La discusión sobre la explotación minera en un área limitada de la Loma Miranda ha tenido un desarrollo muy particular. El Estado, que es quien traza el plan nacional de minería y concede los permisos a las empresas que explotarán los yacimientos, se ha mantenido como un espectador, viendo desde las gradas del silencio quién ganaba la disputa.
En un lado del ring, la empresa. En el otro, una amalgama de entidades no siempre de acuerdo ni en los fines ni en los medios, ni en el valor ecológico de la zona, pero muy convencidas y unidas en la protesta.
Es decir, el Estado eligió quedarse al margen, midiendo la evolución del debate, alargándolo no por escrúpulos medioambientales sino por indecisión… ¡esperando a que un organismo internacional «fallara» el juicio!
¿El PNUD «recomendó»? Esa es la teoría; realmente el PNUD dictó sentencia. El papel de Medio Ambiente y de Minería ha sido débil, ignorado, irrelevante. Eso es un problema.
Entre gobernar escuchando al pueblo y gobernar para ser aplaudido por el pueblo hay una diferencia y a veces se solapan. Eso es un gran riesgo.
¿Cuál es la agenda nacional de desarrollo? ¿Incluye la minería? Aquí, como en el caso de la cementera de Los Haitises, el gobierno aprobó unos proyectos. Se paralizaron porque la gente protestó, no por convicción o estrategia ambiental, y se buscó al PNUD de árbitro para que «decidiera». Esa es una gran debilidad.
(Rectificar es de sabios, pero rectificar mucho no necesariamente «es de muy sabios»…)
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Vía: Diario Libre