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Dos fechas que aparecen en el certificado de título de la parcela 24-A fueron borradas con liquid paper y escritas encima
Documentos judiciales revelan que la compra de la parcela 24-A, ubicada en el parque nacional Cotubanamá, se acordó entre Globalia y Corsario al menos tres años antes de ocurrir. En 1997 Corsario C x A realizó una junta general de accionistas el 28 de febrero y una asamblea general extraordinaria el 10 de junio en las que “se operó la transferencia de la parcela N° 24-A, del Distrito Catastral N° 10/2 del Municipio de Higuey, a favor de la Compañía Globalia República Dominicana”, según indica un documento judicial depositado en el Tribunal Superior de Tierras al que Diario Libre tuvo acceso.
La resolución judicial que tramitó en 2005 el Distrito Catastral 10/2 de Higuey de la citada instancia judicial fue en respuesta a una solicitud legal que presentaron los abogados Jaime J. Roca y José Antonio Columna a favor de su cliente José Michelen Stefan para que la justicia anulara los actos civiles que propiciaron la venta de la parcela, es decir, la junta y la asamblea general de accionistas de Corsario. Aunque Michel Stefan no logró la nulidad de la operación, la resolución del Tribunal Superior de Tierras fue remitida a la Jurisdicción Inmobiliaria y reposa junto a todos los documentos relacionados con la propiedad en la que Globalia esperaba concretar un desarrollo turístico que ha sido paralizado por orden del Gobierno.
La operación de compra se realizó efectivamente en el año 2000, pero los documentos originales que reposan en la Jurisdicción Inmobiliaria presentan una posible adulteración de dos fechas —borradas con liquid paper y escritas encima— que resultan vitales a la hora de definir la historia de lo que se puede o no hacer en ese terreno: el día y mes en que se registró la operación de venta de la parcela y el día y mes en que el presidente de Corsario C x A, Charles Thomas Ogryzlo, otorgó un poder especial para Miguel Garrido Álvarez, quien representó a la compañía durante la venta.
Además, el certificado de título número 2000-530 –copia 022093- que reposa en la Jurisdicción Inmobiliaria y en el que está expresado legalmente el dominio de Globalia sobre la parcela 24-A es distinto a otras dos versiones posteriores con pobres niveles de impresión que circulan bajo los números 022095 y 022096 en las que las fechas aparecen en los documentos ya sin intervenciones.
Si bien es cierto que el mismo asesor ambiental del Poder Ejecutivo, Omar Ramírez, reconoce haber emitido la certificación 02725 el 1 de octubre de 1997 bajo el modelo de “A quien pueda interesar”, donde se especificaba que la parcela 24-A estaba a 300 metros del Parque Nacional, no lo hizo a nombre de ninguna empresa. Asegura que Globalia habría comprado y obtenido el título de la parcela 24-A con una certificación, que según él, fue anulada entre 1998 y 1999, mientras fungía como Director de Parques Nacionales (1996-2000), durante el primer periodo el expresidente Leonel Fernández. Ramírez asegura en una nota de prensa que, luego de investigaciones técnicas, emitió dos notificaciones donde rectifica y confirma que la parcela sí estaba dentro de Parque Nacional.
Según el empresario español Juan José Hidalgo, dueño de Globalia, “los terrenos se compraron de buena fe y al precio de mercado de aquella época, en el año 2000, después de que el entonces presidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, emitiese un decreto autorizando la construcción en esta área. Esto se produjo después de recibir certificación del Director de Parques Nacionales, Omar Ramírez, en el año 1997”, según explicó a través de un comunicado.
El 7 de abril de 1998, la abogada Norca Espalliat Bencosme, en representación del canadiense Charles Thomas Ogryzlo, presidente de la empresa Corsario, C. por A., habría solicitado al entonces Director de Parques, Omar Ramírez, sacar de su propiedad la oficina del Parque Nacional del Este de la parcela 24-A, manifestando la disposición de construir a su costo las oficinas fuera de su propiedad.
Luego de esta solicitud, Ramírez emitió una rectificación el 22 de mayo de 1998. En esta se le comunica a Espalliat Bencosme, en representación de la empresa Corsario, que esa parcela estaba dentro de los límites del Parque Nacional del Este.
En la rectificación se le comunica a Espalliat Bencosme que dicha parcela fue afectada por el Decreto 722 del 4 de abril de 1975, en su artículo 1, literal “U”, donde se declara de utilidad pública y pasa a formar parte del Parque Nacional del Este.
