Nuestras áreas protegidas (AP) no son tales. La falta de una voluntad política para brindarles real protección milita no solo contra los objetivos de su conservación sino también contra el desarrollo turístico sostenible. Puesto que las AP son el mejor recurso que tenemos para diversificar nuestro producto turístico, conviene vislumbrar lo que se necesita para convertirlas en productos turísticos y cómo el turismo podría contribuir a su protección. Esto sería de máxima prioridad si deseáramos lograr los anhelados 10 millones de turistas.
La medida más inmediata debe salir del Ministerio de Economía. Esta consistiría en notificar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del interés oficial en desarrollar un proyecto de uso de las áreas protegidas con fines turísticos. Tal notificación provocaría una misión del BID que discutiría con los ministerios de Ambiente y Turismo los detalles del proyecto. De antemano se especificaría que serían una docena las AP a ser intervenidas y que el monto total de inversión rondaría los US$80 millones.
Se incluirían las que están ya presentando amenazas a la conservación por el volumen de visitación que reciben actualmente (p. ej. los parques nacionales del Este y Los Haitises, los Charcos de Damajagua y el Salto El Limón). Además, se seleccionarían aquellas que podrían recibir volúmenes importantes de visitantes pero no lo hacen por falta de la infraestructura y los servicios necesarios. Ya el BID ha financiado este tipo de proyectos en Costa Rica, México, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile (http:/www.iadb.org/es/temas/turismo/proyectos-turisticos-en-america-latina-y-el-caribe ,3838.html).
Tal iniciativa, por supuesto, no resuelve el problema del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Para ello habría que dotar al Ministerio Ambiente de los recursos necesarios para ejecutar cabalmente el Plan Maestro del SINAP 2010-2030. Pero si el presupuesto del SINAP ronda los RD$250 millones al año y solo se ejecuta un 60% del total, queda claro que la ejecución del Plan está en entredicho. La creación de un Fondo Patrimonial para las AP que el mismo Plan contempla resolvería el problema de la sostenibilidad financiera. Pero si ni siquiera se ejecuta el presupuesto asignado menos se puede esperar que ese Fondo se haga realidad en el mediano plazo.
Al SINAP no se le asignan los recursos necesarios porque no hay una percepción pública de su importancia. A la gente le puede parecer noble y atinado que se quiera conservar los recursos naturales para asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Pero de ahí a que esto tenga el peso político para lograr las asignaciones presupuestarias correspondientes hay una gran distancia. Por eso la declaratoria de la nueva Administración de que el turismo será «la locomotora del desarrollo nacional» ofrece una magnífica oportunidad para cambiar la percepción imperante. El turismo puede así convertirse, ayudando al SINAP a protegerse, en un ente de redención.
Reclamar atención prioritaria para el SINAP debe convertirse ahora en una causa de lucha de la comunidad ambientalista similar a la que propicia el 4% para la educación. Pero el foco de su atención debe ser la relación entre el turismo y la conservación, no solo la conservación. Es necesario que se reforme el Plan Maestro para radiografiar los recursos explotables en todas la AP y un diagnóstico de las AP que tienen potencial de explotación turística. Una vez en posesión de ese análisis entonces se elaboraría un Programa de Turismo y Áreas Protegidas similar al que tiene México (ver http://www. conanp.gob.mx/pdf_publicaciones /Turismopags-individuales.pdf). Su alcance, por supuesto, iría mas allá de lo que pudiese vislumbrarse en el proyecto del BID.
Al tiempo que se preparan el proyecto del BID y el Programa propuestos se debe abordar otra problemática asociada. Se trata del uso turístico de la Isla Catalina y de Bahía de las Águilas con fines turísticos. Lo primero podría representar un filón de recursos para el Fondo Patrimonial mencionado si se destina a un proyecto turístico-inmobiliario de alto lujo (como propuso Jacques Attali). Lo segundo detonaría el turismo en la región más pobre del país, logrando así mayor equidad en la distribución de los beneficios del turismo y desarrollo económico en las regiones más necesitadas. Si el nuevo gobierno puede acometer dos grandes proyectos de desarrollo turístico, estos serían los más adecuados y perentorios para llenar de gloria su gestión.
Para ello el nuevo gobierno podría nombrar un panel de expertos que estudie cada caso y haga las recomendaciones de lugar. Su trabajo cubriría la factibilidad de uso de esos recursos como el diseño de los proyectos a emprenderse. Existen propuestas para Catalina que, de aprobar el Congreso una segregación de la isla del SINAP, no implican ninguna erogación de recursos públicos y, en cambio, proveerían un flujo de ingresos que garantizaría la efectiva vigencia del SINAP.
En el caso de Bahía de las Águilas existe una propuesta de la Academia de Ciencias que concentraría el desarrollo hotelero en Cabo Rojo, aunque permitiendo el uso de la playa de Bahía por parte de los huéspedes. En este caso sí que sería necesario una importante inversión publica que atraiga a los inversionistas a Cabo Rojo y no a Bahía. Con US$100 millones se podría dotar el lugar de las infraestructuras necesarias (ampliación del aeródromo, acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales y emisor marino, red eléctrica, etc.). Lo ideal es que se haga como un proyecto del BID.
Lo que completaría el menú de intervenciones inmediatas sería, finalmente, la ejecución de los planes de manejo y/o los planes de uso público que pudieran existir para las AP más impactadas por el turismo. Por ejemplo, existe un Plan de Uso Público para el Salto El Limón y Los Haitises, pero ese plan no se está aplicando. El Ministerio Ambiente es el encargado en ambas instancias y debe priorizar estos trabajos, asignándole los recursos presupuestarios necesarios, para dar señal de que el desarrollo turístico es ahora prioritario.
Debemos estar conscientes de que la meta de los 10 millones de turistas es lograble pero difícil. Hay que actuar rápido en varios frentes para tener logros al final de la gestión de la presente Administración que pongan en evidencia que hizo un esfuerzo por alcanzar tan ambiciosa meta. Y en la interacción entre el turismo y las AP existe una oportunidad brillante para demostrar que se está consciente de cómo el desarrollo turístico puede constituirse en el pilar de la conservación para beneficio de la generaciones de hoy y mañana.
Toman do las palabras textuales… «Se trata del uso turístico de la Isla Catalina y de Bahía de las Águilas con fines turísticos. Lo primero podría representar un filón de recursos para el Fondo Patrimonial mencionado si se destina a un proyecto turístico-inmobiliario de alto lujo (como propuso Jacques Attali). Lo segundo detonaría el turismo en la región más pobre del país, logrando así mayor equidad en la distribución de los beneficios del turismo y desarrollo económico en las regiones más necesitadas…..»
Todavia existen personas con vision de creer que aqui hay turismo sostenible. Estos impulsos por incentivar a que se habra el turismo, bajo el precepto de que van a ayudar regiones pobres….En cualquier region del pais lo que existe es una explotación de las personas pobres….y contaminacion permanente, y sobre explotacion de los recursos naturales sobre todo el agua subterránea y maritima. Hay que poner politicos en las instituciones del estado que pongan las cosas donde tienen que estar….y que no se vendan por pasadias de fin de semanas gratis de los hoteles, explotadores en especial de los recursos naturales y humanos…..