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El presidente Luis Abinader presentó el Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua (2021-2036), que contempla una inversión de 8,500 millones de dólares en 15 años, a razón de 567 millones de dólares anuales con el propósito de garantizar la disponibilidad de ese recurso a las futuras generaciones.
El jefe de Estado indicó que parte de los fondos para las inversiones durante su gobierno ya fueron identificados, mientras que otra parte de los recursos provendrán de préstamos.
El mandatario entregó el documento con la Propuesta Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua 2021-2036 al Consejo Económico y Social (CES), a fin de crear las bases para establecer una política de Estado relacionada con la problemática de agua. Asumió el compromiso de garantizar un suministro universal, seguro y sostenido del agua para el futuro.
La propuesta por parte del sector público se organiza en los siguientes seis ejes estratégicos:
Primero: Gestión integrada e institucional del sector.
Segundo: Adecuada atención a la protección y conservación de las cuencas hidrográficas como espacio para la planificación del recurso.
Tercero: Gestión eficiente, resiliente y sostenida de la oferta y demanda hídrica, considerando los efectos de cambio climático.
Cuarto: Priorización y uso estratégico del recurso en sus diferentes usos.
Quinto: La valoración del agua como un recurso básico e indispensable para la vida.
Sexto: Suministro eficiente en calidad, cantidad y oportunidad adecuados de los servicios de agua potable y saneamiento.
Abinader explicó que su visión sobre el sector del agua lo obliga a asumir el cumplimiento de los mandatos legales y compromisos de país existentes que por mucho tiempo habían quedado postergados, como son la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que consignan el objetivo de garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.
Institucionalidad del sector agua, confusa y dispersa
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, en su calidad de coordinador operativo del Gabinete del Agua, explicó las “Contextualizaciones sobre el sector agua en la República Dominicana”, con miras a mejorar la calidad de vida de la gente, considerando que el problema más grave para poder abordar la problemática del agua es la institucionalidad.
Ceara Hatton dijo que la institucionalidad del sector agua es confusa, dispersa e incompleta. Precisó que hay 18 instituciones que intervienen en el sector agua con diferentes niveles de involucramientos.
El economista e investigador sostuvo que no hay claridad en el rol que juega cada institución y hay confusión entre el órgano rector quien dirige las políticas públicas y el regulador quien aplica las políticas que define el ente rector.
En ese sentido, afirmó que no existe un órgano que articule y regule las políticas hacia el sector, que lo planifique y evalúe de manera integral en todas sus dimensiones. El ministro de Economía adelantó que en parte este problema empieza a ser tratado en el Gabinete de Agua, entidad con asiento en el ministerio, donde se logra una visión global del sector y de las necesidades de inversión.
“Pero hay que dar un paso más allá, hace falta la visión estratégica del corto, mediano y largo plazo, entendiendo que el largo plazo se inicia en el corto plazo”, afirmó.
Ceara Hatton expresó que todo ello tiene que ser planificado y permanentemente evaluado de forma sistémica que tome en cuenta la triple dimensión del agua: es decir, como recurso natural, recurso económico y como derecho.
Asimismo, el presidente del CES, Rafael Toribio, explicó la gestión de ese órgano y el sector agua.
La propuesta de Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua señala que la construcción de la visión del sector a la que aspira el país y la superación de desafíos en materia de recursos hídricos como es la escasez, contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, impactos de la variación climática, ausencia de institucionalidad del sector, débil gestión, marco legal inapropiado y poco conocimiento y desarrollo de tecnologías, demandan de una revisión profunda con todos sus actores claves.
El documento aborda, entre otros temas, los desafíos del sector agua en la República Dominicana, el agua como recurso, asentamientos seguros y gestión de riesgos, servicios de agua potable y saneamiento, almacenamiento y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, sistemas de riego, gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, el marco legal del sector y la inversión en infraestructura.
Responsabilidad compartida
Se reconoce que la adopción y cumplimiento del presente Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua (2021-2036) y el inicio de los trabajos de discusión y dialogo abierto con la sociedad para la suscripción y concreción futura de un Pacto por el Agua es una tarea compleja y especializada que requiere de un esfuerzo sostenido y de largo plazo, y de una responsabilidad compartida entre el sector público, el privado y sociedad civil.
Agrega que el nivel de desarrollo económico y social al que aspira el país requiere del acceso de agua potable y saneamiento en condiciones de cantidad, calidad y oportunidad. Asimismo, de un correcto aprovechamiento de los recursos hídricos que incidan en una producción agrícola rentable, altos niveles de salubridad humana y medioambiental, desarrollo del turismo y de la producción industrial.
El documento, cuyo lema es “Construyendo un País con Seguridad Hídrica para Todos los Dominicanos y Dominicanas”, cita que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida y que el consumo humano. El agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento.
“La discusión y los compromisos que nos proponemos iniciar con la presentación y suscripción de la propuesta de Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua deberá ser resultado de un proceso de diálogo abierto y de construcción colectiva de acuerdos con la sociedad en su conjunto, con el propósito de impulsar la sustentabilidad y seguridad hídrica del agua”, específica el documento.
En el acto participaron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; los ministros de la Presidencia Lisandro Macarrulla, el Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera; de Obras Públicas y Comunicaciones; Deligne Alberto Ascención Burgos, y el director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso.
