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En La Ciénaga, un municipio de Barahona, donde los hogares pobres superan el 70 por ciento, y más de la tercera parte de la población vive en pobreza extrema, según estadísticas oficiales, una cooperativa de desarrollo dominada mayormente por mujeres acaba de poner en marcha una empresa ecoturística de carácter comunitario que oferta a los visitantes el rostro más verde de la localidad: senderos, cascadas, un restaurante donde se preparan delicias gastronómicas autóctonas, así como mermeladas hechas con sus propias manos. “Verdaderamente de mi siembra”, dice doña María, una de las mujeres encargadas de la preparación del producto.
La iniciativa, denominada Guanaventura, se une a los más de 100 proyectos de turismo sostenible que han surgido a lo largo de todo el país, según una recopilación cedida por Bolívar Troncoso, consultor en ecoturismo y asesor de la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medioambiente del Senado.
Desde que Hato Mayor logró ser declarada como provincia ecoturística en el año 2002, otras tantas provincias han solicitado al Senado ser reconocidas como tales, aunque sólo Barahona, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y El Seybo lo han obtenido.
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En un principio, la declaración por ley como provincia ecoturística les permitiría acceder a unos fondos especiales para el desarrollo de este renglón. Sin embargo, como explica Troncoso, desde que se creara la Secretaría de Economía y Planificación se suspendió la erogación de fondos para estos fines, estableciendo otros mecanismos para su obtención. Ahora se les manda a someter sus proyectos a través de la Secretaría de Turismo. “Nosotros lo hemos hecho, pero sin resultado”, explica Troncoso en relación al Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Hato Mayor, del cual forma parte. La negativa les ha empujado a buscar otras alternativas de financiamiento, mientras se trabaja en la elaboración de proyectos para presentarlos ante organismos internacionales.
En efecto, la mayoría de los proyectos de turismo sostenible que existen en el país se han puesto en marcha gracias a la cooperación extranjera. En el caso de Guanaventura, los fondos fueron gestionados ante la Embajada de Francia a través de la Fundación Taigüey, una organización local que trabaja en distintos proyectos de desarrollo. La Alianza Dominicana para el Turismo Sostenible, una iniciativa de la USAID, apoya alrededor de 19 proyectos de este tipo, entre los que se destaca Cachote, una aldea de apenas 30 familias, ubicada en las montañas de Bahoruco Oriental, donde opera un centro turístico manejado por una microempresa local. En tanto, la formación de clústeres ecoturísticos en lugares como Barahona, Pedernales, Samaná o La Vega, ha permitido unificar los esfuerzos, establecer estrategias de competitividad y diversificar la oferta turística con miras a insertarse en el mercado internacional.
Aunque la estrategia de lograr ser provincia ecoturística no dio los resultados esperados cuando se introdujo por primera vez ante el Senado, Bolívar Troncoso sigue mostrándose optimista. Sus esperanzas se basan en las cifras que maneja. Según el experto, en lugares como Jarabacoa, donde se reciben alrededor de 120 mil visitantes al año, el llamado turismo de aventura genera más de 100 millones de pesos, lo que demuestra que se trata de una opción viable para el país. A su entender, las empresas ecoturísticas generan lo que llama “la democratización del dólar turístico, porque llegan a las comunidades, contrario al modelo del todo incluido del sol y playa”. Sobre el desarrollo de este modelo económico, ponderado por la Organización Mundial del Turismo como una alternativa para luchar contra la pobreza, sobre todo en tiempos de crisis, se extienden otras preocupaciones.
Para Victoria Apolinario, de la Fundación Taigüey, que se confunda “un techo de cana y un par de mulos” con una iniciativa ecoturística puede desvirtuar un modelo de desarrollo a todas vistas más inclusivo y promisorio que el de sol y playa. A su entender, lo que va a distinguir una empresa ecoturística es que sea “respetuoso del medioambiente, de la diversidad cultural, beneficios económicos que queden en la comunidad, y que éstos sean beneficios directos”.
Gabriela Read
Clave Digital
