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La falta de supervisión de las autoridades sobre la extracción ilegal de arena y grava ha resultado en la degradación de cuencas hidrográficas
El camión estaba casi lleno. Con un esfuerzo más, los llamados “hombres hormiga” o “paleros” terminarían de abastecer otro vehículo con la arena y grava que extraían de forma ilegal del degradado cauce del río Nigua, en San Cristóbal.
Por un momento se notaban inquietos. Desconocían quiénes iban en el interior de una camioneta que se estacionó en la ribera. Se apresuraron, colocaron una lona azul sobre la cama del camión cargada del material, y el chofer aceleró lentamente el vehículo para cruzar el río y marcharse.
Los hombres se dispersaron. Uno de ellos, de mediana edad, delgado, sudoroso y con la piel quemada por el sol, aseguró que la extracción que hizo minutos antes no es perjudicial para el río. La considera como una fuente de empleo que por más de 30 años le ha permitido mantener a seis hijos.
“Lo que yo sé que ha cambiado el medioambiente han sido esas minas que hay por ahí tumbando árboles y haciendo excavaciones grandísimas, pero llenar un viajecito (de arena) a mano por arriba (no)”, dijo.
Pero, la extracción ilegal de arena y otros materiales para la industria de la construcción sí ha destruido el canal natural de algunos ríos, erosionado y afectado el manto freático, inclusive en zonas donde hay tomas de agua para acueductos, como es el caso del río Nigua, indican informes académicos y especialistas. Esto ha provocado que cuando hay crecidas, las aguas inunden los barrios ubicados en las márgenes y sea menor la capacidad de retención del líquido en los cauces.
La falta de supervisión de las autoridades dominicanas, en especial del Ministerio de Medio Ambiente que ha concedido permisos para la extracción de arena y otros materiales próximos a los ríos, ha resultado en la degradación de cuencas hidrográficas que abastecen de agua potable a la capital dominicana y otras regiones con alta población.
Por su cercanía a la capital, en la provincia San Cristóbal se extraen agregados (como arena y grava) de forma irregular en los ríos Nigua, Nizao (que abastece a un complejo de embalses) y Yubazo, para suplir a la industria de la construcción.
También ocurre en ríos de otras provincias como La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Puerto Plata. La práctica está prohibida y regulada según las leyes 123-71 y 64-00, y las resoluciones 16-2007, 016-2008 y 0015-2017 del Ministerio Medio Ambiente.
Por esas normativas, y las reiteradas denuncias, se ha controlado la instalación de granceras o minas para extraer arena y grava del lecho de los ríos. Sin embargo, se ha sustituido por actividad individual en camiones privados cuyos propietarios venden el material al sector construcción.
“Ha surgido una red poderosa que extrae agregados de nuestros ríos de forma mecanizada con apoyo de poderes estatales, de noche y de día”, asegura una fuente ligada al Ministerio de Medio Ambiente que pidió anonimato por temor a represalias.
El negocio es lucrativo y se compone de una cadena que comienza por los “hombres hormiga” o “paleros”, quienes de forma manual o informal extraen agregados de los ríos y distorsionan el cauce haciendo hoyos para remover el material. Algunos utilizan instrumentos mecanizados para facilitar la labor.
Estos hombres reciben dinero por llenar las camas de camiones que, además, causan contaminación. Los choferes y los dueños de los vehículos venden el producto a ferreterías, hormigoneras, fábricas de blocks, proyectos habitacionales, construcciones de edificios e informales, y a contratistas del propio Gobierno, detalla la fuente de Medio Ambiente.
Un camión cargado de 18 metros de arena se puede vender en la ciudad entre RD$12,000 (US$240) y RD$15,000 (US$300). Otros que se encargan de sacar el material bruto o cascajo lo venden hasta por RD$200 (US$4) y RD$250 (US$5) el metro cúbico.
Cuando el cauce de un río tiene suficiente material granular, estos componentes sirven de obstáculo para que las aguas corran con menos fuerza y velocidad cuando vienen las escorrentías. “Por eso es que es un crimen cuando tú le sacas a un río todo el conglomerado, porque lo pone liso”, dice el ingeniero Augusto Rodríguez, miembro de la Sociedad Dominicana de Geología.
Los camiones que transportan los materiales de los ríos transitan entre estrechas calles sin asfaltar y han abierto caminos en las cuencas. En los cauces secos es común ver montículos en espera de ser recogidos.
Entre 2016 y 2019, el Ministerio de Medio Ambiente dominicano aplicó sanciones que totalizaron más de RD$3.1 millones (sobre los US$60,000) a 10 infractores por extracción ilegal de material de los ríos Masacre, Nagua, Ocoa, Manoguayabo, Haina y Yuna, entre otros.
