El Parque Nacional Valle Nuevo es un lugar a preservar por encima de cualquier otro interés.
Es un área, también llamada madre de las aguas, vital para las principales cuencas hidrográficas y para el rescate y reforestación de nuestros bosques.
Ahí no hay pero que valga, razón por la que hay que apoyar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su reciente resolución 16/2021 con la que se define esa zona, quizá con un poquito de exageración, como uno de los “mayores desastres ecológicos” que se han producido en el país.
Esta resolución viene a modificar la 14-2016 aplicada por el anterior Gobierno, principalmente durante la gestión de Francisco Domínguez Brito.
Sin entrar a hacer comparaciones ni caer en el juego de que de todo lo anterior poco sirve, nos atrevemos a sugerir que en la aplicación de la nueva resolución prime la armonía, y que en caso de haber desalojos que se excluyan los discursos altisonantes.
Que se apliquen plazos bien definidos y de ser necesario compensaciones, y evitar los ultimátum, las confrontaciones y advertencias.
Satisface que las autoridades anden en esa tesitura y hayan adelantado que se dará espacio para el retiro de cultivos en desarrollo y que no se permitirán nuevas siembras ni cosechas.
Tal vez convenga, para que no se llegue a expulsiones compulsivas, la creación de una comisión de seguimiento compuesta por instituciones relacionadas al tema en la que tengan cabida, si es que existen, asociaciones de campesinos y de posibles desalojados.
Es probable que estemos hablando de más porque el Ministerio de Medio Ambiente informó, al presentar la resolución, de la aplicación de un plan de reubicación y que ofrecerá alternativas legales a través de la coordinación interinstitucional.
Pero no está demás sugerir soluciones prácticas y de fácil y rápida ejecución cuando se amenaza con el plan más “ambicioso, sopesado e integral que se haya concebido en el país en la historia reciente”.