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La instalación de una cementera en la comunidad de Gonzalo, en Monte Plata, en las proximidades del Parque Nacional de Los Haitises, está resultando más que controversial.
Ha sido evidente que se ha tratado de una disposición de las altas instancias, que han alterado las recomendaciones técnicas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Es decir, está siendo una imposición del poder.
Por la fuerza, el proyecto resultará aun más indignante. Y es probable que no apreciemos ni siquiera aquellos aspectos positivos que el mismo pudiera tener.
La misma forma en que fue anunciado el proyecto lo hace más que sospechoso, como si la primera intención era no dejar establecido claramente de lo que se trataba.
Esa es una reserva valiosísima que no puede estar expuesta a la improvisación y al juego de los intereses particulares, pues se trata de una cuestión estratégica de orden nacional. El Gobierno no parece querer hacerle caso a las protestas y a las voces que se oponen a la construcción de una cementera en esa zona y tendrá que pagar un precio alto por esa actitud de arrogancia.
Hay una evidente complicidad oficial con este proyecto, el que no ha sido satisfactoriamente explicado y ni analizadas sus consecuencias al instalarse donde se ha establecido.
Si hay bondades en el referido proyecto, porqué no hacer partícipe al país y escuchar a quienes se oponen al mismo. Hay prisa, como queriendo establecer de hecho el proyecto.
Hay incluso amenazas, como la que ha denunciado la periodista Consuelo Despradel, quien fuera sacada a punta de pistola por estar en la zona en una charla oponiéndose al proyecto. Así es indignante.
La Iglesia Católica ha sugerido parar hasta hacer una consulta internacional, y nos parece sensato.