A pesar de la fiscalización, el Ministerio, que dirige Ángel Estévez, concedió un permiso cuestionable en septiembre de 2018 para extraer 10,000 metros cúbicos de cascajo, grava y arena en un terreno próximo al río Haina, en San Cristóbal, que sobrepasa los 150 metros mínimos de distancia que establece la norma. El material sería usado para “el relleno de calles y ayudas sociales”. En imágenes satelitales se ve que la extracción excede las coordenadas autorizadas y se acerca casi a 30 metros del agua.
Una lucha constante con reincidentes
El pasado 24 de marzo un grupo se manifestó en La Vega para denunciar que empresarios locales siguen extrayendo materiales del río Camú y sus proximidades. Lo mismo han hecho residentes en Jamao al Norte de la provincia Espaillat, para exigir el cese de la extracción en un tramo del río Yásica.
El activista ambiental Manuel Antonio Nina aún se acongoja al recordar que por protestar en contra de la extracción de arena en San Cristóbal, el 12 de octubre de 1998, mataron a su amigo Sixto Ramírez. Narra que el homicida se le acercó, le metió una escopeta en la boca y disparó. Lamenta que solo se apresó al asesino material y duró no más de siete años en la cárcel.
De los casos llevados a la justicia está uno contra la empresa Agregados Consolidados, S.A.. En 2013, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente informó que ejecutó una sentencia con carácter irrevocable en contra de la compañía, encontrada culpable de extraer arena, grava y piedras de las márgenes del río Nizao, en la provincia Peravia, y debajo del contraembalse de la presa de Valdesia, sin los permisos de rigor. La sentencia también afectó a su representante Miguel Nadal González, y la multa impuesta fue de RD$3.5 millones (aproximadamente US$82,160).
Otro caso lo lleva la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que en febrero pasado se querelló contra la sociedad comercial Hormigones América y sus socios. A estos les exige una indemnización luego de que se rompiera una tubería del acueducto Valdesia-Santo Domingo a mediados de 2018, donde tienen instalada una procesadora de agregados en Manoguayabo, a orillas del río Haina. Repararla dejó sin agua por casi tres días a más de 80 sectores de la capital.
La CAASD denunció que Hormigones América no posee la licencia necesaria para las operaciones que ejecutaba en el lugar de la avería y se suspendieron sus operaciones. Sus socios Gabino Aroldo Ramos, Víctor Ramón Ramos, Isaías Ramos Guzmán e Isaías Odalis Ramos son los mismos de Industria del Block América, contratista de la estatal Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). Se intentó conseguir una opinión de los denunciados y de su abogado, pero al cierre de esta investigación no se había obtenido. El caso está en una fase conciliatoria.
Según denuncias de líderes comunitarios de las provincias Espaillat y San Cristóbal, los choferes de los camiones donde se transporta lo extraído de los ríos supuestamente cuentan con el apoyo de miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente que, bajo el mando de un oficial de las Fuerzas Armadas, está encargada de vigilar, perseguir y detener las prácticas ilegales.
En el caso de la provincia San Cristóbal, en Los Corozos y Villa Altagracia se quejan de que los militares del Senpa tienen un chofer designado para que recoja dinero entre sus compañeros y les sea entregado semanalmente. Los montos oscilan entre RD$1,000 (US$20) y RD$3,500 (US$70). Así garantizan que no les incautarán los camiones ni serán reportados a las autoridades por extraer arena del río Haina.
Durante esta investigación no se avistó a ningún agente del Senpa custodiando los puntos donde estaban los camiones extrayendo material en los ríos visitados en marzo.
Tras el desastre, la práctica sigue
En 2015 la Academia de Ciencias de la República Dominicana calificó de desastrosos los efectos generados por la extracción de arena en el río Veragua, en la provincia Espaillat, con máquinas industriales y camiones que eran cargados en aproximadamente 10 minutos, seis días a la semana.
“En esta comunidad se utilizaba el agua del río (Veragua) para todo, prácticamente nosotros tomábamos el agua, (la usábamos) para bañarnos”, recuerda “Juan”, un policía residente en Batey Ginebra que prefirió no ser identificado con su nombre real.
“Esta es una localidad en la que hace aproximadamente ocho o nueve años en cada casa hay baños, pero aquí lo que había era letrinas, y ya a las cuatro de la tarde veías un desfile de personas para el río, casi todo el mundo a bañarse”, explicó al comparar cómo era la vida antes.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana indicó en 2015 que una de las empresas que realizaba la extracción era la Constructora Dualma, que estaba autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente para unos supuestos “trabajos de limpieza y adecuación de 500 metros sobre [más allá de] el río”. El permiso tenía una vigencia de 45 días. Sin embargo, la entidad reportó la extracción de grandes cantidades de arena y grava para su venta del mismo cauce.
Líderes comunitarios de Veragua salieron en defensa de los alegados trabajos ambientalistas de la compañía argumentando que eran necesarios. La empresa ya no extrae agregados del río, pero sí lo hacen otras personas. Uno que otro día, por la estrecha calle de tierra que pasa frente a la casa de “Juan”, transitan camiones cargados de arena con el riesgo de embestir a los niños que juegan por las tardes.
