Acción Verde | El Portal Ambiental de la República Dominicana Todo lo relativo al Medio Ambiente y Recursos Naturales con énfasis Cambio Climático y Areas Protegidas
No es asunto de demostrar firmeza ni autoridad mal concebida.
No es una guerra de caracteres.
Es el interés colectivo, frente al interés particular.
Retirar la autorización de instalar la cementera y el minado en la zona próxima al Parque Nacional de Los Haitises es de sabios.
Insistir en la instalación del proyecto en ese lugar, por encima y a pesar de la oposición demostrada de la mayoría de la sociedad, es una necedad.
Los defensores del Proyecto no han podido demostrar fehacientemente que no se va a causar un daño considerable a la zona y en especial al agua subterránea que en abundancia se almacena y corre bajo la superficie para alimentar el segundo acuífero más importante del país.
Es una exhibición de prepotencia el costosísimo espectáculo radial que se montó el pasado sábado a favor del proyecto, intentando enfrentar con semejante montaje el colosal rechazo al proyecto.
Es improcedente pretender descalificar a los opositores con epítetos que lo único que producen es hundir más en el desprestigio a los promotores del proyecto y sus defensores.
Insistir en que el Proyecto no está dentro del Parque, cosa que nadie discute, es ignorar que ese no es el meollo de la discusión.
De seguir vigente los decretos 81-93 y 233-96 promovidos por el actual Subsecretario de Areas Protegidas y que sirvieron de base al desalojo de los campesinos del Parque, el área del proyecto esstaría dentro del núcleo del Parque o en su zona de amortiguamiento, definida en dichos decretos.
Imputar supuestos planes de conspiración y falsas tramas subversivas es una peligrosa irresponsabilidad.
Si se impone el Proyecto en ese lugar, a pesar de la mayoritaria oposición de la población, junto al daño directo a los recursos ya mencionados, se sienta un peligroso precedente que desatará un infierno sobre el emblemático Parque.
Si por encima de toda racionalidad se impone ese Proyecto en ese lugar, se estaría dictando sentencia de muerte contra el Parque Nacional de Los Haitises.
¿Con qué autoridad se completaría el desalojo de los campesinos que por necesidad cultivan en Los Haitises?
¿Con qué autoridad se podrá mantener fuera del Parque a los miles de campesinos desalojados, a los cuáles en 18 años de desalojo y el asedio permanente nunca se les ha cumplido con la entrega de las tierras prometidas, ni de las compensaciones, condenándolos a la miseria más espantosa?
¿Con qué autoridad se perseguirá a los comerciantes inescrupulosos, que mantienen contingentes de haitianos y dominicanos realizando cultivos ilegales dentro del Parque?
¿Cómo negar nuevas solicitudes de otras cementeras y de otras concesiones mineras en otras zonas aledañas al Parque sin caer en privilegios irritantes?
Es de sabios rectificar.
Basados en el principio precautorio y en atención a las demandas crecientes de la sociedad las autoridades deben retirar los permisos concedidos.
Finalmente, detenidos los trabajos, retirados los permisos, el Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, debería explicar a santo de qué se les concede a los promotores tales privilegios y que motiva al Estado a poner sus instituciones a asumir la defensa de ese proyecto.
El Estado se le supone representante y defensor del interés público.
La Secretaría de Medio Ambiente, en tanto que institución del Estado, es la defensora de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, defensora del interés colectivo sobre el interés particular.
A los promotores les corresponde defender sus proyectos y demostrar con pruebas irrefutables que el mismo es viable y procedente.
A la población, corresponde defender sus recursos naturales y su ambiente, demandar de las autoridades la defensa del interés colectivo y defender el patrimonio natural y territorial de la nación.
Nunca se pueden confundir los roles.
Roberto Sanchez
Clave Digital
