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Por: Silvio Cabrera
El juez Ramón Emilio Peña Pérez, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito judicial Sánchez Ramírez, se inhibió de conocer la demanda interpuesta por 170 millones de pesos contra la empresa minera Barrick Gold, acusada de apropiarse de más de 200 tareas de propiedad privada.
El magistrado Peña Pérez se inhibió de conocer el fondo del caso y propuso que en su lugar suba un juez sustituto.
El doctor José Miguel De Peña Jiménez, propietario de los terrenos, se quejó de que a dos años de haber interpuesto la demanda, todavía el caso no haya sido fallado.
“Ante los acontecimientos ya relatados de este caso, creemos que se impone reflexionar sobre lo siguiente: todos reconocemos que la elasticidad de la ley, elimina el concepto de justicia o retarda la solución de los asuntos en litis, en perjuicio de quienes demandan justicia, ante todos los atropellos de que son objeto. Consecuentemente, se debilita la garantía del respeto a la ley, como propósito de la existencia del poder judicial, dando lugar más frecuentemente de lo deseable, a en la práctica dar protección al causante de los perjuicios, mientras se le impone continuar padeciéndolos, al perjudicado, en lo que se determina la verdad de su reclamo”, expuso de Peña Jiménez.
Dijo que al no hacerse justicia en dos años, lo que está aconteciendo ante el caso es una violación de un derecho fundamental, que aunque es protegido y consagrado por nuestra legislación, no es posible alcanzar que mediante un acto de justicia el mismo sea respetado.
Según de Peña Jiménez, el caso retornó a los tribunales, en vista de que la Barrick Gold no cumplió con un acuerdo de pago que hizo con la mediación del entonces ministro de Industria y Comercio, licenciado Ramón Fadul.
De Peña envió una comunicación al presidente Leonel Fernández.
Via: El Nacional
