POR DOMINGO ABRÉU COLLADO
Hay una ley que protege todas las cuevas de la República Dominicana, la 64-00, que es la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esa ley recogió los dictámenes de un decreto anterior de 1987 que establecía esa protección.
Pero aparte de esa ley, existen dos decretos relacionados con la protección del farallón que se extiende desde Punta Palenque hasta Higüey: el decreto 381-92, emitido por Joaquín Balaguer, y el decreto 1214-04, emitido por Leonel Fernández. Veamos parte de ambos decretos.
El decreto 381-92 “declara de utilizada pública, las franjas de terrenos a 150 metros de ancho a ambos lados del eje longitudinal de los farallones del llano costero sudoriental, a partir del Monumento a Duarte en la Autopista Las Américas hasta la perpendicular que une el borde este de la Base Aérea de San Isidro con el mar Caribe, de conformidad con las Leyes 344 de julio de 1943 y sus modificaciones; 1849 de diciembre de 1948; y 15 de enero de 1975”. Y ordena dicho decreto que “En caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los propietarios de los inmuebles afectados por la presente disposición, el Administrador de Bienes Nacionales realizará todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con las leyes, para obtener la expropiación de los mismos”.
Por su parte, el decreto 1214-04, emitido por Leonel Fernández, ordena al Consejo Nacional de Asuntos Urbanos –CONAU- la elaboración de un Plan de Manejo para los mismos farallones, ordena también su liberación del uso de particulares y recuerda que “debe prestarse especial atención a la protección de las cavernas, miradores, cursos de agua subterráneos, vegetación remanente y paisajes especiales que se prestan para el uso público y la revalorización ambiental del Municipio Santo Domingo Oriental y asentamientos humanos contiguos”.
En términos generales, estamos hablando de una zona sobre la que se han dictado todos cánones de protección conocidos, estableciendo cada uno de ellos las razones por las que se protegen dichos farallones y sus cavernas.
Sin embargo, la agresión contra estas importantes muestras geológicas y contra las muestras culturales y nichos ecológicos que albergan continúa, por varias razones. La primera de ellas es que aunque tengamos todas las buenas leyes del mundo éstas están escritas en rollos de papel sanitario, y eso es un gran problema a la hora de aplicarlas.
La segunda razón de su agresión es que la ocupación ilegal a sitios de importancia cultural y natural obliga al Estado a construir casas y apartamentos para regalarlos a los ocupantes, salvando momentáneamente el sitio. Es decir, salvándolo hasta que o ocupen otras personas con los mismos propósitos.
La tercera razón es que, como se trata normalmente de gente “del partido”, y normalmente también están representados por algún dirigente “del partido”, la solución que se le busca queda en manos “del partido”. Que conste, que no hablo del partido actualmente en el poder, sino de todos los partidos que lo han ostentado.
Toda la gente que ocupa en estos momentos las cuevas de los farallones saben muy bien que están violando leyes, pero también saben de los beneficios que pueden obtener si se quedan ahí alegando pobreza, “padrefamilismo” y “derechos”.
La cuestión en estos momentos es decidir si se va a aplicar la ley o si vamos a dejar que la miseria espiritual continúe corroyendo la médula de la República, y con ella corroer los elementos que nos han ido formando una historia cultural, sabiendo que parte de ella está en esos farallones que cada día de ahora recibe una nueva agresión.
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