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El presidente de la República, Leonel Fernández, recibió anoche el informe que prepararon los técnicos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en torno a la pertinencia de la instalación de una fábrica de cemento en la comunidad de Gonzalo, ubicada dentro del Parque Nacional Los Haitises.
El informe será entregado hoy a las nueve de la mañana a la opinión pública, tal como lo había prometido el PNUD cuando aceptó hacer la evaluación técnica acerca de lo viable que pueden ser o no las operaciones de la cementera: un día después de entregarlo al Presidente.
Aunque originalmente se previó que el informe sería entregado del 20 al 30 de septiembre pasado, los técnicos decidieron ampliar el plazo a causa de “la complejidad que supone la realización de un enfoque multidisciplinario integrado por cinco agencias y la responsabilidad que implica la revisión y análisis del gran volumen de información suministrada durante el proceso de consultas”, tal como explicaron el día 3 de noviembre a través de un comunicado.
No fue hasta hoy, sin embargo, que la oficina local del PNUD anunció a través de un escueto comunicado que presentará los resultados del informe. «Invitamos a todos los interesados en participar de la presentación del informe de la misión de expertos de las Naciones Unidas que ha evaluado el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental al Consorcio Minero Dominicano para instalar una fábrica de cemento en el Distrito Municipal de Gonzalo, así como la viabilidad y pertinencia de la industria en la zona», afirma el texto firmado por la coordinadora residente de la oficina, Valerie Julliand.
Se espera que en ese informe, tal como dijo en julio pasado la comisión del PNUD que hizo el estudio, se limite a emitir recomendaciones técnicas que evalúen la viabilidad y la pertinencia de la operación de la fábrica de cemento.
Las operaciones de esta fábrica, que fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente, están detenidas a cusa de una orden judicial emitida el 19 de junio por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Nacional, tras acoger un recurso de amparo interpuesto por un grupo de organizaciones ecologistas, comunitarias y de la sociedad civil que aseguran que la cementera se levanta en un área protegida.
La jueza Sarah Enríquez Marín basó su disposición de suspender la obra en que esto evita que se continúe provocando daños al medio ambiente y al sistema hídrico de la zona.
Por: Marien Capitan
Hoy Digital
