FEMA fueron aprobados sólo para la AAA, los demás embalses que son manejados por otras agencias, incluyendo Guajataca, quedan aún sin perspectivas de medición.

Desperdicio de agua en Puerto Rico y República Dominicana

Si los sedimentos son uno de los escollos más graves para almacenar agua, la pérdida ocasionada por tuberías rotas, infraestructura obsoleta y desperdicio por los usuarios vienen a ser el mayor obstáculo en la distribución del recurso en Puerto Rico y República Dominicana.

En República Dominicana se pierde aproximadamente el 50% del agua que sirve la CAASD, por problemas de infraestructura y desperdicio del usuario.

De acuerdo con el último informe de Balance de Agua de la AAA en Puerto Rico, que data de 2015, el 53.7% del agua que produce la corporación se pierde por tuberías rotas, pérdidas comerciales y consumo no facturado.

El problema se debe a que la AAA no cuenta con un inventario detallado de todas las tuberías obsoletas y rotas que tiene el sistema potable del país, confirmó en entrevista el director ejecutivo de esa agencia, Elí Díaz.

“Botar agua potabilizada, con lo que implica bombeo, energía, estructura, seguros… es botar dinero. Por millones de dólares”, subrayó el planificador Aponte Ortiz.

Según el experto, que es integrante de la Junta de Gobierno de la AAA, la corporación debería de hacer un plan de cambios periódicos de los tubos en vez de esperar a que se rompan.

Ante esta problemática, Díaz dijo que espera implementar un sistema digital de monitoreo de tuberías por medio de una agencia público privada a finales de 2019. Los efectos de este proyecto comenzarían a verse dentro de tres años debido a su complejidad tecnológica.

Clave: combinar el uso del agua superficial con la subterránea

De otra parte, el planificador sostuvo que existen opciones para mejorar la gestión del recurso, y compensar así por la extensión de periodos secos que provoca el cambio climático.

Dijo que el gobierno de Puerto Rico debe plantearse una combinación más robusta del uso de sus sistemas de agua superficial (la que corre por ríos) con la subterránea (aquella que se obtiene por medio de pozos). Criticó que la AAA vea el agua subterránea como un remiendo en tiempos de sequía en vez de como una aportación recurrente.

El problema con los pozos es, al igual que en Haití, el descontrol y la fiscalización. Según el DRNA, en Puerto Rico existen 1,489 pozos domésticos, 1,271 agrícolas y 561 comerciales. La secretaría de la agencia indicó que a estos se suman alrededor de mil pozos que operan de manera ilegal en la isla.

Doriel Pagán, vicepresidenta de operaciones en Acueductos, dijo que en esta sequía de 2019 se rescataron 10 pozos inactivos para compensar en lugares con racionamiento, como el Guajataca, y para inyectar más agua a los embalses de Carraízo y La Plata, lo que es representativo del potencial que tiene esta fuente para aportar al sistema.

“Muchos de estos pozos ilegales están en propiedades privadas, [por lo] que se nos hace difícil entrar. Para poder entrar hay que pasar a un proceso judicial”, explicó la funcionaria sobre las dificultades que enfrentan para fiscalizar la extracción ilegal.

Vázquez, advirtió sin embargo, que el uso descontrolado del agua de los pozos en Puerto Rico pone en riesgo el estado natural de las aguas subterráneas de la isla. Incluso, si se trata de pozos ubicados en las costas, esto podría incrementar la salinización de los abastos de agua dulce, porque la sobreextracción provoca la intrusión del agua salada desde las capas inferiores de la corteza terrestre de esas zonas.

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Este reportaje es parte de la serie “Se seca el Caribe”, resultado del trabajo de una decena de periodistas caribeños liderados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Las investigaciones fueron posibles en parte con el apoyo de Para la Naturaleza, Fundación Segarra Boerman e Hijos, y Open Society Foundations.

Diario Libre