Además le explica que el 16 de septiembre de 1975, fue emitido el Decreto 1311 mediante el cual se crea el Parque Nacional del Este, pasando todos los territorios comprendidos en él, y que habían sido declarados de utilidad pública en el Decreto 722, a ser cubiertos por la ley 67, del 8 de noviembre de 1974, sobre áreas naturales protegidas. Dicha carta recomienda al propietario de la parcela canalizar una solicitud de permuta o compensación conforme lo establece la ley 344, a través de Bienes Nacionales.
Norca Espaillat Bencosme no solo fungía como representante de Corsario, sino que fue la abogada que notario la operación en la que esa empresa vende la parcela 24-A a Globalia.
Dentro y fuera
Cerca de un año después, según un documento enviado a Diario Libre por Ramírez, el 29 de julio de 1999, recibió de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el oficio 0042-99, con el asunto: “Exclusión Parcela 24-A del D.C. No. 10-2 del Municipio de Higüey, provincia La Altagracia”.
El 13 de agosto de 1999 en respuesta al Dr. Abel Rodríguez del Orbe, el entonces Asistente Especial del Poder Ejecutivo, la Dirección de Parques concluye que en ese momento solamente las parcelas No. 22, 23 y una porción de la 18 están fuera de los límites del Parque Nacional del Este, mientras que la 24 nunca fue excluida del ámbito de dicho parque.
En otro documento enviado por Ramírez al Dr. Abel Rodríguez, aclara que la certificación No. 02725 de 1997 fue emitida por él donde explicaba que la parcela 24-A estaba fuera del parque, en base a una información incorrecta suministrada por la Comisión Técnica Forestal en su oficio No. 0087, de fecha 12 de Junio de 1996. Además, aclara que un estudio de Depto. de Inventario de Recursos Naturales de la Sub-secretaría de Estado de Agricultura explica que la referida parcela se encontraba a 300 mts. fuera del parque.
En dicha carta se dice enmendar el error cometido en la certificación No. 02725 con datos reales que ubican a dicha parcela dentro de los límites del Parque Nacional del Este, según la Sección de Cartografía de la Dirección de Parques.
Por último, en la carta considera que la exclusión de las parcelas No. 22, 23 y parte de la 18 del ámbito de parque Nacional del Este, gracias a las influencias de sus dueños en la administración anterior, fue un error. En la parcela 23 actualmente se encuentra el proyecto inmobiliario Cadaqués, cuya primera licencia ambiental fue otorgada el 19 de octubre de 2006 por el entonces Secretario de Medio Ambiente Dr. Max Puig.
El 16 de agosto del 2000 Hipólito Mejía asume como presidente de la República Dominicana. Dos días más tarde, el 18 de agosto se promulga la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), basada en varios Considerandos y en otras leyes existentes relativas a la materia.
Esta ley explicaba que el sistema nacional de áreas protegidas tendrá un carácter transitorio hasta tanto sea presentado, aprobado y puesto en vigencia un proyecto de ley sectorial que actualizará el sistema nacional de áreas protegidas, así como las categorías conforme a las normas internacionales que rigen al respecto, sus límites, y otras consideraciones pertinentes. Hasta que no sea promulgada la ley sectorial de áreas protegidas y biodiversidad no se permitirá ninguna modificación a la misma.
Sin embargo, el 26 de septiembre el Decreto Presidencial 850-00 que excluye la parcela 24-A del Distrito Catastral número 10 segunda, del municipio de Higüey, de las declaratorias de utilidad pública y de parque nacional contenidas respectivamente en los decretos 722 de fecha 4 de abril de 1975 y 1311 de fecha 16 de septiembre del mismo año.
Poco menos de un mes después Globalia compró la parcela 24-A a la empresa Corsario, C. por A. por un monto de 3.69 millones de dólares, según indica el certificado de título oficial.
Pero no fue hasta el 30 de julio de 2004 que fue promulgada la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, que oficializaba la separación del Área de Recreo Guaraguao-Punta Catuano del entonces Parque Nacional del Este, hoy Cotubanamá.
Omar Ramírez en su nota de prensa concluye: “Globalia, de Juan José Hidalgo, debe averiguar quién le vendió el terreno, que tal vez no le ofreció todas las informaciones, y desvincularme en mi gestión en la Dirección Nacional de Parques de todo ese proceso de compra-venta de esa parcela”. Añadió que de no ser así, se reserva el derecho de emprender acciones judiciales.
Mientras, Globalia asegura que Juan José Hidalgo nunca habría comprado dichos terrenos de no contar con autorización del Gobierno para construir en ellos, o si hubiese pensado que formaban parte de un área protegida. Desde entonces, el tamaño del proyecto y su impacto medioambiental se han ido reduciendo cada vez más.
Actualmente el proyecto se encuentra detenido por orden del Poder Ejecutivo, mientras una comisión especial estudia el caso.
