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El Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU) denunció este jueves presuntas intimidaciones por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) contra los habitantes de Gonzalo que se han manifestado en contra de la construcción de la cementera en los alrededores del Parque Nacional Los Haitises.
Representantes del CEA, en compañía de un militar, entregaron esta semana un documento a la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, en la que pide a los campesinos que en un plazo de 10 días desalojen las tierras que cultivan en Gonzalo.
De acuerdo con la notificación, explicó el MCCU, el CEA alega que los terrenos son aún de su propiedad.
El MCCU sostiene que los campesinos poseen los contratos de arrendamientos del CEA, así como títulos de propiedad emitidos por el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
Por ello, el organismo anunció para el próximo 10 de julio una jornada de protestas en busca de que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, disponga de una investigación a fondo, tras considerar que la acción del CEA es ilegal.
El MCCU mantiene un recurso ante el Tribunal Contencioso y Administrativo contra la licencia otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente al Consorcio Minero Dominicano para la construcción de una cementera en las cercanías de Los Haitises.
De su lado, el Patronato de Apoyo al Ministerio Público (PAMP) condenó la acción del CEA, al recordar que la Ley 821 sobre Organización Judicial y la Ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público limitan las ejecutorias del organismo judicial a la jurisdicción a la cual están asignados, es decir, que un fiscal de la Provincia Santo Domingo no puede disponer medidas en Monte Plata, donde su ubica Gonzalo.
A juicio del PAMP, el fiscal de la provincia Santo Domingo, Félix Manuel Lugo Alcántara, podría recibir sanciones disciplinarias por abuso de autoridad y usurpación de funciones.
“El procurador debe tomar medidas aleccionadoras en este caso, puesto que es evidente que el fiscal actuante se ha prestando en una burda retaliación del CEA contra personas que se han opuesto a la instalación de una cementera en la zona de amortiguamiento de Los Haitises, actuación que contradice la misión del Ministerio Público como representante de los intereses de la sociedad”, expresó el organismo el PAMP.
Sostiene, además, que sólo el procurador de Monte Plata, Virgilio Peralta de la Cruz, o algunos de sus adjuntos, tienen la facultad de ejecutar este tipo de medidas.
Organizaciones que conforman el grupo Ecolucha comenzaron a denunciar esta semana que diversas familias de Gonzalo, han sido amenazadas por el CEA con ser desalojadas en los próximos días.
De acuerdo con el grupo, las notificaciones de desalojo están dirigidas de forma específica a los dirigentes de las actividades en contra de la instalación de la cementera.
