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Hace unos días recibimos de una fuente altamente confiable, la información de que un especialista al servicio de una compañía extranjera especializada en cianuro para el uso minero, había estado en el país, con gran sigilo, para la ubicación de los depósitos que para ese material tóxico se propone construir la empresa minera Barrick Gold.
Posteriormente, y durante el programa del buen amigo Dr. Julio Hazim, el ejecutivo máximo en el país de la Barrick Gold admitió que esa empresa usará en el proceso de explotación del oro en Cotuí el cianuro, con lo cual quedaba confirmada la información obtenida, y que fuera hecha pública por quien esto escribe en conversación con el gran amigo don Álvaro Arvelo, en el programa El Gobierno de la Mañana, a quien el país debe agradecer sus valerosas denuncias públicas sobre los abusos de la empresa minera.
La información de que la Barrick Gold va a importar una gran cantidad de cianuro a la República Dominicana, debe de poner en auto a las autoridades dominicanas, en su ineludible deber de exigir que se cumplan de forma rigurosa las estrictas medidas de seguridad (conforme a las normas del Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente con Sede en Ontario), que eviten o reduzcan a la mínima expresión la posibilidad de un accidente que pueda generar una catástrofe ecológica, de magnitudes nunca vistas en nuestro territorio.
El peligro que acecha al país es mucho más grave cuando se examina la actitud de la Barrick Gold sobre la última experiencia de intoxicación masiva en Cotuí. En vez de declarar la realidad de lo ocurrido, se optó por otorgar una versión pública que nadie creyó, relativa a intoxicación de alimentos, lo que fue desmentido por un estudio técnico y científico dado a conocer por la UASD la semana pasada, que atribuye a una emanación de gas tóxico lo ocurrido.
Es preciso que el gobierno dominicano despeje la percepción que se ha creado en el país de que la Barrick Gold se va a convertir en una especie de Estado dentro del Estado, en una República aparte, en la que tienen carta abierta para hacer y deshacer, sin rendirle cuentas a nadie. Independientemente de las bondades o ventajas que pueda obtener el Estado dominicano del contrato de concesión de explotación de oro y otros metales a la Barrick Gold, éste no puede renunciar a su poder indelegable de regular la actividad de esa empresa extranjera en el país, evitando que se produzcan extralimitaciones, abusos, como ha ocurrido con terceros, a los cuales se les han violado, incluso, derechos constitucionales de propiedad como el caso del Sr. José Miguel De Peña, cuyos derechos fueron reconocidos por un tribunal de amparo.
Estamos urgidos como país de inversión extranjera. Pero, eso es una cosa, y otra muy diferente es que esta empresa y los grandes intereses que representa se sientan con tanto poder, que vean a los funcionarios del Estado sin capacidad alguna de regularla, de fijar los límites de los derechos otorgados por la concesión, y de fiscalizar desde el principio la inversión realizada y el método de cálculo de la recuperación de la misma, que contractualmente servirá de punto de partida para conocer los beneficios del Estado Dominicano.
El peligro de un desastre ecológico existe. Me recordaba mi padre, hace unos días, que en los años ’70 el Dr. Balaguer, en poder de un informe que lo prevenía de los posibles daños ecológicos derivados de la explotación del oro de los sulfuros en Cotuí, que contaminaría el río Yuna y las tierras colindantes hasta la Bahía de Samaná, declaró a la prensa que “preferiría cortarse las manos” antes que firmar esa concesión.
Sin asumir una actitud tan extrema como la del Dr. Balaguer, lo que procede es que el gobierno reivindique en todo momento su papel regulatorio y de supervisión estricta de que todo el manejo de sustancias tóxicas, como el cianuro, que pueden eventualmente causar catástrofes ecológicas.
A nuestro juicio, tanto las Fuerzas Armadas como la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, deben de contratar reputados técnicos internacionales, que los hay, cuya misión sea auxiliar al Estado para que las normas y estándares de seguridad sean cumplidas de forma estricta por la Barrick Gold y que esta empresa sepa, desde el principio, que en éste y otros temas va a tener que sujetarse fielmente a la Constitución y la leyes de la República Dominicana. Y si no va a ser así, el país como un solo hombre debe levantarse y retomar la consigna que usara Juan Bosch y el PLD en la década de los ’90: “Que se vaya ya”.
Por: Vinicio A. Castillo Semán
Listín Diario
