Junta Agroempresarial pide se permita cortar árboles maderables en fincas comerciales

Por: Almicar Nivar

Aunque pareciera contraproducente e inoportuno, la Junta Agroempresarial Dominicana, entidad que agrupa a miles de productores agropecuarios, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que revise una resolución que impide el corte y trasiego de madera procedente de la zona boscosa del país, para que se permita la tala a las fincas de árboles que fueron cultivados con fines comerciales.

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) hizo un llamado este martes al Ministerio de Medio Ambiente para que se revise la resolución número 13-2015 que prohíbe temporalmente el trasiego de madera de las zonas boscosas del país.

La entidad entiende que esa actividad de corte de árboles maderables no tiene nada que ver con la actual sequía, que según explicó, no solo está afectando la República Dominicana, sino toda la región de Latino América.

Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, declaró durante una rueda de prensa que dicha prohibición afecta la inversión privada, ya que en el país existen fincas que han sido sembradas con propósitos comerciales para el corte de madera y que están debidamente reguladas por la ley.

Además, el dirigente empresarial agregó que otros de los sectores que resultan afectados con la decisión de Medio Ambiente son las que han cambiado su matriz de generación de energía de combustibles fósiles a biomasa, entre los cuales mencionó a hoteles e industrias, por lo que entiende que es necesario sea revisada la disposición que fue enunciada por medio ambiente como respuesta a la sequía que afecta el país.

Benítez sostuvo que desde 1997 el país ha fomentado los proyectos forestales con la creación de más de 5,000 nuevas fincas y más de 30 millones de árboles sembrados como parte de su compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

“Para 1997 la cobertura boscosa era de un 20 por ciento y según datos ofrecidos por el propio Ministerio de Medio Ambiente en el estudio Uso y cobertura de Suelo y que para abril de 2014 era de un 39.7 por ciento lo que revela un incremento sustancial en este sentido”, explicó Benítez.

También señaló que cada finca forestal está sometida a un estricto proceso de supervisión, por provincias, municipios, secciones y parajes y los certificados se dan año y medio después de sembradas las fincas para garantizar el proceso.

Benítez afirmó que incluso es el propio Ministerio de Medio Ambiente y quien provee los técnicos que están encargados de supervisar el corte de estos árboles por lo que entiende debe analizarse a profundidad la medida fin de no afectar la economía y la inversión privada.