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Por: Silvio Cabrera
El procurador adjunto que en 1997 investigó el caso de Bahía de las Aguilas reveló este miércoles que en los últimos años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) repartió entre sus principales funcionarios la casi totalidad de los terrenos con vocación turística del país, incluyendo playas y parcelas de parques nacionales. El doctor Luis Aybar consideró que esos terrenos del Estado son prácticamente insalvables, en razón de que sobre ellos están construidos los principales hoteles que operan en el país.
Aybar afirmó que en el IAD operó un laboratorio para descubrir terrenos con vocación turística, sin importar que pertenecieran a áreas protegidas o a parques nacionales, como El Jaragua.
“Se hicieron asentamientos de campesinos en playas dizque para trabajos agrícolas. ¿Ustedes se imaginan a un campesino sembrado en la arena?”, manifestó.
Esos terrenos, dijo el exprocurador adjunto, después fueron vendidos a hoteleros en Higüey, Puerto Plata y otros puntos del país, en donde hoy operan los principales hoteles.
“Esto es un desastre de marca mayor”, dijo Aybar, quien en 1998 como procurador adjunto apresó a varias personas, entre ellas al director del IAD de entonces, por alegado fraude.
El procurador
El licenciado Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, dijo que el Gobierno garantizará plenamente la integridad del Parque Nacional Jaragua, en donde se encuentran los terrenos de Bahía de las Águilas.
Expresó que dicho territorio es un patrimonio de la humanidad y que República Dominicana cuida de él, al mismo tiempo de promover el desarrollo turístico de toda la zona sur, lo que se traduce en desarrollo y riquezas para la nación.
En ese sentido aseguró que ese ecosistema será defendido bajo cualquier circunstancia dentro del marco de la ley durante el desarrollo de la zona.
“Hay un compromiso del Gobierno de hacer las cosas bien y pueden estar seguros que se respetará la ley. En el presente caso no se premiará a quien hizo trampa o fraude contra el Estado, por lo que aseguramos que el proceso penal seguirá en los tribunales”.
El procurador general consideró que debe valorarse el esfuerzo que realiza el presidente Danilo Medina y el Gobierno para que los dominicanos que habitan en el Sur profundo puedan tener oportunidad de trabajo y mejor calidad de vida, afirmando que “hasta ahora no hay intención de ningún sector gubernamental de premiar el fraude”.
Vía: El Nacional