“Se supone que, en una localidad tan pequeña, dos camiones que transiten o tres camiones, lo sabe todo el mundo (…) Prácticamente las autoridades lo saben y se hacen de la vista gorda”, dice “Juan”.
Su esposa ha tenido el impulso de exigirle a los extractores que se detengan pero, a pesar de tener la autoridad para hacerlo por ser militar, no lo hace. “Es porque quien les está dando el ´permiso´ es más fuerte que ella”, argumenta “Juan”.
Estamos asistiendo a una pérdida del control de la extracción de agregados; se ha multiplicado prácticamente en toda la geografía con dos características: permisos que se están dando sin los debidos soportes y sitios en los que simplemente se están cerrando los ojos. Coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD
En 2014, la Academia de Ciencias de la República Dominicana reportó la variación artificial del curso del río Yásica por la extracción de arena y grava de manera industrial de su cauce. También denunció una acción similar en los campos de dunas de La Lometa, cercanos a la desembocadura del Yásica, del que Veragua es un afluente y ambos aportan flujos sedimentarios a las playas del destino turístico Cabarete.
El informe de la Academia indica que el Ministerio de Medio Ambiente otorgaba unos tickets para extraer la arena al sindicato de camioneros de la zona. La extracción ocurría en 2014 pese a que en 2011 una evaluación hecha por personal de la institución consideró inviable el proyecto Mina La Lometa, promovido por Carlos Almonte, exsecretario del sindicato de camioneros del municipio Gaspar Hernández, y no se autorizó.
La extracción en La Lometa se detuvo. En ese entonces Almonte alegó que “personas mal intencionadas” pretendían dejar sin trabajo a más de 200 camioneros que se ganaban el sustento de sus familias transportando materiales para la construcción y aseguró que no afectaban el medioambiente.
El 12 de julio de 2018, el Ministerio de Medio Ambiente autorizó a Almonte la remoción de 2,000 metros cúbicos de material de aluvión para adecuar una parcela en el distrito municipal Sabaneta de Yásica de Puerto Plata, próxima al río Yásica. Aunque el permiso se concedió por dos meses, ambientalistas denuncian que aún hay camiones extrayendo arena del cauce con la excusa de esa adecuación, una acusación que Almonte niega.
Horacio Mazara, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), sostiene que hay una reducción en la extracción de agregados producto de las normativas vigentes, pero reconoce que “no se ha erradicado al 100 por ciento”. Endilga la responsabilidad al Ministerio de Medio Ambiente. De Medio Ambiente no concedieron una entrevista solicitada para esta investigación.
¿Si no existiera la extracción ilegal de agregados de los ríos, hubiese más agua en reserva para enfrentar la sequía que afecta al país en los últimos seis meses?, se le preguntó a Mazara.
“Seguramente que sí, porque es que afecta los caudales de los ríos y las cuencas”, respondió el funcionario, quien preside el Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento.
“Uno de los elementos más dañinos que hay en términos ambientales es la extracción de agregados, incluso aquí se habla de extraer agregados como mecanismo de corrección de ríos pero ocurre que el problema nuestro es que toda la extracción de agregados es pura y exclusivamente comercial”, afirmó Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El también activista señaló que hay momentos en los que el Ministerio de Medio Ambiente, movido por la presión social, ha puesto más atención al problema, pero asegura que la gestión de Estévez (de mayo 2018 al presente) “ha estado permitiendo esas extracciones”.
“Estamos asistiendo a una pérdida del control de la extracción de agregados; se ha multiplicado prácticamente en toda la geografía con dos características: permisos que se están dando sin los debidos soportes y sitios en los que simplemente se están cerrando los ojos ante la extracción masiva de agregados”, dijo.
Reconoció que se han hecho intentos por establecer algunos controles pero, a su juicio, han sido insuficientes. Mencionó un programa para corregir el río Nizao que no ha dado resultados. “Ahora nadie sabe dónde está el cauce de verdad (del Nizao) porque ha sido desmadrado, y se sabe que eso fue producto de una complicidad”, afirmó.
Carvajal detalló que en el país se han identificado 108 lugares donde se puede hacer extracción de agregados, a partir de canteras secas, de forma regular y legal. Entre 2008 y los primeros dos meses del 2019, la minería autorizada de agregados extrajo un volumen superior a los 53.5 millones de metros cúbicos de material, informó el Ministerio de Medio Ambiente.
“Hay que entender que la producción de agregados es una actividad de carácter minero, de carácter extractivo, que tiene que tener un seguimiento de Estado”, enfatizó Carvajal.
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Este reportaje es parte de la serie “Se seca el Caribe”, resultado del trabajo de una decena de periodistas caribeños liderados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Las investigaciones fueron posibles en parte con el apoyo de Para la Naturaleza, Fundación Segarra Boerman e Hijos, y Open Society Foundations.
