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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguró ayer que junto a la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Bienes Nacionales participó y asumió la defensa del Estado en el caso de Sierra de Bahoruco.
De acuerdo con una explicación de la dirección jurídica, las entidades demandadas por Tomás Rosendo Dantes-Castillo y la empresa DC International, SRL para el pago por expropiación de terrenos en el parque nacional, asumieron la defensa del Estado mediante el depósito de documentos y argumentaciones pese a que en la dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) los jueces dicen que el Estado no presentó escrito de defensa ni argumentos cuando hacen la valoración de las pretensiones.
En relación con la sentencia No. 0030-02-2023-SSEN-00343, emitida por la Primera Sala del TSA, dijo que se celebraron seis audiencias, en las cuales “asumieron la defensa del Estado dominicano, lo que se evidencia en los depósitos de documentos realizados en sustento de sus alegatos, en los incidentes presentados y en el escrito justificativo respecto a las conclusiones presentadas en audiencia”.
Y que respecto al caso conocido por la Tercera Sala, número 0030-04 -2023 -SSEN-00088, fueron celebradas nueve audiencias en las que presentaron “sus conclusiones y depositando escrito justificativo respecto a estas”.
Señaló que en audiencia celebrada en fecha 17 de enero de este 2024 en la Primera Sala del tribunal, el Ministerio invocó la declinatoria del caso por sospecha legítima de la sala en cuestión, pedimento al que se adhirieron la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Bienes Nacionales.
“El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se vio compelido a realizar la referida solicitud atendiendo a la inusitada actitud del tribunal de forzar a las partes demandadas a presentar conclusiones al fondo a pesar de haber advertido el Ministerio de Medio Ambiente en audiencia fundadas irregularidades en la instrucción del proceso, relativas a la depuración del derecho de propiedad”, refirió la dirección jurídica.
Explicó que han pedido a la Suprema Corte de Justicia suspender la ejecución de las sentencias que ordenan pagar RD$1,266 millones a Dantes-Castillo y DC International, de la cual es gerente.
Las sentencias
En las sentencias se hace referencia a que la Procuraduría presentó, en audiencia, dos medios de inadmisión: uno porque el tribunal ordenó la reapertura de los debates después de haber ordenado a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales para que haga una delimitación de esos terrenos, algo que previamente había rechazado.
Y el segundo medio fue debido a que en el informe, Catastro Nacional no identifico si DC Internacional tiene alguna porción de terreno de esos porque la propiedad no está deslindada.
Las tres instituciones en sus conclusiones ante las dos salas del TSA pidieron declarar inadmisibles o rechazar las demandas.
