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La jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras del Distrito Nacional, Alba Beard Marcos, anunciará este lunes el fallo sobre la nulidad o no de los 1,200 títulos de propiedad emitidos a favor de unos 600 presuntos campesinos en terrenos ubicados en Bahía de las Águilas, Pedernales, durante la gestión de Jaime Rodríguez Pimentel al frente del Instituto Agrario Dominicano (IAD), hace 17 años.
En la última audiencia celebrada el pasado 19 de mayo, los abogados de las partes incluyendo al Estado, presentaron todas las pruebas, peritajes, mediciones de terrenos, acusaciones, replicas, contrarréplicas y conclusiones, tratando cada litigante de demostrar la legitimidad de sus alegatos.
Los títulos, emitidos supuestamente de manera fraudulenta en 1990, serían parte del legajo de pruebas del fraude mediante el cual se pretendió simular un asentamiento agrario-campesino en terrenos costeros, de vocación turística.
El Estado como reclamante, representado por el Ministerio Público, la actual dirección del IAD y el Ministerio de Medio Ambiente, alega haber sido víctima de un fraude sin precedentes en la historia inmobiliaria del país, reclamando la “expulsión o desalojo inmediato” de todos los ocupantes ilegales de las porciones de terreno.
De igual modo se ha pedido la anulación de todos los títulos que fueron devueltos “voluntariamente” por algunos adquirientes que reconocieron que no tenían derechos sobre esas tierras playeras, así como las supuestas transferencias de títulos a herederos y sucesores de algunos presuntos adquiriente que fallecieron a lo largo de los 17 años que lleva el litigio.
En esa audiencia, la abogada designada por la Procuraduría General de la República, Laura Acosta y el abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya, solicitaron al tribunal la nulidad de todos los títulos.
“Ahí no hubo compra de buena fe, porque todo el que compró sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo, porque lo que se estaban robando representa el 1% del territorio nacional, de una franja playera, con vocación turística, y eso no era un secreto para esos supuestos adquirientes”, expresó Acosta.
Mientras que los demandados o supuestos propietarios, representados por una batería de más de 30 abogados, que insisten son “propietarios legítimos” y otros que compraron como “adquirientes de buena fe”, pidieron a la jueza Beard Marcos que rechace dicho pedimento y que en cambio, se reconozca la legitimidad de los documentos.
Lo que pide el Estado
En sus conclusiones finales, los abogados del Estado y los juristas Julio Antonio Ramírez, del IAD, y Ángel Contreras, de Medio Ambiente, solicitaron a la magistrada Beard Marcos la anulación definitiva de todos los títulos y planos, deslindes y subdivisiones derivados de la parcela madre 215-A, motivo del litigio, registrados en el distrito catastral número 3 del municipio de Enriquillo, provincia de Barahona.
También solicitó la anulación de todos los títulos, los deslindes practicados en las parcelas 215-A-82 hasta la 215-A-82, 215-A-003-238 y la 215-A003-253, de esa misma localidad, así tomo todas las parcelas derivadas de la parcela madre, “por haber sido realizadas en violación a la Ley de Registro de Tierras y el Reglamento General de Mesura Catastral”, señaló Casilla Minaya.
De igual modo, pidió la anulación de todas las hipotecas, contratos de arrendamiento, cuotas litis y cualquier otro tipo de contrato, “de cualquier naturaleza”, que se haya registrado en la mencionada parcela, así como cualquier deslinde hecho a las parcelas ya deslindadas.
Además, pidieron al tribunal “ordenar al registrador de títulos de Departamento de Barahona que cancele “cualquier oposición, litis sobre derechos registrados, notas precautorias o afectación de cualquier naturaleza, que ha sido inscrita sobre todas las parcelas referentes al presente proceso”.
“Pedimos al mismo tiempo, que ordenéis a ese mismo Registrador de Títulos, la restitución de los derechos de esas parcelas a favor del Estado, devolviendo con toda su fuerza y vigor jurídico, el certificado de título número 28, expedido a favor del Estado el 22 de marzo del 1954, que reposa en el expediente y que es parte de las tierras indebidamente repartidas”, reclamó Casilla Minaya.
Finalmente, solicitó que además de la anulación de los títulos, que el tribunal “ordene el desalojo inmediato” o la expulsión de cualquier persona física o moral, que sin tener calidad, esté ocupando la parcela 215-A de Bahía de las Águilas.
Procurador confía se hará justicia
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, desde que se inició el proceso, ha sido enfático en señalar que Bahía de las Águilas “es un patrimonio del pueblo dominicano” y por tanto, no permitirá que quede en manos de particulares y será defendida “bajo cualquier circunstancia dentro del marco de la ley”.
“Esperamos una sentencia que favorezca el desarrollo de esa área protegida, una zona de alto potencial para el desarrollo turístico, que solo podrá ser ejecutado cuando estas tierras retornen a su legitimo dueño, que es el Estado”, ha dicho una y otra vez el funcionario judicial.
Tanto Domínguez Brito como la abogada Laura Acosta, quienes manifestaron su confianza en la jueza Beard Marcos, esperan que la decisión sea favorable para el Estado y que esa magistrada, con su decisión, le enviará un mensaje al país de que la impunidad no seguirá arropando el país.
Por: SUANNY REYNOSO
Vía: http://www.7dias.com.do/
